El proyecto de reforma de pesticidas de la UE genera debate sobre seguridad alimentaria, comercio y acceso de los agricultores a alternativas.
(Bruselas) Un proyecto de reglamento ómnibus sobre alimentos y piensos, elaborado por la Comisión Europea, ha abierto un importante debate en el sector agroalimentario europeo. La propuesta propone eliminar las actuales aprobaciones con plazos determinados para las sustancias activas de plaguicidas y sustituirlas por autorizaciones indefinidas, excepto en los casos que involucren a los compuestos más peligrosos. Actualmente, las sustancias activas se aprueban por un período de diez a quince años antes de requerir una renovación. Según el proyecto, la mayoría de las renovaciones pasarían a ser indefinidas, a menos que el compuesto se considere “candidato a la sustitución”, se clasifique como peligroso o solo sea necesario temporalmente para abordar amenazas fitosanitarias graves para las que no existan alternativas razonables. En estos casos excepcionales, las aprobaciones podrían limitarse a cinco años.
Para los agricultores de toda la UE, la Comisión presenta este cambio como una medida de simplificación que responde a lagunas persistentes en el sistema regulatorio. Muchos agricultores han seguido teniendo dificultades para la eliminación gradual de productos prohibidos, y la Comisión argumenta que las vías de transición requieren tanto previsibilidad regulatoria como un mejor acceso a alternativas biológicas.
Reciprocidad en el comercio y el principio de “no hay prohibición sin alternativas”
Una característica importante de la propuesta es la intención de la Comisión de evitar que los plaguicidas peligrosos prohibidos vuelvan a entrar en Europa a través de alimentos importados.
El proyecto elimina el concepto de “tolerancia a las importaciones” y enfatiza que las buenas prácticas agrícolas deben aplicarse de manera uniforme a los productores de la UE y a los exportadores de terceros países. Por lo tanto, los límites de residuos establecidos para los agricultores de la UE se extenderían a las importaciones, lo que refleja la tradicional demanda de las agrupaciones agrícolas de reciprocidad en las normas de producción.
El documento alinea este cambio con el enfoque de la UE de “no prohibir sin alternativas”, señalando que ciertas sustancias aún pueden ser autorizadas temporalmente cuando son esenciales para gestionar riesgos graves de enfermedades o plagas y no existen alternativas viables.
Acceso más rápido a los biopesticidas
La Comisión también propone medidas destinadas a acelerar el acceso a los biopesticidas, que el Parlamento Europeo y las organizaciones agrícolas citan con frecuencia como cruciales para reducir la dependencia de los insumos químicos.
El proyecto incluye una definición formal de biopesticidas, un período de evaluación de doce meses y un mecanismo que permite a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) actuar como ponente cuando los Estados miembros carecen de conocimientos especializados.
Para acortar los plazos de espera para los agricultores, se podrían conceder autorizaciones provisionales basadas en evaluaciones preliminares positivas, que posteriormente se convertirían en aprobaciones completas a menos que cambien las condiciones. El texto reduce aún más la complejidad administrativa al tratar a todos los Estados miembros de la UE como una única zona regulatoria.
Las decisiones tardías sobre productos de bajo riesgo o de biocontrol desencadenarían automáticamente el reconocimiento mutuo en todo el bloque. El borrador también aclara que las obligaciones de mantenimiento de registros para los usuarios profesionales no se aplicarían a los productos compuestos únicamente por sustancias de biocontrol.
Preocupaciones de la sociedad civil y grupos científicos
Aunque la Comisión presenta los cambios como un esfuerzo de modernización, varias organizaciones de la sociedad civil y científicas han expresado alarma ante la perspectiva de aprobaciones ilimitadas.
Grupos como PAN Europe argumentan que la renovación periódica suele ser la etapa en la que nuevos hallazgos científicos independientes conducen al endurecimiento de las normas o a la eliminación gradual de sustancias que presentan riesgos inaceptables para la salud o el medio ambiente. Advierten que la eliminación de los plazos podría debilitar los incentivos para reevaluar las sustancias a medida que evoluciona el conocimiento científico.
Otro punto de preocupación se refiere a la capacidad de los Estados miembros para utilizar los estudios independientes más recientes durante las autorizaciones nacionales de plaguicidas. Los críticos afirman que el borrador podría limitar la obligación de revisar los nuevos estudios que surjan tras la aprobación de una sustancia activa, a pesar de una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de abril de 2024 que aclaró la importancia de incorporar la evidencia científica actual en las decisiones nacionales. Algunas organizaciones señalan además la ampliación de los plazos de gracia para la retirada de plaguicidas prohibidos, lo que podría permitir que productos clasificados como disruptores endocrinos, carcinógenos o neurotóxicos sigan disponibles durante varios años tras el anuncio de la prohibición.
Una línea divisoria entre la simplificación y la desregulación
En el centro del debate se encuentra una cuestión más amplia sobre qué constituye la simplificación regulatoria. Quienes apoyan el proyecto argumentan que el sistema actual de la UE es lento, fragmentado y, a menudo, incapaz de seguir el ritmo de la innovación en biocontrol. Afirman que un acceso más rápido a alternativas, definiciones más claras y normas uniformes para las importaciones son esenciales para la competitividad de la agricultura de la UE.
Los opositores argumentan que la propuesta corre el riesgo de debilitar las salvaguardias clave que han definido la gobernanza de los plaguicidas en la UE durante las últimas tres décadas. Destacan que varios plaguicidas altamente tóxicos se eliminaron gradualmente solo tras la aparición de nueva evidencia científica durante los procesos de renovación, y advierten que la aplicación de medidas correctivas similares podría resultar mucho más difícil con las aprobaciones de duración indefinida.
Implicaciones para la agricultura mundial
Para el público internacional, el proyecto de reglamento tiene una relevancia que trasciende las fronteras europeas. Cualquier cambio en las normas de la UE sobre residuos para las importaciones afectará a los exportadores de frutas, verduras, cereales y alimentos procesados. Los países que abastecen a la UE podrían enfrentarse a umbrales de tolerancia más bajos para sustancias prohibidas en Europa, incluso si esos productos siguen siendo legales en sus mercados nacionales.
El impulso de la Comisión para promover los biopesticidas también podría influir en el mercado global, acelerando potencialmente la demanda de productos de bajo riesgo y formulaciones biológicas. Al mismo tiempo, el debate en Europa sobre ciencia, seguridad, equidad comercial y carga regulatoria pone de relieve cómo la gobernanza de los pesticidas está cada vez más vinculada a las cadenas de valor globales, las transiciones climáticamente inteligentes y las expectativas de los consumidores en materia de seguridad alimentaria.
El proyecto de reglamento ómnibus continúa en consulta interna, y se prevé una negociación sustancial antes de tomar una decisión definitiva. Mientras la UE evalúa sus próximos pasos, agricultores, exportadores, investigadores, grupos ambientalistas y socios comerciales estarán atentos, cada uno con diferentes expectativas sobre cómo la dirección regulatoria europea podría transformar los sistemas agrícolas tanto dentro como fuera del bloque.
El Maipo/Agricultura Global
