El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó este viernes la prisión preventiva para Joaquín Lavín León, luego de que fuera formalizado por fraude al Fisco, tráfico de influencias y falsificación de documentos.
La resolución fue adoptada por el juez Daniel Urrutia, quien consideró que la libertad del exparlamentario representa un peligro para el éxito de la investigación y para la seguridad de la sociedad, debido a la gravedad y reiteración de los hechos imputados.
Durante la audiencia, la Fiscalía expuso antecedentes que apuntan a la existencia de una estructura destinada al uso irregular de recursos públicos con fines políticos y personales. Según la investigación, parte del equipo parlamentario contratado por Lavín León habría realizado labores electorales mientras sus remuneraciones eran financiadas por el Congreso.
El Ministerio Público sostuvo además que el exdiputado habría impulsado mecanismos para recopilar y administrar bases de datos de electores mediante plataformas digitales financiadas con recursos fiscales.
Otro de los puntos abordados en la formalización fue la presunta utilización de asesorías inexistentes o ideológicamente falsas, junto con transferencias de dinero entre personas vinculadas al entorno político y personal del exparlamentario.
El tribunal también consideró antecedentes relacionados con la Municipalidad de Maipú durante la administración de Cathy Barriga, esposa de Lavín León. Según la Fiscalía, existirían indicios de intervenciones en contrataciones y adjudicaciones municipales en beneficio de personas cercanas.
En la resolución, el magistrado sostuvo que el caso refleja una estructura organizada para capturar espacios del aparato estatal con fines particulares.
“La corrupción no es un problema de manzanas podridas, sino de huertos capturados”, afirmó el juez durante la audiencia.
La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente valoró la medida cautelar y señaló que el tribunal dio por acreditada la participación de los imputados en maniobras destinadas a desviar recursos públicos.
El tribunal fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación.
El Maipo
