El exdiputado, que permanece en prisión preventiva por una investigación de corrupción, fue formalizado por una nueva causa en la que la Fiscalía indaga el presunto uso y comercialización de datos del padrón electoral obtenidos desde el Servel a través de la plataforma SocialTazk.
El exdiputado Joaquín Lavín León enfrentó este miércoles un nuevo revés judicial luego de ser formalizado por la Fiscalía Metropolitana Oriente en una investigación distinta a la que lo mantiene en prisión preventiva desde mayo. Esta vez, la indagatoria apunta a presuntos delitos electorales relacionados con el uso de información del padrón electoral del Servicio Electoral (Servel) mediante la plataforma SocialTazk.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la aplicación habría sido utilizada para ofrecer acceso a bases de datos electorales a candidatos y otros actores políticos con fines de campaña, situación que es investigada por un eventual uso ilegal de esa información.
La causa no solo involucra a Lavín León. Durante la misma audiencia también fueron formalizadas otras personas vinculadas a la plataforma, entre ellas el exasesor Felipe Vásquez, imputado por fraude al fisco y delitos electorales, además de otros colaboradores investigados por su presunta participación en la obtención y utilización de esos datos.
Se mantiene en prisión preventiva
Esta nueva formalización se suma a la investigación principal que enfrenta el exparlamentario, quien permanece recluido en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber desde el pasado 8 de mayo.
En esa causa, la Fiscalía le imputa delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias, uso de instrumento privado mercantil falso y falsificación de instrumento privado mercantil, hechos que estarían relacionados con su desempeño como diputado y con la gestión municipal de Maipú, encabezada en ese entonces por la exalcaldesa Cathy Barriga.
La prisión preventiva fue confirmada posteriormente por la Corte Suprema, mientras que el tribunal fijó para el 31 de julio la revisión de las medidas cautelares correspondientes a esta nueva arista de la investigación.
El Maipo




