(Ciudad de Panamá) Tras mas de un mes de protestas masivas en Panamá contra una ley del seguro, la Iglesia Católica se brindó como mediadora en la solución de la crisis que signa aquí la semana que hoy concluye.
La víspera otra marcha convocada por la alianza Pueblo Unido por la Vida llegó hasta la inmediaciones de la Asamblea Nacional (parlamento), acosada por unidades antimotines, para exigir la derogación de la norma con reformas al sistema de pensiones.
También repudiaron un memorando de entendimiento suscrito por el Ejecutivo y Estados Unidos que permite el establecimiento de bases militares y la intención de reabrir una mina de cobre en Donoso (Colón) pese a un fallo de la Corte Suprema e Justicia de 2023, que ordenó el cierre de sus operaciones.
El istmo vive un clima de convulsión con huelgas y manifestaciones contra la norma, con enfrentamientos violentos como los de la comunidad indígena de Arimae (Darién) con saldo de decenas de heridos.
Además se mantienen cerradas las vías de acceso a la noroccidental provincia de Bocas del Toro, donde el sector bananero encabeza las protestas.
Los manifestantes han denunciado además la detención de lideres sindicales y originarios, como resultado de amañados procesos judiciales, según denuncias.
Por su parte, el arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, aceptó mediar para intentar acabar con la crisis que asola a la zona bananera del país, derivada de los bloqueos de carreteras por sindicalistas.
Ulloa y el rabino Gustavo Kraselnik, presidente del Comité Interreligioso, entregaron al líder del sindicato bananero, Francisco Smith, una carta del presidente panameño, José Raúl Mulino, que expone su compromiso de tramitar ante el Parlamento una ley sobre la seguridad social para ese sector, una vez que sean levantados todos los bloqueos en ese territorio.
En su conferencia de prensa semanal, al ser cuestionado sobre la posibilidad de que Smith insista en el diálogo nacional sobre la reforma a la seguridad social, el presidente Mulino sostuvo que esa no es una opción viable.
Por su parte, indígenas Wounaan de la localidad de Arimae (provincia de Darién) denunciaron el uso excesivo de la fuerza por parte del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) contra las protestas pacíficas.
Los originarios mostraron en videos en las redes sociales la entrada de agentes que lanzaron gases lacrimógenos, perdigones y quemaron viviendas.
Según autoridades tradicionales como el cacique de Tierra Colectiva Emberá Wounann, Gabriel Minguisamá, el Gobierno, a través de métodos violentos y el uso de la fuerza intenta sofocar los reclamos para que se derogue la norma sobre las pensiones.
El territorio originario fue visitado por una comisión conformada por delegados de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo.
Los activistas constataron denuncias de graves violaciones a los derechos humanos, tras un operativo policial, en el que se habrían utilizado cartuchos y municiones en el territorio colectivo de la comunidad contra las manifestaciones.
Las autoridades que integran la comisión documentaron lesiones graves a miembros de la comunidad y afectaciones directas sobre sus tierras.
Sobre la situación de convulsión social, el abogado Rodrigo de la Cruz señaló que ha estado signada por una respuesta estatal que cruza la línea hacia la represión.
De su parte, el presidente de la junta directiva de la coalición independiente Vamos, Juan Diego Vásquez, cuestionó a la administración por “no llamar a las fuerzas políticas del país ante la crisis”, y criticó su postura de cerrar una eventual discusión para modificar la polémica normativa.
El Maipo/PL
