Por Sebastián Ochoa
Con un mes de crisis institucional, Bolivia todavía apuesta al diálogo para encontrar un camino consensuado. El presidente Rodrigo Paz consiguió el respaldo de los poderes Judicial y Legislativo para terminar con los más de 60 bloqueos en todas las carreteras del país, que provocaron, entre otros temas, el desabastecimiento de productos básicos.
Las organizaciones movilizadas más grandes, la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Campesina Tupak Katari, indicaron que consultarán a sus bases para ir o no a las negociaciones con el Gobierno.
Este 28 de mayo continuaron las negociaciones entre la mayor parte de los sectores involucrados, una de las reuniones liderada por el mandatario sudamericano y la otra por el vicepresidente, Edmand Lara.
Faltaron la COB y Tupak Katari, quienes condicionaron su participación a que se dé de baja a las órdenes de detención a sus dirigentes, el obrero Mario Argollo y el campesino Vicente Salazar, además de otros 18 referentes de varios sectores.
Paz cuenta con una carta imbatible e la mesa de diálogo. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió una sentencia para terminar los bloqueos, porque vulneran los derechos esenciales de la mayoría de la población. La Asamblea Legislativa Plurinacional, por su parte, viabilizó la abrogación de la ley 1341, que limitaba las posibilidades del Gobierno para declarar el estado de excepción.
Pero más allá de los tres poderes, hay un actor determinante: las Fuerzas Armadas y policiales, que se encargarían de ejecutar este hipotético escenario.
Mientras tanto, el Gobierno boliviano se comprometió a no ejecutar las órdenes de aprehensión a los dirigentes si es que se presentaran a dialogar.
Ante ello, Sputnik consultó a analistas que desglosaron este panorama complejo.
🇧🇴 "Hay posibilidad de una solución política": ¿Paz alcanzará un entendimiento con los manifestantes en Bolivia?
— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) May 29, 2026
🛣 Con un mes de crisis institucional, Bolivia todavía apuesta al diálogo para encontrar un camino consensuado. El presidente Rodrigo Paz consiguió el respaldo de los… pic.twitter.com/3749GhL4dJ
Los dos caminos
“Hay dos salidas que están en tensión. La primera es la [modalidad] dialogada, que creo hay una parte del Gobierno que apuesta por ella. La segunda tiene que ver con reprimir de una vez y el uso de la fuerza estatal”, dijo para este medio la analista Susana Bejarano.
La ley 1341, llamada Ley Copa, fue impulsada por la exsenadora Eva Copa, quien era presidenta del Senado en 2019 durante el derrocamiento del entonces presidente Evo Morales (2006-2019). Esta normativa fijó una serie de impedimentos para que el Gobierno pudiera dictar el estado de excepción. Con su abrogación, Paz tiene la posibilidad de ordenar la intervención de los 66 puntos de bloqueo en carreteras de todo el país.
“La movilización social no representa un hecho de conmoción interna, como señala la Constitución Política del Estado. Ahí viene el gran espaldarazo que le hacen las fuerzas políticas a Paz”, expresó la especialista.
Asimismo, Bejarano valoró que se intente encauzar el diálogo, porque “un camino y una hoja de ruta muy violenta decantaría en un proceso que hundiría” la legitimidad de la actual Administración.
Pero “el camino del diálogo está minado porque tenemos una conflictividad que nace de los exvotantes de Paz. Entonces, no es Evo Morales el jefe del conflicto”, refirió la analista y recordó que Paz y otros funcionarios señalaron al político como causante de los cierres viales.
Pero, para esta fecha, las autoridades locales dejaron de lado esta narrativa y se abrieron a tratar de entender a las poblaciones manifestantes.
“Alguien que conoce un poco Bolivia sabe que este conflicto nace en las tierras altas, en el bloque Aymara del país que, en las elecciones nacionales (agosto de 2025), por no ser parte de la pelea masista, terminó apoyando en la primera y en segunda vuelta a Paz, votos de los cuales se jacta hoy el presidente”, aseveró.
Pero “este grupo ha sido relegado. Entonces, [los campesinos] están en un apronte que tiene que ver más con una cuestión económica, porque la economía hoy día está mal”, explicó la experta.
“Este bloque había sido incluido en el poder en los últimos 20 años. Hoy día, las expectativas de la gente no pasan por ser un jefe comunal o un alcalde de un municipio rural, si no ser parte del Estado (…). Las aspiraciones ya no eran solamente que los hijos salieran profesionales, sino que pudieran ser autoridades nacionales, ya no autoridades comunales, porque el Estado no era un ente ajeno como en el pasado. Paz quiso reinstalar el Estado colonial inmediatamente [llegó] en el Gobierno”, advirtió Bejarano.
Una luz desde otros rubros
En diálogo con Sputnik, el analista Carlos Saavedra consideró que esta semana fueron “días importantes, porque se ha abierto una solución política. Hay dos formas de cerrar el conflicto: una evidentemente mucho más traumática, que es una salida de medición de fuerzas entre el aparato coercitivo del estado a través del estado de sitio, aunque en muchos lugares va a haber enfrentamiento”.
“Hay una mesa de diálogo. Hay la posibilidad de una solución política y no bélica. Creo que estamos en horas en que la política puede salvar una confrontación, que podría ser muy dura, muy compleja. Esa opción va a partir al país por mucho tiempo”, indicó.
Además de la coincidencia entre los tres principales poderes del Estado, “está el respaldo geopolítico internacional de aliados del actual Gobierno. Hay un respaldo Legislativo que no es menor, hay un respaldo del TCP, que al final terminan respaldando a las fuerzas del orden para que actúen”.
Por si fuera poco, “está la presencia del Comando Sur de Estados Unidos en Bolivia, que se ha reunido con el ministro de Defensa. Pero creo que, a pesar de eso, hay una línea al interior del Gobierno que sabe lo complejo que puede ser en el corto y largo plazo tomar este tipo de medidas”, puntualizó el experto.
A pesar del respaldo legal, “si hubiera una decisión total de hacerlo (declarar el estado de excepción), el Gobierno ya lo habría hecho. Pero no [se ejecuta] porque también hay una lectura política de las implicancias que ello acarrearía. Hay actores políticos que quieren empujar a esa situación, de los más polarizados de la derecha y de la izquierda”, declaró Saavedra.
Porque “el cálculo es que haya una confrontación policial, militar, civil, para que finalmente tenga que deponerse el actual Gobierno y llamar a elecciones. Todo el mundo calcula que la votación puede ir a su lado, es el cálculo político. Creo que estamos en esa encrucijada”, sostuvo el analista.
El Maipo/Sputnik
