La Moneda decidió no perseverar en el proyecto constitucional que había presentado en agosto y que incluía nuevas herramientas para enfrentar el crimen organizado. El Ejecutivo apoyará ahora una iniciativa elaborada por senadores de distintos sectores, que será ingresada este miércoles al Congreso.
El Gobierno de José Antonio Kast decidió retirar su reforma constitucional en materia de seguridad y respaldar una nueva propuesta elaborada por un grupo transversal de senadores, en un cambio de rumbo respecto de la iniciativa que el Ejecutivo había presentado originalmente ante el Congreso.
La decisión fue comunicada este martes desde el Senado por el biministro Claudio Alvarado, quien confirmó que La Moneda no continuará con el proyecto que había impulsado durante las últimas semanas.
La nueva propuesta será presentada este miércoles 7 de octubre y fue trabajada por los senadores Pedro Araya (PPD), Arturo Squella (Republicanos), Andrés Longton (RN), Iván Flores (DC) y Karim Bianchi (independiente).
El giro se produce luego de que la iniciativa original del Gobierno enfrentara cuestionamientos durante su tramitación, especialmente por la propuesta de establecer un nuevo estado de excepción para enfrentar determinadas situaciones de seguridad pública.
El Gobierno cambia la fórmula
Desde La Moneda explicaron que el objetivo no es abandonar la agenda de seguridad, sino modificar el camino para conseguir una reforma que pueda reunir respaldo parlamentario.
“Lo importante es que se mantengan los objetivos y que los instrumentos se vayan trabajando en un diálogo abierto, serio y responsable”, sostuvo Alvarado tras la reunión con los parlamentarios.
El biministro agregó que la nueva propuesta recoge parte del trabajo desarrollado durante las últimas semanas en la Comisión de Constitución del Senado y que, a juicio del Ejecutivo, permite avanzar en las herramientas que considera necesarias para enfrentar el crimen organizado.
“Nosotros también, dado ese trabajo y el respeto a los acuerdos, no vamos a perseverar con la reforma que habíamos ingresado en su minuto”, confirmó.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, planteó que el nuevo texto aborda tres materias que son prioritarias para el Ejecutivo: fortalecer las herramientas contra el crimen organizado, avanzar en una mayor segmentación penitenciaria y perfeccionar los estados de excepción constitucional.
¿Qué contempla la nueva propuesta?
Aunque el texto definitivo será ingresado este miércoles, desde el Gobierno señalaron que la iniciativa recoge parte de las discusiones desarrolladas por los senadores durante las últimas semanas.
Entre sus principales ejes se encuentra el fortalecimiento del tratamiento constitucional del crimen organizado, modificaciones al actual Estado de Emergencia y medidas destinadas a separar a la población penal de acuerdo con su nivel de peligrosidad.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, explicó que durante la reunión los parlamentarios expusieron de manera general el contenido de la moción, aunque evitó entrar en detalles debido a que se trata de un proyecto que será formalmente presentado al Congreso este miércoles.
Respecto del Estado de Emergencia, Rabat sostuvo que la nueva propuesta incorporaría elementos destinados a enfrentar directamente el crimen organizado y el terrorismo.
Por su parte, Arrau sostuvo que para el Ejecutivo la discusión no debe centrarse exclusivamente en la autoría del proyecto, sino en conseguir nuevas herramientas para enfrentar el delito.
“Más allá del texto particular de la redacción que hubiese tenido el Gobierno o que presenten los senadores hoy día, lo que nos importa es avanzar para que el Estado de Chile tenga mejores herramientas para combatir esta nueva amenaza que es el crimen organizado”, afirmó.
Del proyecto de Kast a una fórmula transversal
La decisión representa un cambio respecto de la estrategia inicial del Gobierno.
En agosto, el Presidente José Antonio Kast había presentado su reforma constitucional en el marco de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). El proyecto buscaba establecer la seguridad pública como un deber del Estado y contemplaba herramientas para perseguir organizaciones criminales, intervenir territorios y permitir una participación más activa de las Fuerzas Armadas en determinadas tareas de seguridad.
Durante su tramitación, uno de los puntos que generó mayor discusión fue la propuesta de incorporar nuevas herramientas vinculadas a los estados de excepción.
Ahora, el Ejecutivo optó por retirar esa iniciativa y respaldar una alternativa que será impulsada directamente por parlamentarios de distintos sectores políticos.
La nueva fórmula tendrá entre sus firmantes a representantes del PPD, Republicanos, RN, DC e independientes, buscando ampliar la base de apoyo político para avanzar en la reforma.
El proyecto será ingresado este miércoles al Senado, donde comenzará una nueva etapa de discusión parlamentaria.
La definición también ocurre después de que Kast señalara públicamente que estaba disponible para retirar su propuesta si eso permitía alcanzar un acuerdo político más amplio.
Por ahora, el Gobierno mantiene como objetivo central avanzar en una modificación constitucional que entregue mayores herramientas al Estado frente al crimen organizado, pero la iniciativa que buscará concretarlo ya no será la misma que La Moneda presentó originalmente.
El Maipo
