El Gobierno salió este martes en defensa de la jefa de gabinete del presidente José Antonio Kast, Catalina Ugarte, luego de que una investigación periodística cuestionara la obtención de un subsidio habitacional estatal en 2009, pese a que, según el reportaje, habría existido una eventual incompatibilidad con los requisitos exigidos para acceder al beneficio.
Las críticas surgieron tras una publicación de Fast Check, que sostuvo que Ugarte y tres de sus hermanos recibieron un subsidio de renovación urbana que no podía ser adjudicado a personas que poseyeran bienes raíces directa o indirectamente a través de sus grupos familiares.
Frente a estos antecedentes, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, aseguró que la entrega del beneficio se realizó conforme a la normativa vigente de la época.
“La información que nosotros tenemos es que el subsidio, que hace 20 años durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se entregó a la hoy jefa de gabinete del Presidente de la República, está con todos los requisitos legales cumplidos”, afirmó la autoridad.
Ejecutivo asegura que se cumplieron los requisitos
En la misma línea, el ministro del Interior y vocero subrogante de Gobierno, Claudio Alvarado, señaló que se trató de un subsidio de renovación urbana y no de un beneficio focalizado en sectores vulnerables.
“Había subsidios que estaban disponibles de renovación urbana, que no dicen relación con focalización de carácter social”, explicó.
Asimismo, detalló que para acceder al beneficio era necesario cumplir con dos condiciones principales: no tener propiedades inscritas previamente a nombre del postulante y acreditar un ahorro previo.
“Se cumplieron ambos requisitos, por lo tanto, está todo dentro del marco de la ley”, sostuvo.
Oposición anuncia acciones ante organismos fiscalizadores
La investigación también indicó que Ugarte mantenía participación en una inmobiliaria familiar propietaria de numerosos terrenos en la Región Metropolitana y que la vivienda familiar registrada como domicilio correspondía a una propiedad ubicada en la comuna de Las Condes.
Además, el reportaje señaló que los departamentos adquiridos mediante el subsidio continúan siendo de propiedad de Ugarte y sus hermanos.
A raíz de estos antecedentes, parlamentarios del Frente Amplio anunciaron que solicitarán información al Servicio de Impuestos Internos (SII) y remitirán los antecedentes a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público para evaluar posibles responsabilidades.
“El gobierno que prometió ser intachable, que hizo de la persecución al fraude social una bandera y que dedicó años a señalar a los supuestos ‘parásitos del Estado’, hoy enfrenta una acusación gravísima”, afirmó el diputado Gonzalo Winter.
Polémica coincide con tensión política en el Congreso
La controversia se produce en un escenario de alta tensión política, marcado además por la solicitud impulsada por partidos oficialistas para abrir una acusación constitucional contra Nicolás Grau, exministro de Hacienda durante la administración de Gabriel Boric, por presuntas inconsistencias en cálculos fiscales.
El Maipo
