La iniciativa incorpora medidas frente al acoso digital, refuerza el control de las órdenes de alejamiento y amplía las herramientas de monitoreo para proteger a víctimas y sus hijos.
El Gobierno presentó ante la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de ley denominado “Cautelares Reforzadas”, que busca fortalecer las medidas de protección para personas afectadas por violencia intrafamiliar y violencia de género.
La propuesta modifica distintas normas, entre ellas el Código Procesal Penal, con el objetivo de evitar que las víctimas queden sin protección durante la tramitación de sus causas.
El proyecto fue presentado por la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín; la subsecretaria Marcia Raphael; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat.
Protección sin interrupciones entre tribunales
Uno de los cambios busca evitar que una víctima quede sin una medida de protección cuando su causa pasa desde un Juzgado de Familia a un Juzgado de Garantía.
La iniciativa establece reglas para mantener las medidas cautelares durante ese cambio de tribunal. De esta forma, una disputa sobre qué tribunal debe conocer el caso no debería dejar sin efecto el resguardo de la víctima.
El proyecto también propone que los tribunales con más de tres jueces puedan designar a un magistrado para concentrar y dar continuidad a las causas relacionadas con violencia intrafamiliar.
Proyecto incorpora el acoso digital
La propuesta también aborda situaciones de hostigamiento a través de internet y redes sociales.
El proyecto crea una medida cautelar específica para impedir que una persona pueda contactar, intimidar, perseguir o acosar digitalmente a una víctima o a sus hijos.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, destacó que la iniciativa busca responder a una forma de violencia que ha ganado presencia en los últimos años.
“Debemos ponerle coto”, afirmó el secretario de Estado al referirse a las agresiones digitales contra mujeres.
La medida permitiría establecer prohibiciones específicas para el contacto mediante redes sociales y plataformas de mensajería, ampliando las herramientas disponibles para proteger a las víctimas.
Más control sobre las medidas de protección
Otro de los puntos contempla una mayor participación de las direcciones de seguridad municipal en la fiscalización de las medidas dictadas por los tribunales.
La iniciativa también modifica las condiciones para acceder al monitoreo telemático, permitiendo solicitar tobilleras electrónicas sin que sea necesario esperar a una formalización.
Además, el proyecto contempla sanciones para quienes destruyan de manera intencional estos dispositivos. En esos casos, se informaría a Gendarmería para adoptar las medidas correspondientes.
Incumplimiento podría influir en la prisión preventiva
El proyecto también busca reforzar las consecuencias frente al incumplimiento reiterado de las órdenes judiciales.
Los tribunales deberán considerar con mayor atención las infracciones repetidas a medidas como las órdenes de alejamiento al momento de analizar una eventual prisión preventiva.
La idea es evitar que el incumplimiento de estas resoluciones quede sin consecuencias cuando existe una conducta reiterada por parte del agresor.
La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, sostuvo que el proyecto busca aumentar las consecuencias para quienes incumplan las medidas cautelares o destruyan dispositivos de monitoreo.
La propuesta ahora deberá iniciar su discusión en el Congreso, donde sus distintas medidas serán analizadas durante la tramitación legislativa.
El Maipo
