El listado de 99 territorios en consulta pública desde septiembre ha desatado el rechazo transversal de organizaciones ambientales y amenazas legales de gremios empresariales
El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) se encuentra en el centro de una controversia después de publicar el listado de sitios prioritarios que se somete a consulta pública desde el 3 de septiembre. La propuesta, que reconoce 99 territorios a nivel nacional, representa una reducción de 1,7 millones de hectáreas con respecto a las áreas identificadas en la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017-2030.
La reducción ha generado una ola de críticas tanto desde el sector ambiental como empresarial. Mientras más de 200 organizaciones no gubernamentales denuncian la exclusión de áreas sensibles, los gremios empresariales, encabezados por el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, expresan su malestar desde la vereda contraria, al señalar que más de 300 instalaciones mineras se podrían ver afectadas con la actual definición de sitios prioritarios.
Exclusión masiva de sitios prioritarios
Según el comunicado entregado por la Alianza por la Naturaleza y firmado por ONG’s, fundaciones y comunidades indígenas, el listado actual deja fuera del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) al 70% de los sitios prioritarios reconocidos previamente por las Estrategias Regionales de Biodiversidad (ERB) y la Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB). Esto significa que 231 áreas quedarían sin la protección que habían sido identificadas como necesaria.
Las organizaciones ambientales cuestionan severamente el proceso seguido por el MMA. “Los criterios que sustentan la priorización y las exclusiones en la elaboración del listado, supuestamente de carácter científico y técnico, no fueron transparentados ni dispuestos para el acceso público en los respectivos expedientes del proceso para cada macrozona”, afirman en su declaración.
Además, denuncian que los actos del ministerio han sido centralizados, sin incorporar la visión de los gobiernos locales y regionales, a quienes no se informó ni convocó adecuadamente al proceso.
Participación ciudadana sin garantías vinculantes
Otro punto de conflicto es la naturaleza del proceso de participación ciudadana. Aunque la consulta es abierta al público, las organizaciones señalan que carece de carácter vinculante y no garantiza respuesta formal ni la incorporación de las observaciones presentadas por la ciudadanía.
Esta situación genera preocupación sobre la efectividad real de los mecanismos de participación en un tema que afecta directamente a comunidades locales y ecosistemas vulnerables.
Consecuencias de quedar fuera del listado
Las áreas excluidas del listado enfrentarían múltiples consecuencias negativas en términos de protección ambiental. Entre las principales afectaciones se encuentran:
- No ser reconocidas oficialmente por el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas
- Quedar excluidas de la aplicación del artículo 116 de la ley sobre infracciones fuera de áreas protegidas
- No aplicarse el artículo 41 sobre permisos para la alteración física de humedales
- No ser obligatorio el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para proyectos que las afecten
Marco legal: Ley 21.600
El listado en consulta responde al mandato de la Ley 21.600, publicada en septiembre de 2023, que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Esta normativa completó la institucionalidad ambiental iniciada en 2010 con la Reforma 20.417, que había modificado la Ley de Bases del Medio Ambiente (Ley 19.300 de 1994).
La implementación de esta ley busca fortalecer la protección de la biodiversidad en Chile, pero el proceso de definición de los sitios prioritarios ha evidenciado tensiones entre objetivos de conservación, desarrollo económico y participación ciudadana.
Las organizaciones ambientales exigen al Ministerio del Medio Ambiente mayor transparencia en los criterios técnicos utilizados, ajustes al listado que incorporen las áreas previamente identificadas como prioritarias, y un proceso de consulta ciudadana efectivamente vinculante que garantice la incorporación de las observaciones de las comunidades locales y expertos.
El Maipo
