La revisión iniciada por el Ministerio del Medio Ambiente tras el cambio de administración mantiene en suspenso normas sobre biodiversidad, áreas protegidas y regulación ambiental. Entre los instrumentos pendientes figura la declaración del pingüino de Humboldt como monumento natural, mientras la cartera aún no fija fechas para reingresar los decretos.
A más de siete meses del inicio del gobierno de José Antonio Kast, el Ministerio del Medio Ambiente todavía no ha reingresado a la Contraloría General de la República la mayor parte de los decretos ambientales que retiró en marzo para su revisión. De los 43 instrumentos retirados, 34 siguen en manos de la cartera, cinco completaron nuevamente su tramitación, tres continúan bajo evaluación del órgano contralor y de uno no hay información disponible.
Los antecedentes fueron publicados este lunes por Pulso, de La Tercera, y muestran que solo una parte menor de las normas ha retomado su proceso administrativo. El último movimiento informado ocurrió el 27 de julio, cuando el ministerio reingresó dos reglamentos.
La decisión original se formalizó el 16 de marzo, luego de que el subsecretario del Medio Ambiente, José Ignacio Vial, firmara el oficio que solicitó retirar los decretos de la Contraloría. La medida alcanzó iniciativas impulsadas durante la administración de Gabriel Boric y vinculadas a distintas áreas de la política ambiental.
Desde el Ejecutivo se argumentó inicialmente que los instrumentos requerían una revisión técnica y jurídica, entre otras razones porque algunos habían ingresado a tramitación durante los últimos días del gobierno anterior. Sin embargo, la falta de un calendario para retomar los procedimientos mantiene abiertas las interrogantes sobre cuándo avanzarán las normas pendientes.
Pingüino de Humboldt y áreas protegidas entre los decretos pendientes
Uno de los casos que concentra atención es el decreto que declara monumento natural al pingüino de Humboldt, especie amenazada cuya población enfrenta una fuerte disminución. La medida fue aprobada por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático el 8 de marzo de 2026, antes del cambio de mando.
De acuerdo con el reportaje de Pulso, el ministerio mantiene el instrumento en revisión y no ha establecido una fecha para devolverlo a Contraloría. Entre los argumentos entregados a organizaciones ambientales se encontraría la necesidad de analizar su relación con otras herramientas de conservación, como el Plan de Recuperación, Conservación y Gestión (RECOGE), además de la intención de realizar un nuevo censo nacional de la especie.
La abogada de Greenpeace, Roxana Núñez, cuestionó que esos argumentos justifiquen la demora. Según explicó al medio, las herramientas de protección pueden coexistir y la revisión no debiera impedir avanzar con la declaración.
La controversia tiene especial relevancia para Chile, que alberga una parte mayoritaria de la población mundial de esta especie. Además, una de sus colonias se encuentra en las cercanías de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, en una zona donde también se ha discutido el impacto de proyectos mineros y portuarios, entre ellos Dominga.
Entre los decretos que todavía no han retomado su tramitación también aparecen iniciativas para crear áreas protegidas, como los parques marinos Mar de Juan Fernández II y Nazca Desventuradas II, además de instrumentos vinculados a salares y lagunas salinas que quedaron fuera de la eventual explotación minera contemplada en la Estrategia Nacional del Litio.
La creación de esos parques marinos permitiría ampliar la superficie de la zona económica exclusiva chilena bajo algún régimen de protección. Su avance, por tanto, forma parte de las decisiones pendientes sobre conservación marina y biodiversidad.
Exautoridades cuestionan la demora, pero plantean diferencias sobre los decretos
La exministra del Medio Ambiente Maisa Rojas cuestionó que la cartera mantenga sin reingresar más de 30 decretos, especialmente considerando que el actual gobierno ha planteado la necesidad de contar con un Estado eficiente y capaz de responder oportunamente.
Desde el ámbito de la asesoría ambiental, Robert Padilla, director de la consultora Nasp, sostuvo que cabría esperar que los instrumentos retirados para asegurar su calidad técnica y jurídica regresaran con rapidez a la Contraloría, particularmente aquellos que cuentan con respaldo técnico previo, como algunas normas de emisión.
No obstante, las opiniones recogidas por Pulso no apuntan todas en la misma dirección. El exministro del Medio Ambiente Javier Naranjo, quien integró la segunda administración de Sebastián Piñera, recordó que la regulación ambiental requiere análisis de impactos y la incorporación de distintas perspectivas. A su juicio, cuando esos procedimientos no se realizan adecuadamente, las normas pueden presentar problemas independientemente del gobierno que las impulse.
Por su parte, el exministro Pablo Badenier distinguió entre los decretos relacionados con biodiversidad, que podrían requerir ajustes asociados a la puesta en marcha del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), y aquellos que ya llevan años de elaboración y cuentan con consensos técnicos. También cuestionó el ingreso de instrumentos durante los últimos días de una administración.
Estas diferencias reflejan que el retiro de un decreto para revisión no equivale por sí solo a su eliminación definitiva, pero el tiempo transcurrido y la ausencia de fechas públicas para reanudar la tramitación hacen relevante conocer qué modificaciones se consideran necesarias y cuándo se resolverá cada caso.
El desafío de transparentar el proceso
El Ministerio del Medio Ambiente, encabezado por Francisca Toledo, no respondió oficialmente las consultas de Pulso. Fuentes de la cartera señalaron extraoficialmente que los instrumentos siguen en revisión, aunque sin claridad respecto de cuándo serán reingresados.
La situación abre preguntas sobre los criterios utilizados para revisar los 43 decretos, las eventuales modificaciones que se pretenden introducir y las prioridades que determinarán su regreso a Contraloría.
Mientras no se conozcan esos plazos, seguirán pendientes medidas relacionadas con reglamentos, normas de emisión y protección de ecosistemas. Para las organizaciones ambientales, el punto central es que la revisión administrativa no se prolongue indefinidamente ni termine retrasando decisiones relevantes para la conservación de especies y territorios.
El Maipo
