El Ejecutivo destacó el aumento de las expulsiones y una disminución del 93,3% en las denuncias por ingresos irregulares directamente en la frontera. Sin embargo, los registros corresponden a casos detectados por las autoridades y no permiten establecer por sí solos cuántas personas ingresaron efectivamente al país por pasos no habilitados.
El Gobierno del Presidente José Antonio Kast presentó un nuevo balance de su política migratoria y cifró en 1.874 las expulsiones registradas durante 2026, tras la realización de un nuevo vuelo que trasladó a 56 personas extranjeras hacia Bolivia, Colombia y Ecuador.
El operativo, realizado el sábado 10 de octubre, incluyó 45 expulsiones administrativas y 11 judiciales, según los antecedentes entregados por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum.
La administración destacó estos resultados como parte de su estrategia de control migratorio. No obstante, para dimensionar el alcance de las medidas es necesario distinguir entre las expulsiones ejecutadas, las salidas voluntarias y las denuncias registradas en la frontera, ya que se trata de indicadores diferentes.
Caen las denuncias fronterizas, pero ¿qué muestran las cifras?
Uno de los principales datos expuestos por el Ejecutivo fue la disminución del 93,3% en las denuncias por ingresos irregulares detectados directamente en la frontera. Entre enero y septiembre de 2026 se registraron 301 casos, frente a los 4.515 contabilizados durante el mismo período de 2025.
El Gobierno atribuye esta caída al fortalecimiento de los controles fronterizos y a las medidas de vigilancia implementadas durante su administración. Sin embargo, la cifra debe interpretarse con cautela: las denuncias registradas reflejan los casos detectados por las autoridades, no la totalidad de los cruces irregulares que podrían ocurrir.
Un análisis publicado por BioBioChile el 24 de septiembre advirtió precisamente que la reducción de los ingresos irregulares detectados no permite determinar por sí sola cuánto ha disminuido el fenómeno en su conjunto. En esa oportunidad, el medio también consignó que las cifras oficiales mostraban una tendencia descendente que venía de años anteriores.
Por ello, aunque los registros evidencian una caída importante en las detecciones fronterizas, atribuir todo el resultado a una sola medida requiere antecedentes adicionales que permitan evaluar el peso de las distintas políticas y de los cambios en los flujos migratorios.
Aumentan las fiscalizaciones a personas extranjeras
El balance gubernamental también informó un incremento del 24,7% en los procedimientos de fiscalización migratoria, que pasaron de 1.407 a 1.755 en la comparación interanual presentada por las autoridades.
Asimismo, el número de personas extranjeras fiscalizadas aumentó de 28.085 a 41.171. Estas cifras dan cuenta de una mayor actividad de control, aunque no equivalen por sí mismas a un aumento de las expulsiones ni permiten concluir que todas las personas fiscalizadas se encontraban en situación migratoria irregular.
La distinción es relevante para evaluar los resultados de la política migratoria: fiscalizar, detectar una infracción y concretar una expulsión son etapas distintas de un procedimiento administrativo o judicial.
Más de 10 mil salidas voluntarias
El Ejecutivo informó, además, 10.345 salidas voluntarias efectivas entre el 3 de enero y el 4 de octubre. De ese total, 8.243 correspondieron a ciudadanos venezolanos, equivalentes al 79,7%.
Al sumar estas salidas voluntarias a las expulsiones informadas, el Gobierno contabilizó 12.219 salidas del país durante 2026 mediante ambos mecanismos.
Sin embargo, las categorías no deben confundirse: una salida voluntaria no es una expulsión y, por lo tanto, sumar ambas permite conocer el total de salidas registradas por estas vías, pero no el número de personas expulsadas por decisión administrativa o judicial.
Un balance que requiere indicadores comparables
Las cifras presentadas por el Gobierno permiten dimensionar la cantidad de expulsiones y el aumento de las fiscalizaciones, además de mostrar una caída significativa en las denuncias por ingresos irregulares detectados directamente en la frontera.
Pero una evaluación integral de la política migratoria requiere también datos comparables sobre los ingresos irregulares efectivos, la situación administrativa de las personas fiscalizadas, los procedimientos pendientes y los recursos públicos destinados a ejecutar estas medidas.
En consecuencia, la disminución de las denuncias fronterizas constituye un indicador relevante, pero no basta para establecer por sí sola que el ingreso irregular total haya caído en la misma proporción. Del mismo modo, el número de expulsiones debe analizarse junto con las demás dimensiones de la gestión migratoria y sus resultados verificables.
El desafío para el Ejecutivo no es únicamente exhibir cifras de operativos, sino transparentar información suficiente para que la ciudadanía pueda evaluar el alcance, la eficacia y los costos de su estrategia.
El Maipo
