El Ejecutivo amplió de 15 a 30 días el plazo de discusión por cámara y concentró la máxima prioridad en otros proyectos de su agenda de seguridad.
El Gobierno decidió rebajar la urgencia de su reforma constitucional en materia de seguridad, luego de que la iniciativa encontrara reparos durante su discusión en el Congreso. El Ejecutivo pasó el proyecto desde suma urgencia a urgencia simple, ampliando de 15 a 30 días el plazo disponible para su tramitación en cada cámara.
La decisión forma parte de un reordenamiento de las prioridades legislativas en materia de seguridad, con el que La Moneda busca dar mayor espacio al debate de una propuesta que ha generado cuestionamientos entre parlamentarios, particularmente en el Senado.
Hasta ahora, la reforma se encontraba bajo el régimen de suma urgencia, que establece un plazo de 15 días para que cada cámara se pronuncie. Con el cambio a urgencia simple, ese período se duplica a 30 días.
El ajuste ocurre en medio de las diferencias surgidas en torno a algunos de los contenidos de la reforma, entre ellos la propuesta de establecer un nuevo Estado de Excepción para enfrentar el crimen organizado.
Gobierno prioriza otros proyectos de seguridad
Mientras reduce el ritmo de tramitación de la reforma constitucional, el Ejecutivo decidió acelerar otros proyectos de su agenda de seguridad.
En total, 10 iniciativas fueron renovadas o calificadas con discusión inmediata, mecanismo que establece un plazo de seis días para su despacho.
Entre los proyectos que quedaron dentro de este grupo se encuentran la iniciativa antiencapuchados y el denominado proyecto antibarricadas 2.0, dos de las propuestas que el Gobierno busca sacar adelante con mayor rapidez.
El reordenamiento muestra así un cambio en la estrategia legislativa del Ejecutivo: mientras la reforma constitucional tendrá un debate más extenso, otras iniciativas relacionadas con el control del orden público pasan a ocupar el primer lugar de las prioridades.
RUF e infraestructura crítica siguen con suma urgencia
Un tercer grupo está compuesto por 10 proyectos que mantienen suma urgencia, con un plazo de 15 días para su discusión.
Entre ellos se encuentran iniciativas vinculadas a las Reglas para el Uso de la Fuerza (RUF), la protección de la infraestructura crítica y modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
De esta manera, la agenda de seguridad del Gobierno queda distribuida en distintos niveles de urgencia, mientras la reforma constitucional enfrenta un proceso de discusión más prolongado en el Congreso.
El cambio de calificación representa, además, una señal de que la propuesta no cuenta todavía con un respaldo parlamentario suficiente para avanzar al ritmo que inicialmente esperaba el Ejecutivo, por lo que deberá enfrentar nuevas negociaciones antes de continuar su recorrido legislativo.
El Maipo
