El Gobierno anunció que acelerará la tramitación de dos proyectos de ley orientados a fortalecer la protección de Carabineros, en medio de la discusión política que ha generado la aplicación de la Ley Naín-Retamal y las propuestas para modificar parte de su contenido.
La medida fue informada por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien señaló que el Ejecutivo otorgará urgencia legislativa a iniciativas que buscan reforzar las herramientas de protección para los funcionarios policiales.
La decisión se produjo luego de una solicitud realizada por parlamentarios de Renovación Nacional (RN) y se enmarca en el debate sobre las condiciones en que las policías desarrollan sus labores y las garantías legales con las que cuentan para enfrentar situaciones de riesgo.
Proyectos buscan endurecer sanciones y ampliar garantías
Uno de los proyectos contempla aumentar las penas para quienes cometan atentados o agresiones contra funcionarios de Carabineros en el ejercicio de sus funciones.
La segunda iniciativa apunta a extender la figura de la legítima defensa privilegiada a los uniformados que se encuentren fuera de servicio, permitiendo que dicha protección legal también opere cuando los funcionarios actúen como civiles ante situaciones que requieran su intervención.
Al anunciar la medida, Arrau defendió la postura del Ejecutivo respecto del respaldo a las fuerzas policiales y cuestionó las propuestas que buscan modificar aspectos de la actual legislación.
“Mientras algunos buscan derogar aspectos centrales de la Ley Naín-Retamal, nosotros seguimos firmes protegiendo a nuestras policías”, afirmó el ministro.
La autoridad también confirmó que ambos proyectos serán priorizados en la agenda legislativa.
“Este lunes ingresaremos urgencia a dos proyectos clave”, señaló.
Debate político por la Ley Naín-Retamal
El anuncio se produce en medio de la controversia generada por las críticas de sectores oficialistas, particularmente del Partido Comunista, que han planteado revisar algunos elementos de la Ley Naín-Retamal, normativa aprobada para fortalecer la protección jurídica de las policías y endurecer las sanciones por delitos cometidos contra funcionarios policiales.
Desde el Gobierno insistieron en que la seguridad pública seguirá siendo una de las prioridades de la administración y reafirmaron su respaldo a las instituciones encargadas del orden y la seguridad.
“No retrocederemos en proteger a quienes nos cuidan”, concluyó Arrau.
El Maipo
