(Quito) El Frente de Defensa Petrolero de Ecuador denunció hoy un deterioro de Petroecuador y alertó de un posible “desmantelamiento silencioso” de la principal empresa estatal.
Según el Frente, la producción de crudo entre enero y diciembre de 2025 alcanzó 127,4 millones de barriles, un promedio diario de 349 mil 167 barriles, lo que representó una caída del 8,5 por ciento frente al año anterior.
Esta reducción impactó también en las exportaciones de crudo Oriente y Napo, que sumaron 105,6 millones de barriles, un 6,95 por ciento menos que en 2024.
En términos económicos, el Frente -basado en datos oficiales del Informe Estadístico Mensual enero-diciembre de 2025- señaló que las exportaciones del sector generaron mil 588 millones de dólares menos que el año previo.
Eso equivale a una disminución del 20,42 por ciento en los ingresos del Estado por este concepto.
En paralelo, el gremio señaló que la producción nacional de derivados se redujo y, para cubrir la demanda interna, el país importó 74,3 millones de barriles de combustibles, un incremento del 16,8 por ciento interanual, lo que, de acuerdo con el Frente, profundiza la dependencia externa.
El colectivo también cuestionó la fuerte contracción de la inversión pública en el sector, con una ejecución presupuestaria de 485,4 millones de dólares, una caída del 72,97 por ciento respecto a 2024.
También cuestionaron el despido de mil 379 trabajadores lo que implicó una reducción del 13,7 por ciento de la nómina.
Además, la organización planteó cuestionamientos legales sobre contratos suscritos por OCP Ecuador S.A., empresa encargada del Oleoducto de Crudos Pesados, que pasó a manos del Estado el 1 de diciembre de 2024.
En particular, advirtió sobre un contrato de asesoría legal firmado el 27 de julio de 2025 entre OCP y Juan Fernando Mera Saa, esposo de la vicepresidenta ecuatoriana, María José Pinto.
Según el Frente, al haberse concretado la transferencia de OCP al Estado, la empresa debía regirse por las normas aplicables a las entidades públicas, por lo que la firma de contratos bajo la figura de sociedad anónima sería irregular y podría derivar en responsabilidades administrativas y penales para los funcionarios involucrados.
La organización pidió a las autoridades y a la ciudadanía “poner la lupa” sobre la gestión de los recursos energéticos del país y advirtió que, de mantenerse esta tendencia, el daño al patrimonio petrolero podría ser irreversible.
El Maipo/PL
