Relatores especiales advierten que la medida constituye un uso ilegal de la fuerza y un ataque armado según la Carta de Naciones Unidas
Expertos de Naciones Unidas denunciaron este viernes que el bloqueo marítimo parcial impuesto por Estados Unidos a Venezuela violaría normas fundamentales del derecho internacional y podría constituir un acto de agresión armada.
En diciembre de 2024, Washington anunció un “bloqueo de todos los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela” y desplegó una importante fuerza militar en el Caribe, en las proximidades de las costas venezolanas.
Un uso prohibido de la fuerza
“No existe derecho a imponer sanciones unilaterales mediante un bloqueo armado”, afirmaron los expertos en un comunicado. Según su análisis, un bloqueo constituye un uso prohibido de la fuerza militar contra otro país en virtud del artículo 2(4) de la Carta de Naciones Unidas.
“Es un uso tan grave de la fuerza que también está expresamente reconocido como agresión armada ilegal en la Definición de Agresión adoptada por la Asamblea General en 1974”, señalaron los relatores especiales.
Los expertos advirtieron que esta acción equivale a un ataque armado bajo el artículo 51 de la Carta de la ONU, lo que en principio otorgaría al Estado afectado el derecho a la legítima defensa. “El uso ilegal de la fuerza y las amenazas de emplear más fuerza en el mar y en tierra ponen en grave peligro el derecho humano a la vida y otros derechos en Venezuela y la región”, agregaron.
Contexto de tensión y operaciones letales
El bloqueo se produce tras la designación por parte de Estados Unidos, en noviembre de 2024, de elementos del gobierno venezolano, incluido su presidente, como parte de una presunta “organización terrorista extranjera” denominada Cartel de los Soles, una entidad cuya existencia no ha sido comprobada. Washington también ha afirmado que Venezuela ha “robado” bienes estadounidenses y debe devolverlos.
Asimismo, la medida ocurre después de que Estados Unidos realizara asesinatos arbitrarios contra al menos 104 personas presuntamente implicadas en el tráfico de drogas por vía marítima, mediante 28 ataques contra embarcaciones civiles desde principios de septiembre de 2024. Según los informes, ninguna de las personas asesinadas representaba una amenaza inmediata que justificara el uso de fuerza letal.
“Estos asesinatos constituyen violaciones del derecho a la vida. Deben ser investigados y los responsables llevados ante la justicia”, exigieron los expertos, quienes pidieron al Congreso estadounidense que intervenga para evitar nuevos ataques y levantar el bloqueo.
Llamado a la acción internacional
Los relatores expresaron además serias preocupaciones sobre la legalidad de las sanciones impuestas a Venezuela, señalando que podrían ser “ilegales, desproporcionadas y punitivas conforme al derecho internacional” y que habrían socavado gravemente los derechos humanos del pueblo venezolano y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Los expertos instaron a los Estados a adoptar urgentemente todas las medidas posibles para poner fin al bloqueo y a las ejecuciones ilegales, incluso mediante protestas diplomáticas, resoluciones de la Asamblea General y contramedidas pacíficas, así como garantizar que los responsables rindan cuentas ante la justicia.
“La acción colectiva de los Estados es esencial para salvaguardar el derecho internacional”, subrayaron. “El respeto al estado de derecho, la soberanía, la prohibición del uso de la fuerza, la no intervención y la solución pacífica de las controversias son pilares fundamentales para preservar la paz y la estabilidad mundial”.
Los expertos:
• Ben Saul, Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo
• George Katrougalos, Experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo
• Surya Deva, Relator Especial sobre el derecho al desarrollo
• Gina Romero, Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación
Los Relatores Especiales, son expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El Maipo
