Por Cristina Fernández Aguilar
Con una gran biodiversidad marina, el mar de Perú sostiene los distintos tipos de pesca y la seguridad alimentaria de millones de personas. La pesca artesanal, en particular, es un motor vital que genera más de 250 000 empleos a lo largo de toda la cadena productiva y brinda alrededor del 80 % de los productos marinos que consumen los peruanos. Sin embargo, ese mismo mar se enfrenta desde hace décadas a una crisis estructural, ecológica y de seguridad que los candidatos a la presidencia en estas elecciones en Perú no están atendiendo.
A pesar de las urgencias, el sector pesquero y acuícola no está entre las prioridades de quienes aspiran a gobernar el país. Mongabay Latam revisó los planes de gobierno de los candidatos presidenciales que lideran las encuestas (Keiko Fujimori, de Fuerza Popular; Rafael López Aliaga, de Renovación Popular; Carlos Álvarez, de País Para Todos; Jorge Nieto, de Partido del Buen Gobierno; Alfonso López-Chau; Ahora Nación; y Roberto Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú).
En esos planes, la mayoría de las urgencias del sector pesquero y acuícola son omitidas, abordadas superficialmente o, peor aún, las propuestas políticas van en sentido contrario a las recomendaciones técnicas y científicas.
“Hasta el momento ningún candidato o partido político nos ha llamado o invitado para conocer las demandas del sector artesanal. Es lamentable que en los debates los candidatos no mencionen los problemas de la pesca”, comenta Elsa Vega, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal del Perú (Sonapescal), gremio que agrupa a 1700 armadores y 14 000 pescadores artesanales. “Esto nos preocupa porque solo he escuchado en algunos mítines que hablan de barcos chinos, pero no abordan toda la realidad”, agrega.
Elecciones en Perú: las principales propuestas de los candidatos
Keiko Fujimori plantea una reestructuración de la institucionalidad pesquera mediante la reactivación del Ministerio de Pesca (cartera que hasta 2002 lideró las políticas del sector pesquero, pero sus funciones fueron absorbidas por el Ministerio de Producción) y la creación de un Consejo Nacional de Pesca y Acuicultura.
También propone la actualización de la normativa de pesca artesanal y de menor escala, y la formalización de embarcaciones artesanales dando acceso a titularidad, créditos, seguros, tecnología y capacitación. Expertos aseguran que la formalización que propone Fujimori, mediante el programa que denomina “Formalízate Pez”, incentivaría el ingreso de embarcaciones ilegales, agravando la sobreexplotación de los recursos.
La candidata, además, propone crear un mecanismo de compensación económica durante las vedas y fenómenos climáticos como El Niño, e incorporar a los pescadores a la seguridad social y al sistema de pensiones.
Por su parte, Carlos Álvarez reconoce a la pesca artesanal como uno de los sectores clave para la concentración de empleo a nivel nacional, por lo que su objetivo principal es impulsar la productividad y también propone la formalización de esta actividad.
Desde una perspectiva de control estatal, Roberto Sánchez propone que el Estado asuma la gestión directa de mares y puertos, prohibiendo concesiones a inversionistas extranjeros y descentralizando las competencias pesqueras hacia los gobiernos regionales y locales.
Rafael López Aliaga enfoca su plan en dar facilidades a los pescadores y alentar la creación de cadenas de frío (traslado en cámaras frigoríficas) que permitan llevar los recursos marinos a las mesas de los peruanos, además de impulsar la creación de pequeñas y medianas empresas (Pymes) acuícolas que integren transversalmente la costa y la selva. Fujimori también aborda este punto y plantea la modernización integral de los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales (DPA), dotándolos de cadenas de frío, además de fomentar la transformación de la anchoveta para abastecer a comedores populares.
En contraste, Alfonso López-Chau propone transformar el modelo primario exportador mediante la industrialización pesquera y el impulso de un Sistema Portuario Integrado en la costa para articular al país con los mercados globales.
El plan de gobierno de Jorge Nieto destaca por un enfoque ecológico y propone alcanzar la meta de un 30 % de conservación de las zonas costeras y marinas para el año 2030, además de prevenir y eliminar la contaminación marina. También plantea brindar incentivos y desarrollar tecnologías apropiadas y de innovación para pequeños pescadores y productores artesanales mediante laboratorios de innovación e incubadoras de proyectos.
La preocupación ambiental es secundada por López-Chau, quien plantea liderar una “diplomacia oceánica” enfocada en proteger el medio marino frente a la contaminación global, y por Roberto Sánchez, quien incluye en su agenda cumplir de forma específica con metas de adaptación y mitigación frente al cambio climático.
Sin embargo, ninguna de estas propuestas plantea una estrategia de seguridad integral para hacer frente al crimen organizado, piratería y extorsiones. Además, todos ignoran la necesidad de frenar la construcción ilegal de embarcaciones y aplicar el desmontaje de naves ilegales.
Tampoco contemplan la creación de una superintendencia de fiscalización pesquera independiente ni blindar la autonomía presupuestal del Instituto de Mar Peruano —el organismo técnico orientado a la investigación científica de los recursos marinos del país— para establecer cuotas de pesca que garanticen la continuidad de los recursos. No se pronuncian sobre la urgencia de terminar de ejecutar la reclasificación de la flota pesquera en las primeras cinco millas marinas para restringir las destructivas redes de cerco mecanizado.
“Al ser tantos los otros temas que preocupan a los peruanos, la pesca no se instala como prioridad en los planes de gobierno o solo se menciona superficialmente”, explica Alfonso Miranda, ex viceministro de Pesquería y presidente del Comité para el Manejo Sustentable del Calamar Gigante en el Pacífico Sur (CALAMASUR).
La promesa de formalizar embarcaciones ilegales
El dato más alarmante de la actual contienda electoral en materia pesquera es que al menos nueve partidos políticos proponen impulsar procesos de “formalización” para la flota artesanal pesquera, a pesar de que se trata de un proceso que terminó en 2023.
Desde 2015, Perú mantiene prohibida la construcción de nuevas embarcaciones en el país para reducir el esfuerzo pesquero y proteger la sostenibilidad de los recursos marinos. Sin embargo, desde entonces, al menos 5000 embarcaciones se han construido de manera ilegal, según estimaciones del Instituto del Mar del Perú (Imarpe).
El proceso de formalización pesquera de embarcaciones artesanales, conocido como Siforpa II, inició en 2018 con el objetivo de combatir la informalidad en el sector y legalizando únicamente a las embarcaciones que ya existían hasta esa fecha. Este plan, creado originalmente con carácter de urgencia, se extendió por casi cinco años.
Los expertos advierten que reabrir la formalización permitiría que se formalicen embarcaciones construidas ilegalmente, lo que generaría un colapso en especies plenamente explotadas como la pota y perjudicaría económicamente a los pescadores ya formalizados.
Sin embargo, dentro de los partidos que proponen reabrir un proceso de formalización de la pesca artesanal se encuentran dos cuyos candidatos lideran las encuestas y podrían alcanzar el sillón presidencial o varias curules en las cámaras de Diputados y Senadores. Se trata de Carlos Álvarez, quien propone “impulsar la productividad y formalización de la pesca artesanal”, y Keiko Fujimori, que plantea el programa “Formalízate Pez”, acompañado de un programa nacional de renovación y modernización de la flota.
Según expertos y representantes del sector, prometer más formalización en un ecosistema que ya no soporta una mayor presión extractiva pone en riesgo el ecosistema marino y la economía de las familias que dependen de la pesca artesanal.
“Nos demuestra un desconocimiento absoluto y resulta peligrosísimo porque realmente lo que puede generar es sobredimensión de un sector que ya está sobredimensionado”, señala Alfonso Miranda.
Además, los especialistas advierten que las nuevas embarcaciones que se construyeron ilegalmente desde 2015 están todas en el rango superior de tamaño, con lo que en capacidad de bodega la flota pesquera artesanal se ha duplicado.
“El primer tipo de actividad ilegal es que continúe la construcción de embarcaciones ilegales de forma impune. La flota pesquera está sobredimensionada, el crecimiento ha sido tal que la capacidad de la pesca artesanal se ha duplicado. Pensar en rebatir [la norma] lo único que hará es incentivar mayor ilegalidad”, explica Carmen Heck, directora de políticas de Oceana Perú, quien añade que la flota actual ya excede ampliamente la capacidad de recuperación del ecosistema marino.
Varios han sido los intentos por formalizar más embarcaciones a pesar de que el proceso terminó. “Desde 2023, congresistas de distintas bancadas vienen presentando proyectos de ley que buscan ampliar o reabrir este proceso para incluir a embarcaciones que no iniciaron el trámite, que no cumplieron los requisitos básicos o que alteraron su capacidad de bodega”, advierte la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.
Solo entre febrero y marzo de este año los congresistas José Pazo Nunura (Somos Perú), Jorge Marticorena Mendoza (Alianza para el Progreso) y Miguel Ciccia Vásquez (Renovación Popular) presentaron iniciativas para formalizar embarcación que quedaron excluidas del sistema de formalización pesquera artesanal (Siforpa II). Todos estos proyectos fueron aceptados y se encuentran en evaluación dentro de la Comisión de Producción.
“Como Sonapescal hemos venido luchando para que estos proyectos no se aprueben, pero estamos preocupados de que no haya una posición clara desde el Gobierno y que se pretenda formalizar más embarcaciones. Ahora mismo se ha reducido la captura de pota y perico. Si ingresan más embarcaciones sería un colapso, atentaría contra el recurso y contra los precios”, advierte Elsa Vega, cuya organización demanda que el próximo gobierno rechace tajantemente cualquier iniciativa legislativa que promueva nuevos procesos de formalización de la pesca artesanal.
El mar a merced del crimen y la inacción estatal
Mientras los políticos prometen formalizaciones y evaden la crisis de inseguridad y extorsión que azota a los pescadores, en el norte del país, especialmente en Piura y Tumbes, el cobro de cupos y la piratería en el mar son el día a día.
Una investigación de Mongabay Latam da cuenta de cómo el negocio criminal de las extorsiones se ha convertido en un brazo clave en la logística del narcotráfico para controlar las rutas marítimas de contrabando. Al menos 23 pescadores han muerto violentamente en manos de piratas.
“Hay mucha delincuencia, y el peligro no solo está afuera, está en los muelles y es grave. Hasta en Lima, la capital, nos exigen cupos, los piratas asaltan, se llevan la pesca, la blanquean”, dice Elsa Vega.
Pese a ello, entre los planes de gobierno de los seis candidatos que lideran las encuestas encontramos que la única propuesta vinculada a la seguridad es la de Fujimori, quien promete un sistema de “geolocalización, comunicación y botón de pánico”, aunque no aborda el problema de fondo.
Con el objetivo de atender las necesidades de la pesca artesanal y preservación del ecosistema marino, la ONG Oceana preparó 12 propuestas que espera puedan ser tomadas en cuenta por los próximos representantes del Ejecutivo y el Legislativo.
Para luchar contra la ilegalidad y modernizar el sector, la agenda exige cerrar de forma definitiva los procesos de formalización de embarcaciones, crear una Superintendencia de Fiscalización Pesquera independiente y masificar el uso de monitoreo tecnológico. Asimismo, recalca la urgencia de establecer cuotas de pesca transparentes y predecibles, respaldadas por un Imarpe fortalecido y con total autonomía científica y presupuestal.
Por otro lado, propone dotar al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) de competencias reales para fiscalizar y sancionar la actividad pesquera dentro de las Áreas Marinas Protegidas, proteger hábitats críticos de industrias de alto impacto y recuperar bahías contaminadas.
Para resolver la conflictividad crónica del sector, sugiere la creación de un Consejo Nacional de Pesca como espacio de diálogo permanente entre el Estado, pescadores y academia, además de fortalecer la diplomacia peruana en organismos internacionales para proteger recursos transfronterizos. Propuestas con las que coinciden los gremios pesqueros.
“Más que promesas, el país, y sobre todo el sector pesca y acuicultura, necesita un Ministro de la Producción que conozca de verdad el sector, un técnico. Muy pocos ministros se han subido a una embarcación o conocen de cerca los problemas reales. No podemos seguir teniendo gente sin experiencia”, señala Alfonso Miranda.
Seguridad alimentaria y modernización del sector
En materia comercial y alimentaria, algunos planes presidenciales muestran buenas intenciones pero falta de viabilidad. Rafael López Aliaga enfoca su plan en crear extensas cadenas de frío para que el jurel, la anchoveta y el bonito lleguen a la mesa popular de la costa y la selva. Keiko Fujimori también menciona fomentar la transformación de la anchoveta para abastecer a los comedores populares.
No obstante, para Miranda construir plantas de frío es inútil si el Estado no ejerce una verdadera política de compras estatales que asegure que esos productos combatan de facto la desnutrición en el país, en lugar de quedarse en los almacenes esperando exportación.
“Creo que en lo que tienen que trabajar desde el primer día es en la modernización de los desembarcaderos pesqueros artesanales. Se necesita con urgencia crear plantas de procesamiento primario, plantas de almacenamiento, y en esa misma línea asegurar la cadena de frío para abastecer la industria conservera”, señala el ex viceministro de Pesquería.
Mientras tanto, la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal del Perú (Sonapescal) exige con urgencia ordenar las pesquerías artesanales, para lo cual se necesita eliminar los astilleros ilegales y desmontar las embarcaciones construidas ilegalmente e implementar un buen sistema de trazabilidad de la pesca para asegurar que los recursos hayan sido obtenidos de manera legal.
Además, piden que el país tenga una mejor participación en la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS) para conseguir que la actividad realizada por la flota china no afecte los intereses de la pesca artesanal de Perú.
“Necesitamos medidas inmediatas. Mejores oportunidades para todos, mejor flota, acceso a seguro de salud, acceso a programas de educación, oportunidades de préstamos, pero necesitamos promesas que sean efectivas, no queremos más populismo”, señala la dirigente Elsa Vega.
*Imagen principal: flota pesquera en el puerto de Chimbote. Foto: Sebastián Castaneda
El Maipo/Mongabay
