Una exposición abierta hoy hasta el 3 de abril en el Museo de la Memoria recuerda el 50 aniversario de la Vicaría de la Solidaridad, instancia que jugó un papel activo en defender los derechos humanos durante la dictadura en Chile.
Durante 17 años, las puertas del Palacio Arzobispal de Santiago se convirtieron en el último bastión de esperanza para miles de chilenos perseguidos por la dictadura militar. Esta es la historia de cómo la Iglesia Católica enfrentó al poder de Pinochet.
El 11 de septiembre de 1973, Chile cambió para siempre. Mientras los aviones sobrevolaban La Moneda y el presidente Salvador Allende resistía hasta su último aliento, el cardenal Raúl Silva Henríquez ya intuía el dolor que se avecinaba. No se equivocaba. Apenas un mes después, el 9 de octubre, su firma aparecía en un decreto que marcaría la resistencia civil más importante contra la dictadura: la creación del Comité de Cooperación para la Paz en Chile (COPACHI).
La misión era clara pero peligrosa: “atender a los chilenos que, a consecuencia de los últimos acontecimientos políticos, se encuentren en grave necesidad económica o personal”. Detrás de esas palabras formales se escondía una realidad brutal: familias destrozadas, detenidos que desaparecían en la noche, trabajadores despedidos por su militancia política, y un miedo que comenzaba a instalarse en cada rincón del país.
Un refugio ecuménico
Lo que hizo único al Comité fue su carácter ecuménico; católicos, luteranos, metodistas, presbitianos, bautistas, ortodoxos y hasta el Gran Rabino de la Comunidad Israelita de Chile se unieron en una causa común. Era una alianza inédita en un país profundamente católico, pero la urgencia no daba espacio para divisiones religiosas.
Los primeros meses fueron caóticos. Cada día traía nuevas emergencias: personas que necesitaban esconderse, familias buscando a sus seres queridos en comisarías y cuarteles, trabajadores despedidos que no tenían cómo alimentar a sus hijos. El Comité respondió creando departamentos especializados: Jurídico, Laboral, Campesino, Universitario. Nacieron también las organizaciones de familiares, entre ellas la emblemática Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, que caminaría cada jueves frente a La Moneda durante décadas.
Pero el trabajo humanitario tenía un precio. La Junta Militar no tardó en catalogar al Comité como parte del “bando enemigo”. El obispo luterano Helmut Frenz, copresidente de la organización, enfrentó cuestionamientos incluso dentro de su propia iglesia, evidenciando las profundas divisiones que la dictadura había sembrado.
En octubre de 1975, cuando Frenz intentó regresar de un viaje a Alemania, el régimen le prohibió la entrada al país.
La carta de Pinochet
El golpe final llegó el 11 de noviembre de 1975. Una carta firmada por el general Augusto Pinochet exigía al cardenal Silva Henríquez la disolución inmediata del Comité. El mensaje era inequívoco: la dictadura no toleraría más interferencias en su proyecto de “reconstrucción nacional”.
El cardenal, tras consultar con las demás iglesias, aceptó formalmente la exigencia. Pero había un problema para el régimen: sólo la Iglesia Católica era considerada institución de derecho público. Las otras denominaciones, como entidades de derecho privado, eran vulnerables. Varios jefes religiosos eran extranjeros y podían ser expulsados.
De hecho, varios trabajadores del Comité ya estaban detenidos, incluidos cuatro sacerdotes acusados de ayudar a dirigentes del MIR tras un enfrentamiento con la DINA en Malloco: P. Gerald Whelan C.S.C, P. Rafael Maroto, P. Fernando Salas S.J y el P. Patricio Cariola J.
Pero Silva Henríquez no era un hombre que se rendía fácilmente. Si la dictadura quería clausurar el Comité, él crearía algo nuevo, algo que el Estado no pudiera tocar sin enfrentarse directamente a la Iglesia Católica.
Nace la Vicaría
El 1 de enero de 1976, mediante el decreto arzobispal N° 5-76, nace la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago junto a la Academia Humanismo Cristiano.
De esa manera, la Vicaría, ya era formalmente una dependencia de la Iglesia, parte de su estructura pastoral. Si Pinochet quería cerrarla, tendría que enfrentarse abiertamente a la institución católica.
Las puertas del Palacio Arzobispal, en plena Plaza de Armas de Santiago, se abrieron ese día para no cerrarse durante 17 años. Por sus pasillos comenzaron a circular historias de dolor y esperanza. Madres buscando a sus hijos, abogados preparando recursos de amparo, trabajadores cesantes buscando ayuda, campesinos despojados de sus tierras.
“Cristo: trabajamos unidas en la fe y esperando días mejores”, rezaba un cartel de pobladoras de la Población Santa Adriana en un oficio religioso. Esa frase capturaba el espíritu de la Vicaría: una mezcla de fe religiosa y acción concreta, de espiritualidad y compromiso político, aunque el cardenal siempre rechazó que su labor fuera política.
Democratas cristianos, socialistas, comunistas, izquierda cristiana, radicales y miristas unidos
Lo extraordinario de la Vicaría fue su capacidad de unir a personas que, en otras circunstancias, jamás habrían trabajado juntas; democratacristianos, socialistas, radicales, comunistas, miristas e independientes; creyentes y no creyentes; profesionales, religiosos y activistas sociales. Todos convergían bajo un mismo techo y un mismo objetivo: la solidaridad con el necesitado y el perseguido.
Los departamentos se fueron adaptando a las necesidades cambiantes del país. Cuando surgieron organizaciones sindicales campesinas autónomas, el Departamento Campesino culminó su labor. Cuando se creó la Vicaría de la Pastoral Obrera, se suprimió el Departamento de Asesoría Laboral. Pero dos líneas de acción permanecieron constantes: la atención jurídica y el trabajo de promoción y educación solidaria.
Durante sus 17 años de existencia, la Vicaría prestó asistencia jurídica a miles de personas, sin distinción política ni religiosa. Cada caso de violación de derechos humanos era documentado, cada recurso de amparo era presentado, cada familia recibía acompañamiento. El trabajo era meticuloso, profesional, inquebrantable.
“Sólo cumplimos el mandato del evangelio”
El cardenal Silva Henríquez tenía clara su posición: “Al denunciar las violaciones a los Derechos Humanos, al promoverlos y defenderlos, sólo cumplimos con el mandato del evangelio. Otros deberán preocuparse de reconocer si cumplen con ese mandato o no. No estamos criticando a un gobierno, estamos evangelizando”.
Era una estrategia brillante. Al enmarcar su trabajo como una exigencia evangélica, Silva Henríquez blindaba a la Vicaría contra las acusaciones de partidismo político. No era la Iglesia metiéndose en política; era la Iglesia cumpliendo con su misión fundamental de proteger a los más vulnerables.
El financiamiento venía principalmente de Estados Unidos y Europa, con importantes aportes del Consejo Mundial de Iglesias. Era dinero que permitía sostener una estructura que, de otra manera, habría sido imposible mantener.
El cardenal también explicaba el trabajo de la Vicaría como una acción subsidiaria. En un país democrático, los sindicatos, los partidos políticos, las organizaciones sociales habrían asumido estas tareas. Pero la dictadura había suspendido esos derechos, había proscrito esas organizaciones. Alguien tenía que llenar ese vacío hasta que Chile recuperara la democracia.
El final de una era
El 31 de diciembre de 1992, dos años después del retorno a la democracia, la Vicaría de la Solidaridad cerró sus puertas. Su misión subsidiaria había terminado. El país tenía nuevamente instituciones democráticas, organizaciones sociales, partidos políticos.
Pero su legado permanece. Los archivos de la Vicaría, con miles de casos documentados de violaciones a los derechos humanos, se convirtieron en una fuente invaluable para la justicia transicional chilena. Los testimonios recogidos, los recursos presentados, las denuncias formuladas: todo ese material ayudó a reconstruir la verdad de lo ocurrido durante la dictadura.
La Vicaría demostró que era posible resistir desde la solidaridad, que la fe podía ser un motor de transformación social, que católicos y comunistas, creyentes y no creyentes, podían trabajar juntos cuando había un objetivo superior: la dignidad humana.
En aquellos pasillos del Palacio Arzobispal, entre 1976 y 1992, se escribió una de las páginas más luminosas de la historia reciente de Chile. Una historia de esperanza en medio del terror, de luz en medio de la oscuridad, de solidaridad cuando todo parecía perdido.
El Maipo
