Por Victoria H.M.
Estados Unidos se enfrenta a un retroceso ambiental de gran calado tras la reducción del alcance de la Ley de Agua Limpia, un pilar histórico de la protección hídrica del país. La reinterpretación normativa, respaldada por recientes decisiones judiciales y ajustes regulatorios, ha dejado fuera de protección a miles de arroyos, humedales estacionales y zonas inundables que hasta ahora estaban amparados por estándares federales contra la contaminación.
Este cambio, denunciado por organizaciones ambientalistas y expertos en gestión del agua, supone un giro que, según advierten, incrementará los riesgos para la calidad del agua potable y la salud de los ecosistemas.
Durante décadas, la Ley de Agua Limpia permitió regular vertidos industriales y agrícolas en cuerpos de agua que, aunque pequeños o intermitentes, desempeñan un rol esencial en la integridad de las cuencas hidrográficas. Estos arroyos y humedales actúan como filtros naturales, retienen sedimentos, reducen cargas contaminantes y amortiguan inundaciones.
Ley de agua limpia en retroceso: la nueva norma de la EPA deja a miles de arroyos y humedales sin escudo
La revisión de la ley de agua limpia presentada este lunes por la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) de EE.UU. redefine el alcance de la protección federal para arroyos o humedales, muchos de los cuales quedarán fuera de la lista de acuíferos protegidos, lo que ha deparado la protesta de grupos medioambientales.
Estados Unidos se enfrenta a un retroceso ambiental de gran calado tras la reducción del alcance de la Ley de Agua Limpia, un pilar histórico de la protección hídrica del país.
La nueva normativa propuesta hoy (elaborada para acomodar el pronunciamiento de 2023 sobre la ley del Tribunal Supremo, según la EPA) restringe la jurisdicción federal a aquellas aguas con una «conexión superficial continua» con aguas clasificadas como navegables.
Esto implica que humedales y arroyos deben tener contacto directo con una vía navegable y retener agua superficial durante un período determinado cada año para entrar en la clasificación de aguas protegidas por el Gobierno Federal, por lo que muchos de estos cuerpos aislados y estacionales que previamente entraban en esta categoría quedan ahora fuera.
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Grupos ecologistas han protestado la revisión de la ley, argumentando que la propuesta de la EPA «reduce las protecciones para los arroyos y los humedales frente la contaminación y la destrucción, más que en cualquier momento desde la aprobación de la ley (de agua limpia) en 1972«.
Explican en un comunicado publicado hoy que la propuesta «va más allá del dictamen de la Corte Suprema de 2023, que restringió qué cuerpos de agua pueden recibir protecciones federales bajo la ley».
«Esta norma elimina las protecciones para los arroyos que desembocan en los ríos y lagos y que suministran el agua que bebemos. Los humedales que filtran nuestra agua y nos protegen de las inundaciones corren el riesgo de ser arrasados”, indican.
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Aseguran que el cambio legal «afectará la economía de las familias, aumentando los costos del tratamiento del agua y los seguros de las viviendas» y que elevará «el riesgo de niveles elevados de nitratos y cianotoxinas en el agua potable«, por lo que «la crisis que enfrenta la vida silvestre acuática se profundizará y será más difícil encontrar lugares para pescar, navegar y nadar».
Los defensores del debilitamiento de la norma sostienen que la antigua interpretación era demasiado amplia y generaba cargas administrativas innecesarias. Sin embargo, científicos y especialistas en hidrología insisten en que los sistemas acuáticos funcionan de manera interconectada: lo que ocurre en un pequeño afluente termina afectando ríos mayores, acuíferos y, en última instancia, el suministro urbano de agua.
Organizaciones ambientales alertan de que este vaciamiento regulatorio podría favorecer el aumento de vertidos de nutrientes, metales pesados y otros contaminantes, además de acelerar la pérdida de humedales, fundamentales para la biodiversidad y la resiliencia climática. Para muchos, la decisión supone un paso atrás en la protección ambiental y dificulta la capacidad del país para enfrentar desafíos relacionados con el agua. EFE
El Maipo/ECOticias
