La iniciativa endurece las sanciones para quienes no paguen el pasaje y establece nuevas restricciones en el Registro de Pasajeros Infractores, como la prohibición de ingreso a estadios de fútbol y la obtención de pasaportes.
La Comisión de Hacienda del Senado despachó a Sala el proyecto de ley que busca reforzar las medidas contra la evasión en el transporte público, tras una sesión realizada el 27 de enero que contó con la presencia del ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.
La iniciativa establece un mecanismo gradual de sanción: cuando se constate que un pasajero no ha pagado el servicio, se le aplicará una tarifa recargada, superior al valor regular. Si el usuario insiste en no pagar, deberá descender del vehículo y se le cursará una multa.
Nuevas restricciones para infractores
El proyecto incorpora un procedimiento administrativo de cobro que utilizará las herramientas del Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones (CATI). Quienes no regularicen sus multas serán inscritos en el Registro de Pasajeros Infractores (RPI).
Esta inscripción, que actualmente implica la suspensión de licencias de conducir y retención de devoluciones de impuestos, se ampliará con nuevas restricciones: prohibición de ingreso a espectáculos de fútbol profesional, imposibilidad de obtener o renovar el pasaporte, y negación de permisos de residencia.
Sanciones por uso indebido de beneficios
En cuanto al uso fraudulento de tarjetas como la TNE (Tarjeta Nacional Estudiantil) o la TAM (Tarjeta Adulto Mayor), la norma contempla la denuncia ante Juzgados de Policía Local y la retención del instrumento. La suspensión del beneficio solo se aplicará en casos de reincidencia.
Mayor protección para conductores y fiscalizadores
El proyecto endurece las penas por agresiones contra conductores de transporte público e inspectores municipales, con sanciones que podrían alcanzar hasta cinco años de presidio en casos graves. Además, las bases de licitación deberán incluir como requisito la instalación de cabinas de seguridad en los vehículos.
También se incorpora la prohibición del comercio ambulante en instalaciones de Metro y EFE, cuya fiscalización quedará a cargo de Carabineros, inspectores municipales y funcionarios del Servicio de Impuestos Internos.
Entre otras medidas, se prohíbe el ingreso por segunda puerta sin autorización del Ministerio de Transportes, y se implementará autenticación biométrica cuando no sea posible identificar al infractor mediante verificación de datos con el Registro Civil.
El texto, que ya fue analizado por la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, será discutido en una próxima sesión ordinaria de la Sala del Senado.
