(Buenos Aires) El gobierno del presidente argentino, Javier Milei, mantuvo la prohibición al ingreso a la Casa Rosada para los periodistas acreditados ante el Ejecutivo, decisión duramente criticada por la Iglesia católica.
La acción la adoptó el pasado jueves cuando tuvo programada la visita de Peter Thiel, el magnate norteamericano dueño de la empresa Palantir, a la que culpan por suministrar información equivocada de inteligencia artificial a las fuerzas armadas de Estados Unidos que provocó el ataque a una escuela iraní con saldo de casi 170 niñas muertas.
Según la Presidencia, la medida contra los periodistas que cubren las actividades del Gobierno en el Palacio de Balcarce 50 es preventiva. Frente a esta nueva avanzada libertaria la Iglesia emitió un duro comunicado y condenó la violencia contra el periodismo.
En el documento, difundido este lunes, la Conferencia Episcopal argentina repudió la decisión de suspender las acreditaciones de todos los trabajadores de prensa en Casa Rosada luego de una insólita denuncia de la Casa Militar por supuesto espionaje ilegal contra dos trabajadores de TN y remarcó «lo imperativo de erradicar discursos de odio».
El comunicado se publicó luego de la reunión que encabezó el arzobispo de San Juan y presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación Social, monseñor Jorge Lozano, con representantes de periodistas acreditados en Casa de Gobierno.
El texto expresa que en el encuentro los trabajadores de prensa manifestaron la importancia de la labor que realizan «de modo prácticamente ininterrumpido desde 1940», incluidos tres períodos de dictadura.
Además reafirmaron la necesidad de respetar el derecho a trabajar, a la libre expresión y a la información responsable a la sociedad.
A su vez, hicieron especial énfasis en el cuidado de los principios Constitucionales y los valores afectados en estas circunstancias.
Paralelamente, trascendió que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 10 comenzó a analizar el amparo judicial que presentó el diario Ámbito Financiero contra la extorsiva prohibición que adoptó la Presidencia.
Ese medio reclamó ante la justicia que la medida del ejecutivo vulnera derechos constitucionales como la libertad de prensa, el derecho a trabajar y el principio de igualdad ante la ley.
El Maipo/PL
