Diversos sectores políticos y de organizaciones sociales cuestionaron la decisión del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) que inhabilitó la candidatura a diputado del militante del Partido Comunista y ex alcalde de Recoleta Daniel Jadue.
En una resolución dividida de tres votos a dos, el Tricel acogió un recurso presentado por la derecha y suspendió los derechos políticos del exalcalde de Recoleta, lo excluyó del padrón electoral y lo dejó fuera de la carrera por un escaño en la Cámara Baja.
No se están respetando los derechos humanos de Daniel Jadue hoy también, al privarlo de la posibilidad de ser elegido y ejercer el sufragio, advirtió el PCCh en un comunicado.
El exjefe edil cumple arresto domiciliario por supuestos delitos en las negociaciones de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), en un hecho que muchos abogados y analistas consideran como un lawfare, guerra judicial con fines políticos.
Señaló el PCCh que la decisión de inhabilitarlo se adoptó basándose únicamente en un acto administrativo del Ministerio Público, a pesar de que contra Jadue no se ha iniciado un juicio y tampoco ha sido condenado.
“No quieren que sea el pueblo quien decida, prefieren que sean los tribunales los que definan quién puede o no ser candidato”, advirtió la declaración.
Para el actual alcalde de la comuna de Recoleta y militante de la organización, Fares Jadue, esa decisión golpea la democracia y busca limitar la voz del pueblo.
El funcionario lamentó que la misma institución que hace una semana ratificó la legitimidad de la candidatura, ahora la está vetando.
“Que por un acto administrativo, violatorio de todas las normas internacionales obligatorias para el Estado de Chile, se deje fuera de la elección a un ciudadano y se le conculquen sus derechos políticos, no es un problema menor para nadie, al contrario es un lastre para la democracia”.
Así lo escribió en su cuenta de X la abogada y diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz.
Los letrados de la defensa, Ciro Colombara y Aldo Díaz, criticaron el veredicto y denunciaron que establece un precedente grave para el sistema electoral.
“El Ministerio Público, mediante un acto administrativo, como lo es presentar una acusación en contra de cualquier persona, que se presume inocente mientras no haya una condena, decidirá quién puede ser o no candidato”, advirtieron.
El Maipo/PL
