(Buenos Aires) En otra tensa sesión, la Cámara de Diputados de Argentina le dio media sanción a la propuesta de Régimen Penal Juvenil que estipula reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
Luego de su aprobación por 149 votos a favor y 100 en contra, el proyecto ahora pasa a la discusión del Senado, el cual podría tratarlo el 26 de febrero, indicaron fuentes legislativas.
Por primera vez desde la restauración de la democracia en 1983 llega al Congreso el debate sobre la edad de imputabilidad que, si se aprueba en el Senado, se reducirá de 16 a 14 años.
Sobre este polémico tema, Unicef Argentina instó en un comunicado a que el Régimen Penal Juvenil debe estar en línea con los estándares internacionales, incluidos los principios de progresividad y regresividad, y de fundamentarse en los derechos humanos de niñez y adolescencia.
El avance económico social de los menores y adolescentes es la mejor solución para sacarlos de la delincuencia, sugieren expertos. Unicef señala que Argentina, comparada con otros países de la región como México y Brasil, tiene estadísticas por debajo de esos países.
Citó como ejemplo que solo el dos por ciento del total de investigaciones penales iniciadas en 2023 por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, corresponde a adolescentes acusados de cometer un delito, y la mayoría de estos son contra la propiedad.
La propuesta que impulsa el ejecutivo de Javier Milei contempla reformar una ley de la dictadura y tendrá un nuevo régimen especial para los menores, ya que propone desde sanciones ligeras hasta 15 años de cárcel para aquellos delitos graves.
Este anteproyecto no estipula la pena perpetua y establece que los menores tendrán que tener una prisión, es un lugar especial, pero separado, alejado de los adultos criminales.
El régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo abarca un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias de resocialización.
Para delitos con penas menores a tres años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre tres y 10 años vinculadas a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.
El Maipo/PL
