Por Ana Cristina Alvarado
Ecuador ingresa a 2026 con una compleja agenda ambiental que pone a prueba la capacidad del Estado para proteger sus ecosistemas y garantizar los derechos de las comunidades que los defienden. La fusión del Ministerio de Ambiente con el de Energía y Minas ha generado dudas sobre la independencia de la autoridad ambiental, por lo que la sociedad civil se vuelve un actor clave para vigilar el accionar del nuevo Ministerio de Ambiente y Energía.
El combate a la minería ilegal, una de las mayores problemáticas que enfrenta el país, la deforestación y el incremento del crimen en la Costa y el océano requieren de una fuerte presencia del Estado, de acuerdo con los expertos consultados por Mongabay Latam.
Hace falta recuperar las zonas abandonadas con programas de educación, salud, producción, planes de manejo territorial, entre otros, aseguran. Estas acciones sociales deben ser complementadas con mayor control, prevención y sanción de los delitos ambientales que están acorralando a comunidades costeras y amazónicas, principalmente.
El avance de las fronteras mineras y petroleras también ha puesto en alerta a comunidades indígenas y campesinas del país. Para legitimar esos proyectos y evitar conflictos sociales y daños ambientales, especialistas recomiendan fortalecer los estándares de la consulta previa, libre e informada y que la decisión de las poblaciones sea vinculante. Además, plantean transparentar los estudios de impacto ambiental y proponer medidas exigentes para evitar daños ambientales y, de haberlos, reparar y compensar.
Estos son los desafíos ambientales que Ecuador enfrenta en 2026:
1. Fortalecer el marco ambiental
Uno de los mayores desafíos que enfrenta el país radica en el fortalecimiento de la autoridad ambiental tras la fusión del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica con el de Energía y Minas para crear el Ministerio de Ambiente y Energía. “Hay expectativa sobre cómo la autoridad ambiental va a mantener su independencia, sosteniendo enfoques de prevención y precaución, y cómo va a manejar el control y la sanción efectiva de los problemas y delitos ambientales”, dice Luis Suárez, biólogo de la conservación y ex director de Conservación Internacional Ecuador.
Para el especialista, la ciudadanía cumple un rol fundamental. Señala que entre expertos en conservación surgió la idea de crear un observatorio ciudadano ambiental para dar seguimiento al nuevo ministerio y verificar que los procesos de licenciamiento y control sean independientes. Las universidades podrían cumplir un rol importante en el monitoreo y seguimiento de temas ambientales, añade. Sin embargo, todavía no hay nada concreto.
Mientras tanto, Suárez señala la necesidad de que los procesos vinculados a estudios de impacto ambiental sean transparentes y dejen de ser realizados como un mero procedimiento administrativo, sino como una medida que permita tomar decisiones adecuadas sobre la implementación de todo tipo de proyectos que pueden impactar la naturaleza.
Otro desafío para 2026 es la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, lo cual está previsto en la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas, publicada a mediados de 2025. Según la Ley, el Presidente es el encargado de crear el servicio. Este organismo público tendrá facultades de regulación, control y sanción de las áreas protegidas. Además, el Servicio estará dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera.
“Está quedado ese asunto”, dice a Mongabay Latam un guardaparques que prefiere mantenerse en el anonimato. “No creemos que vaya a salir en este Gobierno porque está reduciendo ministerios, eliminando, fusionando. Crear un servicio sería aumentar el gasto público, según lo ve el Gobierno”, añade.
Más allá de la creación del Servicio, está pendiente la aplicación del Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, señala Suárez. El Plan incluye varios elementos, como el manejo efectivo de las áreas, sostenibilidad financiera, monitoreo de la biodiversidad y generación de oportunidades para las poblaciones locales. Así mismo, asegura, hay mucho por hacer en cuanto a la creación de áreas protegidas de gobiernos autónomos, privadas y comunitarias. “Tenemos la esperanza de que el Sistema se vaya completando”, dice.
2. Proteger a los defensores y a los pueblos indígenas
En 2025, la apertura de procesos en Fiscalía y el bloqueo de cuentas bancarias en contra de defensores del ambiente, líderes indígenas y dirigentes de organizaciones que trabajan por la protección de los derechos de la naturaleza se sumó a la Ley de Transparencia social que prohíbe a las fundaciones intervenir en actividades que obstaculicen los proyectos mineros.
Los casos en contra de los defensores no están prosperando, jueces están ordenando el desbloqueo de cuentas bancarias por falta de información que apoye la medida y organizaciones sociales han presentado demandas de inconstitucionalidad por esta y otras leyes. Sin embargo, el contexto genera preocupación nacional e internacional.
“Exhortamos al Gobierno de Ecuador a no avanzar con iniciativas que intensifiquen las restricciones a la sociedad civil y a las personas defensoras de derechos humanos”, dijo en un comunicado la organización Front Line Defenders. Para la organización es “imprescindible” que se deroguen o modifiquen las normas que limitan la labor legítima de los defensores. También instó a “reconocer públicamente el papel positivo y legítimo de quienes los defienden”.
Puntualmente, es necesario fortalecer el rol de los defensores ambientales y aplicar el acuerdo de Escazú –que entre otros, busca proteger a los defensores ambientales–, de acuerdo con Suárez. A pesar de que Ecuador junto a Chile y Saint Kitts y Nevis lideraron la creación del Plan de Acción sobre Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales en la tercera cumbre o III Conferencia de las Partes del Acuerdo, el Ministerio de Ambiente y Energía no respondió sobre los avances en el cumplimiento del plan, que se resumen en el reconocimiento de los defensores y la protección de sus derechos.
“Debería haber un mayor interés respecto de ciertos sectores por reconocer y exigir garantías para nuestra labor”, exige María Espinosa, abogada de la organización Amazon Frontlines y miembro de la Alianza por los Derechos Humanos. La defensora pone en relieve la urgencia de proteger la labor de las guardias indígenas, que ante el crecimiento del narcotráfico y la minería ilegal en la Amazonía, están monitoreando sus territorios para mantenerlos libres de amenazas.
El informe Observaciones sindicales a la implementación del Convenio 169 sobre pueblos indígenas, publicado a mediados de diciembre, también advirtió que hace falta una normativa interna que facilite la cooperación y movilidad de los pueblos transfronterizos, pues se enfrentan a la intrusión constante de actores armados, redes de narcotráfico y actividades extractivas ilegales.
3. Luchar contra la minería ilegal
El control y la sanción a la minería ilegal de oro es un tema fundamental para los expertos consultados por Mongabay Latam. Según datos de la iniciativa MapBiomas, coordinada en Ecuador por la Fundación Ecociencia, del total de la minería detectada en el país hasta 2024, el 71 % se realizaba en la Amazonía, afectando a áreas protegidas, territorios indígenas y ecosistemas con gran biodiversidad y con un rol clave en la mitigación del cambio climático.
“Necesitamos que todos estemos empoderados”, dice Diana Chávez, dirigenta de la organización Kichwa de Pastaza (PAKKIRU, por sus siglas en kichwa). La lideresa cuenta que a lo largo de 2025, la organización trabajó en proveer capacitaciones para las guardias comunitarias en derechos, uso de herramientas geográficas, capacidades físicas, entre otros. “Las guardias son las primeras en activarse para reconocer quiénes no forman parte de los territorios y sacar a la gente que trae actividades como la minería ilegal”, añade.
“Esto llama a varios actores del Estado a colaborar con actores locales y la sociedad civil para identificar dónde están los problemas y tratar de resolverlos de manera jurídica”, sostiene Jorge Villa, especialista de la Fundación Ecociencia para el Proyecto Mapeo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés) de Amazon Conservation. Luego, señala, hace falta el fortalecimiento de las instancias de control, pues “carecen de expertos, equipos adecuados e insumos para ejercer el control”.
Luis Córdova, investigador de Llamas Observatorio Ecuatoriano de Conflictos, explica que para perseguir un crimen es fundamental preguntarse por qué se reproduce socialmente. “Encuentras la tolerancia y el poco control que ejercen instituciones como el Servicio de Rentas Internas, la Unidad de Análisis Financiero y Económico o el Centro de Inteligencia”, dice Córdova.
Para Villa, un tercer elemento tiene que ver con combatir la corrupción y fortalecer la transparencia. En su opinión, uno de los puntos débiles de Ecuador es la aplicación de la normativa, porque si bien existe un marco importante, “no se respetan las leyes, lo que ha hecho que la minería ilegal crezca de manera impresionante”.
Además, los actores irregulares aprovechan los vacíos legales. Por ejemplo, dice, los titulares de derechos mineros pueden otorgar permisos a terceros como operadores y se ha visto que los operadores permiten que otras personas desarrollen minería fuera de la ley. Cuando las autoridades ejercen control, ni los titulares ni los operadores mineros se hacen cargo de las actividades ilegales.
Para combatir la minería ilegal, tiene que haber un esfuerzo “enorme” para mapear la logística de los mineros ilegales, de acuerdo con Córdova. Por ejemplo, señala, es necesario conocer quién o qué grupo económico es el principal importador de excavadoras tipo oruga, una de las principales herramientas de la minería ilegal y con un valor unitario que supera los 70 000 dólares.
Uno de los puntos más importantes es controlar los flujos de dinero que financian las economías ilegales. “No se ha hecho mayor cosa para contrarrestar la exportación de la minería ilegal”, asegura.
4. Consultar, mitigar y reparar
Ecuador arrancará 2026 con una sentencia de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya que obliga al país a pagar 220 millones de dólares a la empresa petrolera Chevrón, antes Texaco. El juzgado determinó que Ecuador negó la justicia a la petrolera y violó el Tratado Bilateral de Inversiones con Estados Unidos.
Chevrón demandó a Ecuador por una sentencia local (Aguinda y otros vs. Chevrón) que obligaba a la compañía a pagar 9500 millones de dólares por la contaminación que dejó en el norte de la Amazonía ecuatoriana, mientras operó como Texaco, entre 1964 y 1992. Ramiro Ortiz, subcoordinador de la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT), dijo en una rueda de prensa del 10 de diciembre de 2025 que la petrolera derramó 16 000 millones de galones de aguas tóxicas y dejó más de 880 piscinas de hidrocarburos que siguen contaminando.
Este caso trae múltiples desafíos al país. Uno de ellos es el fiscal. Juan Carlos Larrea, procurador del Estado, dijo en entrevista con un medio local que el Ministerio de Economía y Finanzas resolverá cómo se realizará el pago. Mientras tanto, la UDAPT presentó un pedido al juzgado de Sucumbíos para que ordene el embargo del crédito de 220 millones.
El proceso no abordó la contaminación ambiental que Texaco dejó en el norte de la Amazonía ecuatoriana. Pueblos campesinos e indígenas siguen enfrentando el desafío de vivir entre hidrocarburos que se desbordan con las constantes lluvias de la zona, contaminando cultivos y potreros de ganado.
En adición a lo anterior, en la actualidad soportan alrededor de 12 derrames de petróleo al mes, de acuerdo con Pablo Fajardo, procurador común de la UDAPT. “Hace falta una política de prevención en las líneas de flujo para evitar derrames y pinchazos [robo de hidrocarburos desde los oleoductos]”, asegura.
La actividad petrolera no ha dejado de crecer en la región y a esto se ha sumado desde hace unos años la entrega de concesiones para la minería metálica en todo el país. El Informe sobre la aplicación del Convenio 169 antes citado señala que el Estado “continúa avanzando con políticas extractivas mediante procedimientos informativos de bajo estándar”.
Para prevenir conflictos ambientales y sociales, Suárez sugiere mejorar los estudios de impacto ambiental mediante dos herramientas: el consentimiento y la jerarquía de la mitigación. Explica que “es fundamental” que la ciudadanía exprese su consentimiento o no consentimiento sobre las actividades extractivas. Además, señala que hay que hacer énfasis en evitar, prevenir y reducir daños; corregir para que los daños sean menores; y reparar y compensar por los daños ambientales y sociales.
La lideresa de PAKKIRU adelanta que su pueblo está diseñando protocolos de consulta previa propios para que los pueblos indígenas sean consultados en sus propios términos y en concordancia con su cosmovisión.
Chávez, además, recuerda que desde la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) se declaró a la Amazonía libre de actividades de combustibles fósiles y minería. El desafío aquí es que Ecuador prepare un plan para cesar la extracción petrolera y minera, señala. “Es increíble cómo el Gobierno realiza compromisos ambientales para la lucha contra el cambio climático, pero en el territorio hay otra realidad, una que muestra una agenda extractiva”, afirma.
5. Detener la deforestación
Las actividades agropecuarias siguen siendo la principal causa de deforestación en Ecuador. Esto genera preocupación no solo por la pérdida de bosques, de acuerdo con Jorge Villa, sino también porque una ley de la Unión Europea prohíbe la importación de productos que hayan incurrido en deforestación desde el 31 de diciembre de 2020. La ley antideforestación entrará en vigor el 30 de diciembre de 2025 para las grandes empresas y el 30 de junio de 2026 para las pequeñas.
Para combatir la deforestación, Luis Suárez opina que es “prioritario” fortalecer el Programa Nacional de Incentivos a la Conservación, una estrategia que ofrece beneficios a propietarios y comunidades que protegen y gestionan sosteniblemente bosques, manglares y páramos. Los programas son conocidos como Sociobosque, Sociomanglar y Sociopáramo. Las contribuciones deben venir desde el Estado, pero también desde la cooperación internacional, de acuerdo con el especialista.
A lo anterior deben sumarse programas de producción libres de deforestación, la promoción de ganadería responsable y el apoyo a iniciativas de turismo ecológico. En esto concuerda la dirigenta Diana Chávez, quien resalta la necesidad de implementar programas de capacitación para fortalecer las cadenas de valor productivas.
Otro motor importante de la deforestación es la construcción de vías. Frente a esto, Suárez propone pensar en una Amazonía libre de carreteras, al menos en zonas donde eso sea posible. Para eso, dice, hay que pensar en alternativas para que los pueblos indígenas saquen sus productos y tengan acceso a salud o educación, por ejemplo, programas aéreos para transportar a personas que tienen emergencias o mayor presencia de personal de salud.
Además, el especialistas en conservación resalta iniciativas como la de Kara Solar, que construye botes propulsados con energía solar para reducir la dependencia de combustibles fósiles y facilitar la movilización de comunidades desconectadas de los principales centros poblados.
En los casos en los no se pueda evitar la apertura de vías en medio de bosques, señala Suárez, las vías deben ser monitoreadas y controladas para evitar tala, deforestación, asentamientos e incluso delitos como el tráfico de vida silvestre, el narcotráfico y la minería ilegal de oro.
Chávez sostiene que hay que trabajar junto a los pueblos indígenas en planes de manejo del territorio para evitar la tala. “Se hace por necesidad, no somos grandes empresas madereras, pero existen necesidades económicas”, aclara. Para eso, hace falta coordinación entre la sociedad civil, los pueblos amazónicos y el Gobierno, de acuerdo con la lideresa.
6. Combatir el crimen en la Costa y el océano
La región Costa se ha convertido en un “caldo de cultivo” para el narcotráfico y delitos asociados debido a las condiciones estructurales de pobreza, desigualdad y falta de acceso a servicios básicos como alcantarillado o energía eléctrica, de acuerdo con Luis Córdova, experto en conflictos. A esto se suma la falta de oportunidades, lo que empuja a los pescadores a involucrarse en estas actividades, explica Michelle Maffei, especialista en crimen organizado transnacional.
Un especialista en inteligencia marina anónimo le dijo a Mongabay Latam en una publicación anterior que el Estado debe recuperar los espacios abandonados a través de los ministerios de Educación, Salud y otros, pero también recordó que su rol es anticiparse al cometimiento de delitos en lugar de ser solamente reactivo.
La escasez de recursos marítimos, provocados por la sobrepesca y la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada es la raíz del problema en el océano. Por eso, para Suárez es crucial fortalecer el control de la pesca industrial con el fin de evitar su presencia en las primeras ocho millas reservadas para la pesca artesanal, de la que se sustentan los pueblos de la costa.
Sin embargo, Maffei señala que Ecuador carece de gobernanza marítima y de equipamiento adecuado para enfrentar la pesca ilegal, pero también el narcotráfico.
Un ejemplo claro es el de los tiburones. En 2024, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) prohibió la exportación desde Ecuador de ciertas especies de tiburones. A inicios de 2025, CITES informó que la suspensión continuaría para los grupos Carcharhinus falciformis (tiburón sedoso), Alopias spp. (tiburones zorro) y Isurus spp. (tiburones mako). La prohibición se mantendrá hasta que Ecuador implemente las recomendaciones de CITES, especialmente en términos de límites de captura incidental y sistemas científicos de evaluación de comercio sostenible.
No obstante, para la investigadora Cristina Cely, la suspensión no ha disminuido la presión sobre estos depredadores, fundamentales para mantener el equilibrio de los océanos. «Yo creería incluso que la situación es un poco más preocupante que en años anteriores, porque si antes no había información y no había transparencia, ahora hay muchísimo más oscuridad», dice. Para proteger a los tiburones, hace falta realizar estudios sobre las poblaciones, emitir dictámenes de extracción no perjudicial y fortalecer la transparencia en los sistemas de trazabilidad del mar hasta las exportaciones, señala la experta.
Frente a estas debilidades, Suárez propone retomar las unidades de control y vigilancia que integraban a personal de las Fuerzas Armadas, la Policía, la Subsecretaría de Pesca y el Ministerio de Ambiente. “Esa acción coordinada es fundamental, la competencia no está en una sola institución, hay un enfoque colaborativo”, explica.
Por otro lado, se deben implementar acciones de investigación para generar alternativas económicas. Cita un ejemplo: en Galápagos se investigó sobre los ciclos de vida de diferentes especies de langosta, se entregó esa información a los pescadores, se crearon medidas de manejo y el resultado fue la recuperación de las poblaciones de algunas especies. En el continente sucedió un proceso similar con el cangrejo de manglar. No obstante, hace falta replicar estas experiencias exitosas con otras especies de mariscos y de peces, como la concha prieta.
De manera complementaria, dice, se puede capacitar a las agrupaciones que conservan el manglar en la producción de otros productos importantes del ecosistema, como la miel, los servicios turísticos y de recreación. En la zona de El Morro, relata, se logró combinar acciones de manejo y conservación del manglar con la recolección de la concha prieta y la participación en procesos de reforestación. “Hay procesos exitosos, el desafío es replicarlo”, asegura.
Imagen principal: destrucción de maquinaria utilizada por la minería ilegal en Loja, en el sur de Ecuador. Foto: cortesía Ejército Ecuatoriano
El Maipo/Mongabay
