Por Iván Paredes Tamayo
Los primeros pasos del gobierno de Rodrigo Paz en materia ambiental han sido cuestionados desde distintos frentes. Tras disolver el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y reducirlo a dos viceministerios –uno encargado de temas ambientales y otro a proyectos del agua-, los expertos advierten que no existe un plan institucional enfocado en mejorar la política ambiental del país.
En estas condiciones, con una institucionalidad debilitada y la presión de sacar a flote la economía boliviana, el Estado tendrá que enfrentar en 2026 el avance de la minería ilegal que se sigue expandiendo dentro de áreas protegidas y territorios indígenas. Los casos más críticos son el Parque Nacional Madidi y la reserva Pilón Lajas, así como los territorios indígenas tsimane, mosetén, leco, entre otros.
Los legisladores y el Presidente llegan a 2026 con otra tarea pendiente: decidir el futuro de las llamadas “normas incendiarias” que siguen vigentes y que son las que permiten los incendios y la deforestación de bosques, sobre todo en el oriente. Los expertos piden la derogación de estas normas para evitar más daños ambientales, considerando que en los últimos cinco años más de 12 millones de hectáreas de bosques se han quemado. Esto ha convertido a Bolivia en uno de los países que encabezan a nivel global la pérdida de superficie boscosa. En 2024 llegó a ser el segundo país más deforestado en el mundo, según datos de la Universidad de Maryland y Global Forest Watch (GFW).
Dentro de los desafíos también está la urgencia de fortalecer el sistema de áreas protegidas y concretar la implementación del Acuerdo de Escazú, que fue avalado por el Estado boliviano.
Desde el Gobierno prometen que en 2026 se priorizará la gestión de áreas protegidas, el cuidado de los bosques y ríos, la regulación de la minería y que se desarrollarán planes a mediano plazo a favor de políticas ambientales.
Fortalecer la institucionalidad ambiental
Rodrigo Paz llegó a la Presidencia de Bolivia el 8 de noviembre y un día después posesionó a su gabinete ministerial. La noticia ambiental fue que ya no había un ministro de Medio Ambiente y Agua. Esa cartera estatal fue eliminada y la gestión ambiental pasó a dos ministerios dirigidos por empresarios agroindustriales. La decisión fue rechazada por expertos y activistas que ahora ven como un desafío elaborar un plan gubernamental de largo aliento enfocado en el medio ambiente.
Los temas ambientales ahora recaen en el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, donde hay un viceministerio encargado de ver todo lo relacionado a políticas ambientales. Los temas vinculados al agua están a cargo del nuevo Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua.
“Se debe fortalecer la institucionalidad estatal en todos los niveles, eso es una tarea urgente e ineludible», destacó Miguel Vargas, director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis). Para el experto, el país necesita instituciones capaces de ejercer autoridad pública con transparencia, independencia y eficacia, especialmente en materia ambiental. «Esto implica asumir un compromiso real con el cuidado del medio ambiente y la vida, en un contexto marcado por una profunda crisis ambiental y climática global que exige decisiones responsables, coherentes y sostenidas en el tiempo”, agregó.
Vargas afirma que el nuevo escenario político en Bolivia presenta un desafío central: evitar que se afecten los derechos y garantías ambientales reconocidos en la Constitución aprobada en 2009. “En un contexto de creciente presión sobre los territorios, los ecosistemas y los pueblos indígenas, este principio debe orientar las decisiones públicas y las reformas institucionales que adopte el Estado”, dijo.
Ruth Alipaz, representante de la Coordinadora Nacional en Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), también cuestionó la eliminación del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y puso como una tarea “primordial” revitalizar el trabajo en temas ambientales. “Fue un error muy grave eliminar el ministerio, lo hemos denunciado, pero ahora el Gobierno debe ponerse como meta institucionalizar las tareas referidas al medio ambiente”, resaltó.
La dirigente indígena detalló que también será clave el fortalecimiento de una “institucionalidad capaz” de garantizar el acceso de los pueblos indígenas a los beneficios derivados de los mercados de carbono, “conforme a las salvaguardas internacionales, evitando nuevas formas de despojo bajo la narrativa de la economía verde”.
El freno a la minería ilegal
Ruth Alipaz es enfática en señalar que eliminar la minería ilegal es una “tarea urgente” en Bolivia. La dirigente relató con preocupación que en 2025 la actividad minera ingresó a zonas donde las operaciones están dañando ecosistemas, como por ejemplo el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi. “La crisis económica aumentó la presencia de grupos ilegales mineros, sobre todo en la Amazonía. Abren caminos, deforestan y contaminan. Sacan el oro y destruyen territorios protegidos, como el Madidi”, dijo.
La minería ilegal avanzó sin piedad en 2025 sobre ríos, territorios indígenas y áreas protegidas de Bolivia. Los expertos coinciden en que no hubo control estatal. El país tuvo el foco puesto en una dura crisis económica acrecentada por la falta de combustibles, como el diésel, un producto elemental para que funcione la minería, sobre todo en zonas amazónicas. Sin embargo, esto no impidió que los mineros encontraran caminos para introducir los carburantes y mantener operando las dragas en los ríos.
“Es un patrón que se repite y los pueblos indígenas pagamos el alto costo: pérdida de nuestros territorios y nuestros medios de vida. Todos los años pedimos parar la minería, pero cada año que pasa sigue avanzando”, lamentó Alipaz en contacto con Mongabay Latam.
Alfredo Zaconeta, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), consideró que el nuevo gobierno en Bolivia deberá limitar la expansión de la frontera minera aurífera, hacer respetar las áreas protegidas y establecer en qué zonas no se pueden realizar actividades extractivas. “Se debe asumir que, por ser un país con cualidad minera, esta actividad debe crecer sin planificación alguna. Pero es urgente establecer lineamientos que permitan lograr una minería responsable y sustentable en el país”, dijo.
El experto añadió que la gestión de Paz debe avanzar en el cumplimiento del Convenio de Minamata y gestionar los recursos necesarios para poder perfilar políticas públicas dirigidas a sustituir el uso del mercurio -un mineral contaminante- en la explotación de oro. “Además, se deben establecer medidas para el funcionamiento de plantas [ingenios] de tratamiento de cargas mineralizadas, tanto en oro como en minerales tradicionales que, en medio de este boom de precios proliferaron en diferentes puntos del país”, detalló.
En esa misma línea, Jaime Cuéllar, experto en temas mineros, destaca la importancia de atender los problemas de salud pública asociados a la minería aurífera, considerando las implicaciones directas que el metal pesado tiene sobre las personas y los ecosistemas, sin mencionar la credibilidad internacional del país por no frenar la contaminación.
“La remediación de ríos, la vigilancia epidemiológica, la implementación de centros de monitoreo toxicológico y la regulación estricta de insumos peligrosos constituyen tareas impostergables. Sin una acción coordinada entre salud, medio ambiente, minería y comercio exterior, el país continuará enfrentando un problema de largo plazo con efectos irreversibles”, afirmó Cuéllar.
Alex Villca, dirigente indígena de la Amazonía boliviana y miembro de la Contiocap, señaló en una entrevista con Mongabay Latam que para detener la minería ilegal “el gobierno de turno tendrá que triplicar sus esfuerzos. Tiene que evitar que Bolivia se convierta en una Minamata sudamericana”, dijo.
El dirigente destacó que urge revisar el Plan de Acción Nacional (PAN), documento que plantea la reducción del uso de mercurio en la minería aurífera. “Se excluyó a los pueblos indígenas y como tal carece de legitimidad y aceptación. Ese documento debe ser revisado e incluir a los pueblos indígenas, que somos los más afectados por el uso de mercurio”, dijo.
El PAN es un plan que fue trabajado en la pasada gestión de Luis Arce junto a organizaciones internacionales, pero sin la presencia de los pueblos indígenas. Ese proyecto plantea reducir para 2031 al 60% el uso del mercurio en la actividad minera, un periodo considerado muy largo plazo tratándose de un problema urgente.
Derogar las “normas incendiarias”
El último reporte de la Universidad de Maryland y Global Forest Watch (GFW) indicó que los incendios forestales fueron en 2024 responsables del 59 % de la pérdida total de bosque en Bolivia, mientras que el daño ambiental por la deforestación alcanzó las 700 000 hectáreas, una cifra récord. Estamos hablando de un área comparable a 467 000 canchas de fútbol reglamentarias.
Esas cifras se dieron a conocer en 2025. La pérdida de bosque en Bolivia se disparó un 200 % en 2024, alcanzando un total de 1.8 millones de hectáreas. De esa cifra, un 81 % es bosque primario. Estos datos colocan a Bolivia en el segundo lugar de los países más deforestados del mundo, luego de Brasil y desplazando a la República del Congo.
Vargas, del Cejis, lamentó que en Bolivia sigan vigentes las denominadas “normas incendiarias” que dan vía libre a la deforestación utilizando diferentes mecanismos. Estas normas son un conjunto de seis leyes y dos decretos supremos, más dos resoluciones de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), que fueron expedidas con el propósito de ampliar la frontera agrícola de tres a 13 millones de hectáreas en diez años (hasta 2025).
La extensión se hace a través de desmontes, quemas y cambios de uso del suelo autorizados, pero terminaron favoreciendo la ocurrencia de incendios de grandes proporciones. Siete de las cuestionadas normas fueron aprobadas durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019).
“Será indispensable atender con mayor rigor el debate sobre la abrogación [derogación] del paquete de normas incendiarias, cuyo mantenimiento ha contribuido de manera directa al incremento de incendios forestales y a la expansión descontrolada de la frontera agrícola”, dijo Vargas.
Desde el Legislativo, la diputada Cecilia Requena, que ahora es parte de la alianza Unidad, identificó como parte “esencial” derogar estas normas y aprobar una ley de prevención de desmontes ilegales y de incendios. La legisladora afirmó que la Asamblea Legislativa debe priorizar el debate de estas leyes para regular a los sectores minero, agrario y de hidrocarburos.
El vicepresidente de Bolivia, Edman Lara, que también es presidente de la Asamblea Legislativa, anunció el 14 de noviembre la abrogación de este paquete de normas “lo más antes posible”. Esa propuesta tiene el aval de su organización política, el oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC). Sin embargo, hasta la fecha no hay una agenda oficial clara que establezca la pronta derogación de las cuestionadas normas.
“Es muy importante avanzar en normativas de finanzas sostenibles y de transición energética. Eso se debería abordar incluso con leyes transitorias que respondan a momentos críticos y que no pretendan resolverlo todo, pero por lo menos que nos ayuden a avanzar en estos meses críticos”, dijo Requena a Mongabay Latam.
En 2025, la pasada gestión de Luis Arce autorizó el presupuesto de 40 millones de bolivianos para combatir los incendios forestales y desastres naturales. Esa cifra equivale a 5.7 millones de dólares para equipos de respuesta inmediata. Según la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), anualmente se necesita al menos 10 millones de dólares para enfrentar las quemas en diferentes suelos del país.
Crisis económica y protección de reservas
El director del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), Óscar Campanini, pronosticó para 2026 que, debido a la dura crisis económica que atraviesa Bolivia, se realizarán inversiones para actividades productivas, lo que llegará con una flexibilización de las normas ambientales, como ocurre en otros países. El experto pidió un equilibrio para no dañar el ambiente con la ejecución de proyectos extractivos.
“El principal y mayor desafío es poder llegar a un mayor equilibrio entre las necesidades económicas y el cuidado de nuestro medio ambiente. Seguramente se buscará incrementar actividades productivas, probablemente buscar recursos para inversiones. Todas estas propuestas económicas usualmente vienen atadas con medidas para flexibilizar la normativa ambiental, como una especie de incentivo a la inversión privada”, afirmó Campanini.
Otro de los retos es priorizar el fortalecimiento del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y de otras instancias subnacionales. Miguel Vargas, de Cejis, precisó que debe haber independencia y capacidad en estas entidades “para precautelar la integridad de las áreas protegidas frente a actividades extractivas como la minería y los hidrocarburos». Sin una institucionalidad robusta, asegura, «la conservación de los ecosistemas estratégicos del país seguirá gravemente comprometida”.
Este último año, la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía registró el ingreso de la empresa petrolera Petrobras para realizar tareas de exploración. A inicios de diciembre de 2025, los comuneros bloquearon el acceso a la reserva, pero los empleados de la petrolera abrieron rutas alternas para llegar a Tariquía. Ahora, los afectados piden una reunión con el Gobierno de Rodrigo Paz para expresar sus preocupaciones.
Otra área protegida que fue afectada por la actividad extractiva fue el Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Madidi. En esta reserva, los mineros ilegales abrieron vías para entrar a zonas protegidas y llegar a ríos, donde explotan oro de forma ilícita. Lo mismo sucedió con la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas, que también sufre por la minería ilegal y la tala de árboles.
Según el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), esta entidad, que es la encargada de administrar las áreas protegidas de alcance nacional, contó con un presupuesto económico para la gestión 2025 de 66 585 032 bolivianos, que equivale a 9.5 millones de dólares al tipo de cambio oficial. De este monto, el 5.35 % proviene de cooperación internacional y el resto es fuente del Tesoro General de la Nación (TGN) y otros ingresos, como multas por minería ilegal o deforestación, pago de turistas para el ingreso a las áreas protegidas y convenios.
Para Marco Ribera, investigador de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), ese presupuesto solo alcanza para proteger el 9 % de la superficie de todas las áreas protegidas del país, que suman 23. Además, el experto lamentó que se haya reducido a 270 el número de guardaparques. “No funcionan los motores, no funcionan los botes, no funcionan los cuadratracks [cuatrimotos], las movilidades están parqueadas, no tienen mantenimiento, no hay gasolina, no tienen diésel, hay una serie de situaciones que limitan las actividades de control, de la gestión de las áreas protegidas”, dijo.
El litio, una deuda pendiente
En Bolivia los contratos del litio con empresas de China y Rusia quedaron a la deriva. La Justicia Agroambiental, a pedido de la Defensoría del Pueblo, determinó que la Asamblea Legislativa Plurinacional suspenda el tratamiento de los dos acuerdos para la explotación del litio mientras no se cumpla con la evaluación de impacto ambiental y la consulta previa.
Las comunidades indígenas y campesinas que habitan en el salar de Uyuni y otros salares cercanos denuncian que la extracción del mineral afectará los humedales altoandinos, lo que podría provocar la pérdida de agua y la salinización del agua dulce.
Para el abogado Jaime Cuéllar, el tema del litio en Bolivia entraña riesgos ambientales, sociales y regulatorios. El experto explicó a este medio que la aceleración de proyectos de industrialización, la necesidad internacional por asegurar cadenas de suministro y el interés creciente por otros recursos estratégicos, como las tierras raras, plantean escenarios complejos.
“El país debe anticipar los impactos sociales, económicos y ambientales sobre el salar, así como sobre las áreas mineras donde existen tierras raras, propendiendo a generar mecanismos, como por ejemplo de consulta previa y modelos de distribución de beneficios con comunidades locales”, dijo Cuéllar.
El 28 de julio de 2025, la Defensoría del Pueblo de Bolivia informó a la Asamblea Legislativa que solicitó medidas cautelares ante el Juzgado Agroambiental del Distrito Judicial de La Paz. Esta solicitud tenía como fin suspender el tratamiento de proyectos de ley relacionados con los contratos de extracción del litio hasta que se cuente con estudios ambientales integrales.
La decisión de la jueza agroambiental establece cuatro puntos centrales: que se informe sobre la realización de un estudio de impacto ambiental estratégico, con especial énfasis en los recursos hídricos; que se realice un estudio específico sobre las aguas fósiles en la región; que se lleve a cabo un proceso de consulta previa, libre e informada con las comunidades que serían afectadas por los proyectos de litio; y que, antes de tratar estos contratos en la Asamblea Legislativa, se solicite el estudio de impacto ambiental estratégico y se convoque a los actores involucrados para evaluar sus contenidos.
“Una normativa clara, predecible y rigurosa no solo evitará conflictos socioambientales, sino que permitirá que la industrialización del litio se consolide bajo estándares internacionales que refuercen la imagen del país como proveedor confiable”, resaltó Cuéllar.
Comuneros de Nor Lípez, una región cercana al salar de Uyuni, presentaron a la Cámara de Diputados el 15 de diciembre de 2025 un proyecto de ley denominado “Recursos Evaporíticos y Litio”. Esta iniciativa propone el acceso a información sobre los posibles contratos y la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas.
Desde el Gobierno, el viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, Jorge Ávila, explicó a Mongabay Latam que “durante mucho tiempo se entendió la variable ambiental como un problema, un castigo, algo negativo». «Ese es el primer cambio cualitativo que introduciremos: la variable ambiental no tiene por qué ser un problema, debe ser un elemento positivo y proactivo, el mejor mecanismo para generar desarrollo con sostenibilidad”, agregó.
El viceministro detalló que su despacho trabaja sobre un amplio espectro de temas, entre ellos áreas protegidas, bosques, ríos, minería y regulaciones asociadas. “Todos estos temas están siendo evaluados y, a partir de ello, construimos una propuesta de desarrollo sostenible que esté presente en todas las políticas de Estado y en las acciones de Gobierno”, explicó.
Imagen principal: deforestación en Santa Cruz, epicentro de la tala de bosque nativo para actividades productivas en Bolivia. Foto: cortesía Revista Nómadas
El Maipo/Mongabay
