Denuncian fraude electoral en las elecciones presidenciales de Colombia

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El actual mandatario rechaza la legitimidad de los resultados que dan como ganador a Abelardo de la Espriella, señalando la intervención de empresas de inteligencia extranjeras. Paralelamente, juristas piden investigar a figuras de la oposición por presunto menoscabo a la integridad nacional.

(Bogotá) El panorama político colombiano se encuentra en máxima tensión tras las graves declaraciones que cuestionan de manera directa la legitimidad de los recientes comicios presidenciales. Según denuncias emitidas desde el Ejecutivo, el proceso electoral habría sido objeto de una manipulación tecnológica masiva y de financiamiento extranjero ilegal, lo que ha llevado al actual presidente de la República a declarar que no reconoce la legitimidad del gobierno entrante, sosteniendo que el verdadero ganador según el voto popular es el filósofo Iván Cepeda.

El “Fraude Algorítmico” y la Conexión Internacional

De acuerdo con la información revelada, se habría detectado la operación de un servidor IP ubicado en Los Ángeles, California, de propiedad de los hermanos Bautista. Este servidor, presuntamente integrado a la operación de escrutinios, alteró de forma sustancial la votación en favor del candidato Abelardo de la Espriella mediante el uso de algoritmos.

El ‘modus operandi’ denunciado detalla lo siguiente:

  • Suplantación de abstencionistas: Los algoritmos habrían utilizado el censo electoral de los ciudadanos que nunca votan para reemplazar sus identidades por electores que votaron en múltiples ocasiones.
  • Irregularidades en el exterior: Se señala que en las mesas de votación fuera del país —donde De la Espriella obtuvo una ventaja de 177.000 votos sobre Cepeda— los jurados eran provenientes de Colombia y no residentes locales (en EE. UU. y España), lo cual infringe la normativa. Asimismo, se denuncia que asistentes al Mundial de Fútbol habrían votado hasta siete veces usando identidades ajenas.
  • Focalización regional: Estas anomalías se habrían replicado en varias regiones de Antioquia, Medellín, el norte de Santander y sectores del norte de Bogotá, registrándose casos de ciudadanos que al intentar votar descubrieron que su derecho ya había sido ejercido por terceros.

Soberanía en jaque: “Hemos sufrido el más duro golpe a la soberanía nacional desde la reconquista española en los años de la Patria Boba“, afirmaron fuentes de la presidencia, cuestionando fuertemente a la Registraduría Nacional por delegar la ciberseguridad y el control de los formularios E-14 a firmas privadas de origen estadounidense e israelí, como la empresa de inteligencia privada BlackCube. Asimismo, se vincula a la firma de lobby Balart en millonarias operaciones para la supuesta limpieza de imagen del candidato cuestionado ante el gobierno de los Estados Unidos.

Solicitud de investigación penal contra líderes de la oposición

En paralelo a las denuncias de fraude tecnológico, la abogada y experta en derecho penal, Angélica Monsalve Gaviria, se pronunció a través de su cuenta en la red social X para señalar las implicaciones legales de las actuaciones de diversos líderes políticos que han acudido a Washington.

Monsalve advirtió que solicitar la influencia del gobierno de los Estados Unidos en decisiones institucionales de Colombia vulnera flagrantemente la soberanía del Estado. En consecuencia, instó a la Fiscalía General de la Nación a evaluar de oficio la apertura de una investigación penal por el delito de menoscabo a la integridad nacional (Artículo 455 del Código Penal).

Entre las figuras señaladas por promover presuntamente la intervención extranjera en asuntos reservados del Estado se encuentran:

  • Enrique Vargas Lleras
  • Enrique Gómez
  • Abelardo De la Espriella
  • Vicky Dávila
  • Paloma Valencia
  • María Fernanda Cabal
  • Andrés Pastrana
  • Diversos alcaldes y gobernadores.

La jurista enfatizó que corresponde a las altas cortes colombianas pronunciarse de manera urgente en ejercicio de sus atribuciones constitucionales para defender la autonomía, independencia y el orden constitucional del país, garantizando siempre el debido proceso. El país queda a la expectativa del avance de estas denuncias ante los tribunales correspondientes.

El Maipo

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