(Buenos Aires) La ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, enfrenta hoy una denuncia por ordenar requisas y controles de identidad de los manifestantes que viajaban en ómnibus para unirse a la movilización en defensa de la expresidenta Cristina Fernández.
La imputación a Bullrich por haber transgredido la Ley de Inteligencia la hace el diputado nacional de Unión por la Patria (UP) Leopoldo Moreau junto a otros integrantes del bloque opositor.
Moreau de extracción radical y aliado de UP alertó que Bullrich «está construyendo una base de datos sobre la adhesión o pertenencia de ciudadanos a partidos políticos», algo que «está expresamente prohibido».
«Es un paso más en la deriva autoritaria que ella conduce», concluyó el diputado, quien recordó que la Ley de Inteligencia prohíbe taxativamente obtener datos de las personas por opiniones políticas o por pertenencia a organizaciones políticas.
Los denunciantes radicarán la demanda ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, para denunciar a la jefa de la cartera de seguridad «por haber ordenado a las fuerzas federales no sólo requisar sino también copiar las listas de pasajeros y fotografiar los documentos de quienes venían desde el Interior a la marcha».
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales alertaron que “eso es una práctica ilegal que busca inhibir la manifestación». Fue un verdadero operativo a cielo abierto de inteligencia, destinado a crear una base de datos de quienes se manifestaban, insistió el CELS.
Por otro lado, los bloques del peronismo y de izquierda en el Congreso de la Nación presentaron proyectos para anular el nuevo estatuto de la Policía Federal Argentina (PFA) que presentaron Bullrich y el presidente Javier Milei, advirtiendo que están creando un “Estado policial” que permite el ciberpatrullaje sin orden judicial, requisas personales y detenciones sin causa.
La diputada nacional de Unión por la Patria Mónica Macha y su par del Frente de Izquierda Christian Castillo presentaron, por separado, proyectos de ley para anular el decreto 383 impulsado por la ministra que le otorga nuevos poderes a la PFA.
Dicha resolución firmada por Milei, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y Bullrich, reformula las atribuciones de la fuerza de seguridad, la reorienta hacia la investigación criminal de delitos complejos y permite, entre otras funciones polémicas, el ciber patrullaje en espacios digitales abiertos sin autorización judicial.
También le da acceso a bases de datos públicas y privadas, requisas personales, o detener a personas sospechosas por hasta 10 horas sin mediar una orden emitida por un magistrado. Milei dijo en el anuncio el martes que crearán el Departamento Federal de Investigaciones a semejanza del FBI norteamericano.
El nuevo Estatuto de la PFA “resulta a todas luces violatorio de esenciales principios del Estado de Derecho” ya que le otorga atribuciones a la estructura policial que “exceden las funciones constitucionales asignadas a su competencia”, argumentó la diputada Mónica Macha.
El Maipo/PL
