(Bogotá) La declaratoria de Emergencia Económica y Social, que permite al Gobierno dictar decretos con fuerza de ley en medio de un delicado escenario fiscal, provoca hoy un pulso entre el Ejecutivo y otras ramas del poder de Colombia.
Tras la divulgación de la norma, con la cual se aspira a recaudar 16,3 billones de pesos (alrededor de cuatro mil 300 millones de dólares al cambio actual), el presidente de Senado, Lidio García, informó que citará a sesiones extras en el Legislativo para analizar la medida.
“El Congreso no se subordina: citaremos y examinaremos con rigor los decretos adoptados. Nuestra autonomía permanece intacta”, anunció el senador.
Al anuncio respondió el ministro del Interior, Armando Benedetti.
“El Congreso solo podrá iniciar el estudio del estado de emergencia económica cuando el Gobierno haya enviado el informe de la declaratoria y sus medidas, según dicen el artículo 215 de la Constitución y el artículo 48 de la Ley 137 de 1994, y aún no se ha enviado ese informe”, alegó en su cuenta de la red social X.
Por otra parte, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió que comenzará el análisis de la norma el venidero 13 de enero, fecha en la que culmina la vacancia judicial.
Después del anuncio de que el gobierno adoptaría el estado de Emergencia, pero antes de que se decretara, el presidente, Gustavo Petro, alertó que el país se enfrentaría a una “crisis económica grave” si el referido tribunal decide declarar improcedente la medida.
El jefe de Estado explicó luego que el déficit fiscal obliga a tomar medidas recaudatorias para evitar perjuicios en el ámbito social.
Afirmó que si a la existencia de un déficit primario se le suma una la tasa de interés real (dispuesta por el Banco de la República) que es superior a la tasa de crecimiento real de la economía, la deuda se torna insostenible.
“Esta es la base de por qué tenemos que decretar la emergencia económica”, sentenció en torno a la medida que le da facultades al poder Ejecutivo de dictar decretos con fuerza de ley para conjurar la situación durante un periodo de 30 días calendario, así como a establecer nuevos tributos o modificar los existentes.
Recordó que la norma se emitió tras el hundimiento en el Senado de un proyecto cuyo propósito era paliar el desfinanciamiento del presupuesto para el próximo año.
“El Congreso, irresponsablemente, en dos ocasiones, ha hundido la ley fiscal, y no nos permite llegar al superávit fiscal, que es lo que hace sostenible la deuda”, manifestó.
También refutó la tesis esgrimida por sectores opositores de que lo procedente en este contexto es un recorte del gasto.
“Lo que quieren es que le quitemos la plata a la educación, a la salud, y eso no lo vamos a hacer, no es posible”, expuso.
Expresó que lo sano económicamente en esta situación es aumentar los impuestos a quienes perciben más ingresos, y no al pueblo como, según denunció, reportan ciertos medios.
El Maipo/PL
