La magistrada de la Corte de Apelaciones de San Miguel dictó la resolución en contra de dos capitanes en retiro por su responsabilidad en el secuestro y tortura de cinco militantes del MAPU Lautaro en enero de 1985.
La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, dictó acusación formal en contra de dos oficiales de Carabineros en retiro por su responsabilidad en cinco delitos consumados de secuestro calificado.
Los ilícitos fueron perpetrados a partir del 13 de enero de 1985, en el sector de San Gabriel, en la comuna de San José de Maipo.
En la resolución (causa rol 12-2020), la ministra Cifuentes acusó a los entonces capitanes de Carabineros, Héctor Emilio Díaz Anderson y Patricio Augusto Zamora Rodríguez, en calidad de autores de los plagios de Juan Carlos Contreras Varas, Ignacio Edgardo Fonseca Vidal, Carlos Custodio Mellado Reyes, Guillermo Enrique Ossandón Cañas y Sergio Gabriel Riveros Jara.
El “modus operandi” y el montaje de la DICOMCAR
De acuerdo a los antecedentes recopilados durante la etapa de investigación, la magistrada logró dar por establecidos los siguientes hechos:
- La detención: El domingo 13 de enero de 1985, las cinco víctimas (todas militantes del MAPU Lautaro) fueron detenidas en la capilla de San Gabriel por personal de Radiopatrullas y del retén local tras ser considerados “sospechosos”.
- El traslado y ocultamiento: Tras pasar por el Retén San Gabriel y la Subcomisaría de San José de Maipo, el jefe de esta última unidad —el hoy fallecido capitán David Valenzuela Vidal— entregó ilegalmente a los detenidos a la Dirección de Informaciones y Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR). Para ocultar el rastro, se falseó el Libro de Novedades simulando que los jóvenes habían sido liberados.
- Torturas en calle Dieciocho: Los detenidos fueron trasladados al centro clandestino de calle Dieciocho N°237, en Santiago Centro. Allí permanecieron encerrados de forma ilegal hasta el 17 de enero, período en el cual fueron sometidos a golpes, desnudamientos, aplicación de electricidad y amenazas por parte de los acusados Díaz Anderson y Zamora Rodríguez.
- Montaje final: Para encubrir los cuatro días de secuestro y torturas, la DICOMCAR trasladó a las víctimas a la 18° Comisaría de Ñuñoa, simulando que recién habían sido arrestados esa noche en el Cajón del Maipo. Además, se les incriminó falsamente con armas de fuego cuyo origen real se desconoce, dado que los afectados no portaban armamento al momento de su detención original.
Nota del tribunal: La resolución menciona que las jefaturas de la época de la DICOMCAR —el coronel Luis Fontaine Manríquez, el coronel Julio Michea Muñoz y el mayor Guillermo González Betancourt (jefe de operaciones)— se encuentran actualmente fallecidos.
Tránsito a la etapa de plenario
Al cierre del documento, la ministra Marianela Cifuentes Alarcón determinó que los antecedentes son suficientes para acreditar la participación de ambos uniformados en retiro bajo el artículo 15 N°3 del Código Penal.
“Se declara que se eleva esta causa a la etapa de plenario y se acusa a Héctor Emilio Díaz Anderson y Patricio Augusto Zamora Rodríguez en calidad de autores de los delitos de secuestro calificado, en grado de consumado”, concluye el fallo judicial.
El Maipo
