La Corte Suprema emitió un informe dirigido a la Cámara de Diputadas y Diputados en el que planteó diversas observaciones al proyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno, señalando que la iniciativa requiere “ajustes relevantes” antes de continuar su tramitación.
El documento, enviado el pasado 6 de mayo, analiza especialmente las modificaciones propuestas al sistema ambiental y advierte problemas de coordinación normativa, precisión jurídica y delimitación de competencias.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la falta de claridad respecto al alcance de algunas normas incluidas en el proyecto. Según la Suprema, el texto “no define con claridad si introduce una regla excepcional o una modificación general del sistema”.
Además, el máximo tribunal sostuvo que la propuesta no armoniza adecuadamente estas nuevas disposiciones con la legislación vigente, particularmente con la Ley 20.600, lo que podría generar dudas sobre quiénes estarán habilitados para ejercer determinadas acciones judiciales.
Otro de los puntos observados corresponde al mecanismo de restitución de gastos directos y efectivos para inversionistas cuyos proyectos hayan sido invalidados judicialmente. La Corte advirtió que la iniciativa “innova de manera significativa en el ordenamiento, al permitir que el Fisco asuma costos derivados de una inversión privada cuya resolución de calificación ambiental fue anulada judicialmente”.
En esa línea, el informe sostiene que, aunque el proyecto busca resguardar la confianza legítima de quienes desarrollan inversiones, la regulación propuesta sería demasiado amplia y carecería de requisitos sustantivos más estrictos.
Por ello, el tribunal recomendó establecer criterios como “buena fe del titular, ausencia de contribución al vicio, razonabilidad de los gastos y una carga patrimonial anormal o desproporcionada”.
Pese a las críticas, la Corte Suprema reconoció que la iniciativa contiene “objetivos atendibles vinculados a la certeza jurídica, la especialización jurisdiccional y la racionalización de los procedimientos ambientales”.
No obstante, reiteró que el articulado requiere correcciones importantes para evitar conflictos interpretativos y eventuales problemas en su aplicación práctica.
“Sin perjuicio de valorar positivamente la intención de ordenar el sistema recursivo ambiental y evitar dilaciones injustificadas, parece recomendable formular observaciones al proyecto”, señala el informe, haciendo referencia a materias como legitimación activa, medidas cautelares y restitución de gastos.
Finalmente, la Suprema también sugirió revisar la compatibilidad entre las normas propuestas y la legislación ambiental vigente, además de evaluar los plazos contemplados para las medidas cautelares y los mecanismos de reparación por daño ambiental.
El Maipo
