La Primera Sala del tribunal de alzada determinó que el recurso de amparo no era la vía jurídica adecuada para impugnar los decretos del Ministerio de Justicia. La acción buscaba dejar sin efecto los beneficios concedidos a personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
La Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso de amparo presentado por la Defensoría de la Niñez para dejar sin efecto los 56 decretos de rebaja de condenas otorgados por el Ministerio de Justicia a personas sentenciadas por distintos delitos, entre ellos delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
La resolución fue adoptada por la Primera Sala del tribunal de alzada, que estimó que la acción constitucional no correspondía a la vía jurídica para cuestionar las decisiones administrativas de la cartera encabezada por Fernando Rabat.
En su resolución, la Corte sostuvo que los antecedentes expuestos no correspondían a hechos que debieran conocerse mediante un recurso de amparo, conforme al artículo 21 de la Constitución. Además, indicó que el ordenamiento jurídico contempla procedimientos ordinarios para revisar las decisiones del Ministerio de Justicia, de acuerdo con la Ley N.º 19.880.
Por este motivo, el tribunal resolvió que el amparo no era la vía idónea para impugnar los decretos y determinó que la acción no podía ser admitida a tramitación.
Una prevención cuestionó los fundamentos del recurso
La resolución incluyó una prevención de la abogada integrante Catalina Infante, quien concurrió a declarar inadmisible la acción, pero agregó una consideración respecto de los antecedentes presentados por la Defensoría.
En su observación, señaló que, a partir de los actos del ministro Rabat expuestos en el recurso, “no existen hechos que sustenten la ilegalidad reclamada”.
La sala estuvo integrada por las ministras Lidia Poza y Claudia Parra, además de la abogada integrante Catalina Infante.
La decisión se refiere a la admisibilidad del recurso y a la vía procesal utilizada. Por tanto, no corresponde interpretarla como una revisión de fondo de cada uno de los 56 decretos ni como una declaración general sobre la legalidad de las rebajas concedidas.
La acción buscaba revertir los beneficios y proteger a las víctimas
La Defensoría de la Niñez presentó el recurso el 30 de octubre, cuestionando el cambio de criterio aplicado por el Ministerio de Justicia para conceder las rebajas de condena.
La institución sostuvo que la legislación contempla exclusiones para determinados delitos sexuales cometidos contra menores de edad y que las decisiones ministeriales no habrían considerado adecuadamente el interés superior de las víctimas ni los riesgos para su seguridad.
El organismo solicitó que se dejaran sin efecto los decretos individualizados en la presentación y que se adoptaran medidas para garantizar el cumplimiento de las penas originales, incluidas eventuales órdenes de detención cuando correspondiera.
El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, había advertido que las decisiones administrativas podían afectar directamente la seguridad y los derechos de quienes fueron víctimas de graves delitos sexuales.
La institución también pidió coordinar medidas de protección con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y mantener bajo reserva los antecedentes que permitieran identificar a las víctimas, con el objetivo de evitar su revictimización.
La controversia continúa en medio de cuestionamientos al Ministerio
El rechazo a tramitar el recurso se conoce mientras el Ministerio de Justicia enfrenta nuevas presiones por la entrega de los antecedentes relacionados con las rebajas.
Este martes, parlamentarios de oposición recurrieron a la Contraloría General de la República para solicitar que investigue la falta de respuesta de la cartera a un requerimiento de información presentado por la Defensoría de la Niñez.
Los legisladores cuestionaron que el Ministerio no entregara dentro del plazo solicitado los decretos vinculados a los beneficios y pidieron que se determinen eventuales responsabilidades administrativas.
La controversia mantiene bajo presión al ministro Fernando Rabat, quien cuenta con el respaldo público del Presidente José Antonio Kast. Mientras tanto, sectores de la oposición preparan una acusación constitucional en su contra.
El Maipo
