La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió de manera unánime rechazar la solicitud de desafuero presentada contra el gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego, en el marco de la investigación del denominado Caso ProCultura.
La decisión fue adoptada por el pleno del tribunal de alzada con 24 votos a favor y ninguno en contra, cerrando así —al menos por ahora— la vía que buscaba el Ministerio Público para formalizar a la autoridad por una eventual responsabilidad en el delito de fraude al fisco.
Tras los alegatos de la Fiscalía y la defensa, el presidente del tribunal comunicó que no se acogía la petición de desafuero impulsada por la Fiscalía Local de Antofagasta. La redacción del fallo quedó a cargo de la ministra Sandra Araya Naranjo.
Los cuestionamientos del Ministerio Público
La investigación es dirigida por la Fiscalía Regional de Antofagasta, encabezada en esta causa por el fiscal Cristián Aguilar. Según la tesis del ente persecutor, el gobernador habría tenido un rol relevante en la asignación de $1.600 millones a la fundación ProCultura para ejecutar el programa de prevención del suicidio “Quédate”.
La Fiscalía sostiene que los recursos se habrían otorgado sin cumplir adecuadamente los estándares de transparencia y probidad administrativa, y que la autoridad regional debió abstenerse de intervenir debido a vínculos previos con el director ejecutivo de la fundación, Alberto Larraín.
Desde el Ministerio Público indicaron que, tras conocer la resolución, aguardarán el texto íntegro de la sentencia antes de definir eventuales acciones, incluida la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema.
La postura de la defensa
Por su parte, la defensa de Orrego, encabezada por el abogado Ciro Colombara, argumentó ante el tribunal que el programa cuestionado era una iniciativa con sustento técnico y orientación social, y que la fundación contaba con experiencia para desarrollarlo.
Tras la resolución, desde la defensa señalaron que confían en que la investigación permitirá despejar responsabilidades y recordaron que el propio Gobierno Regional se ha querellado por eventuales irregularidades en contra de la fundación, buscando que se determinen y sancionen responsabilidades si corresponde.
Con esta decisión, el gobernador mantiene su cargo y la investigación continúa su curso, a la espera de los próximos pasos que adopte la Fiscalía una vez conocido el contenido completo del fallo.
El Maipo
