En un fallo unánime, el tribunal acogió el recurso de protección interpuesto por el Hospital Dr. Franco Ravera Zunino, estableciendo que el rechazo injustificado a la inoculación vulnera el derecho a la vida e integridad física del lactante.
La Corte de Apelaciones de Rancagua acogió un recurso de protección presentado por el Hospital Regional Dr. Franco Ravera Zunino y ordenó administrar a un lactante las vacunas obligatorias contra la tuberculosis (BCG) y la hepatitis B, además de exigir el cumplimiento íntegro del Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) del Ministerio de Salud.
En resolución unánime, el tribunal de alzada calificó como ilegal y arbitraria la negativa de la madre del menor a autorizar las dosis iniciales tras el parto, señalando que dicha conducta amenaza directamente la garantía constitucional del derecho a la vida y a la integridad física del niño al exponerlo, sin fundamento clínico, a enfermedades graves e inmunoprevenibles.
Límites a la decisión parental y obligación legal
De acuerdo con los antecedentes expuestos en el fallo, la madre rechazó la aplicación de las vacunas BCG y contra la hepatitis B al momento del alta médica, argumentando una “preocupación preventiva y general frente a posibles reacciones adversas”, pese a que el recién nacido se encontraba en buenas condiciones generales de salud y no existía ninguna contraindicación médica acreditada.
Al respecto, la Corte enfatizó que, si bien los padres poseen el derecho y deber preferente de educar y cuidar a sus hijos, esta facultad no es absoluta:
“Dicha facultad encuentra su límite en la vida, la salud y la integridad del niño, así como en las obligaciones que la ley impone en resguardo de la salud pública, sin que las aprehensiones sobre eventuales aspectos adversos, no respaldadas en una contraindicación médica concreta, puedan justificar a priori la omisión de las vacunas que resultan obligatorias”, sostiene la resolución.
El tribunal recordó que el Decreto N° 6 de 2010 del Ministerio de Salud y las actualizaciones del PNI (que incorporaron la dosis de hepatitis B al nacer en 2019) establecen una obligación legal orientada tanto a la protección individual del menor como al resguardo de la salud pública mediante el control de enfermedades transmisibles.
Plazo de 10 días para cumplir con el esquema
Si bien durante la tramitación del recurso se constató que el lactante inició posteriormente parte de su calendario —recibiendo las primeras dosis de las vacunas hexavalente, antimeningocócica y antineumocócica—, el tribunal advirtió que la amenaza persistía al no haberse administrado aún la vacuna BCG ni la dosis de hepatitis B correspondiente al nacimiento.
Por ello, la Corte resolvió acoger la acción cautelar, sin costas, y ordenó a la madre presentar a su hijo en el establecimiento de salud donde se encuentra inscrito dentro de un plazo máximo de 10 días desde que la sentencia quede ejecutoriada. En dicha instancia se le deberán suministrar la vacuna BCG y todas las dosis pendientes según su edad, quedando obligada en lo sucesivo a cumplir estrictamente con el calendario oficial de vacunación.
El Maipo
Nota: Esta noticia informa a la comunidad sobre las resoluciones judiciales de un proceso de tramitación. Todas las partes involucradas en la causa tienen la posibilidad de utilizar recursos procesales disponibles dentro de los plazos legales, los que permiten en la revisión de lo resuelto y su eventual modificación.
