(Canberra) La Corte Federal de Australia impuso hoy a la más grande y antigua aerolínea del país, Qantas, una multa histórica de 90 millones de dólares australianos (unos 59 millones de dólares estadounidenses), por despidos ilegales.
Más de mil 800 empleados de tierra de la compañía fueron víctimas de esa decisión al inicio de la pandemia de la Covid-19, en 2020, una iniciativa empresarial que generó la mayor violación de la legislación laboral australiana en más de un siglo.
De la cantidad total, el juez Michael Lee dispuso que se pagaran 50 millones de dólares australianos al Sindicato de Trabajadores del Transporte (TWU), entidad que presentó el caso a juicio a nombre de los empleados, debido al riesgo y el esfuerzo financiero que asumió.
Respecto a los 40 millones restantes, el Tribunal no especificó si se destinará a los trabajadores, solo dijo que la decisión se tomará en una audiencia posterior.
A criterio del juez Lee, Qantas mostró “el tipo de disculpa equivocado”, pues se preocupaba más por el impacto en la empresa que por las consecuencias que el caso tuvo en los trabajadores despedidos de forma ilegal.
El magistrado recalcó que la magnitud e impacto de la infracción requerían una sanción ejemplar, y que privar ilegalmente a una persona de su empleo significa privarle de un aspecto central de su dignidad humana.
La resolución enfatizó que la multa debe servir de “auténtico factor disuasorio” para que otras grandes corporaciones no consideren este tipo de actos como un simple costo operativo.
El TWU calificó la sentencia como un “momento de justicia” tras una lucha judicial de cinco años y destacó que representa el mayor castigo a un empleador en la historia australiana.
Mientras tanto, Qantas reconoció el fallo, pidió perdón a los empleados y prometió trabajar para recuperar la confianza perdida.
Esta sanción se suma a un fondo de compensación de 120 millones de dólares australianos que Qantas ya había acordado pagar con anterioridad a los trabajadores afectados, luego de que se confirmara en el Tribunal Supremo la ilegalidad de la subcontratación.
El Maipo/PL
