La Contraloría General de la República instruyó al Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob), encabezado por Mara Sedini, iniciar un sumario administrativo tras detectar irregularidades en una publicación institucional que aludía a un supuesto “Estado en quiebra”, en medio de la polémica que involucró al Ejecutivo.
Según el dictamen dado a conocer este miércoles, el organismo fiscalizador estableció que, si bien la cartera tiene facultades para informar a la ciudadanía —incluyendo el uso de lenguaje más cercano—, estas comunicaciones deben respetar los principios de probidad, transparencia y veracidad, además de entregar información debidamente sustentada.
En esa línea, la Contraloría concluyó que la Segegob abordó temas vinculados a la situación fiscal, como el endeudamiento y las medidas de ajuste, dentro de un marco general permitido. No obstante, advirtió que no se presentaron antecedentes suficientes que respaldaran “fáctica y técnicamente” el uso de expresiones como “Estado en quiebra”.
El ente contralor también consideró que la propia cartera reconoció que dicha formulación no cumplió con los estándares de moderación exigidos a las autoridades, admitiendo que pudo generar confusión en la ciudadanía. Esto derivó en la eliminación del contenido cuestionado.
A partir de estos antecedentes, la Contraloría ordenó la apertura de un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades, fijando un plazo de cinco días hábiles para informar sobre el inicio del proceso y sus resultados. Asimismo, instruyó adoptar medidas que eviten la difusión de información imprecisa en plataformas institucionales.
La controversia se originó en marzo, cuando el organismo ofició al Gobierno tras detectar publicaciones en redes oficiales que afirmaban que el Estado chileno estaba “en quiebra”, en el contexto de mensajes sobre el alza de los combustibles. Estas piezas generaron críticas tanto desde el ámbito político como técnico, incluyendo cuestionamientos del propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien descartó el uso de ese concepto.
El episodio reabrió el debate sobre el uso de redes sociales por parte de instituciones públicas y la responsabilidad comunicacional de las autoridades en un escenario marcado por discusiones sobre la situación fiscal del país.
