En un homenaje a las víctimas del golpe de Estado ocurrido hace hoy 52 años, el presidente chileno, Gabriel Boric, anunció el uso de modernas tecnologías en la búsqueda de los detenidos desaparecidos en dictadura.
El Estado de Chile los hizo desaparecer y tiene el deber de buscarlos, dijo el mandatario en un acto en el Palacio de La Moneda donde participaron familiares de las víctimas, organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, representantes de partidos políticos y autoridades. El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas, con el apoyo de la oligarquía y el aval de Estados Unidos, protagonizaron un cuartelazo contra el gobierno de la Unidad Popular del presidente Salvador Allende, lo cual sumió al país en una de sus etapas más dolorosas.
Según la Comisión de la Verdad, durante los 17 años de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) hubo alrededor de 40 mil detenidos, torturados, asesinados y desaparecidos, y aún hoy se desconoce el paradero de más de mil 100.
En su discurso, el mandatario recordó que en su primera Cuenta Pública comprometió un Plan Nacional de Búsqueda, como resultado del cual ya se entregaron carpetas a los familiares con antecedentes en poder del Estado que en algunos casos no conocían.
Boric anunció también la utilización de modernas tecnologías, entre ellos drones que sobrevuelan lugares para evaluar los movimientos del terreno en los últimos 50 años y así poder realizar excavaciones, con la esperanza de encontrar los restos.
Otra decisión es impulsar el proyecto de ley que crea la calidad jurídica de “personas ausentes por desaparición forzada”, lo cual se aplicará no solo para los casos vinculados a la dictadura, sino también para los más recientes.
El presidente chileno destacó la importancia de recordar el pasado para que nunca más se vuelvan a repetir esos hechos.
Por eso, dijo, en su gobierno declararon 29 sitios de memoria en todo el país, entre ellos el ex centro de detención Irán 3037, el Cerro Chena, el excuartel Borgoño y la expropiación de la otrora Colonia Dignidad.
Denunció que el pasado año un sector político de la derecha chilena llamó públicamente a rechazar los recursos destinados a los espacios históricos, como el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
Por eso, afirmó, la subsecretaría de Derechos Humanos ha trabajado en la presentación de un proyecto de ley para la protección de estos lugares, que será ingresado próximamente en el Congreso Nacional.
El Maipo/PL
