Comisión revisora de acusación constitucional contra Rabat acusa falta de decretos sobre rebajas de condenas

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El diputado Raúl Soto advirtió que el Ministerio de Justicia todavía no entrega el listado completo ni las copias de los decretos solicitados. La instancia recibirá este lunes al ministro Fernando Rabat y a otras autoridades y exautoridades de la cartera.

La comisión parlamentaria que revisa la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, comenzará una nueva etapa de análisis en medio de cuestionamientos por la falta de antecedentes solicitados al Gobierno sobre las rebajas de condenas.

El presidente de la instancia, el diputado Raúl Soto (PPD), confirmó que el secretario de Estado ya presentó su contestación al libelo acusatorio. Sin embargo, advirtió que el Ministerio de Justicia aún no entrega la totalidad de los documentos requeridos por los parlamentarios.

Según explicó el legislador, sigue pendiente el envío del listado completo y de las copias de los decretos de reducción de penas firmados durante la actual administración. La información debe incluir las decisiones adoptadas por el ministro y por los subsecretarios que actuaron como ministros subrogantes.

«Eso es necesario para el trabajo adecuado de la comisión para transparencia, cosa que hasta la fecha no ha ocurrido», señaló Soto.

Comisión exige transparencia y resguardo de las víctimas

La solicitud fue acordada durante la sesión del 17 de noviembre y formalizada mediante el Oficio N.º AC 2/2/2026, fechado el 19 de noviembre.

La comisión pidió los decretos dictados desde el 11 de marzo de 2026 que hayan concedido rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, crímenes de lesa humanidad u otros delitos, siempre que no exista una orden expresa de la Corte Suprema que disponga el beneficio.

Los antecedentes deben entregarse en un listado enumerado y público, pero anonimizado, para proteger la identidad de las víctimas y evitar la exposición de información sensible.

La documentación resulta relevante para que los integrantes de la comisión puedan contrastar las decisiones administrativas con los argumentos jurídicos planteados en la acusación constitucional.

Rabat y autoridades de Justicia fueron convocados

La comisión tiene programada una sesión para este lunes 23 de noviembre, a las 16:00 horas. Entre los convocados se encuentra el propio ministro Fernando Rabat, además del exsubsecretario de Justicia Luis Silva y el actual subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira.

También fueron invitados el exministro de Justicia Jaime Gajardo y el abogado y académico Alejandro Romero.

Soto sostuvo que la presencia de las autoridades permitirá conocer directamente las circunstancias en que se tramitaron y firmaron los decretos cuestionados.

La defensa de Rabat ya ingresó su respuesta a la acusación. En ella, el ministro descartó haber infringido la Constitución o las leyes y sostuvo que las decisiones adoptadas se ajustaron a la normativa vigente.

Los tres capítulos de la acusación constitucional

El libelo acusatorio, presentado por diputados de oposición, apunta a establecer la eventual responsabilidad política del ministro en decretos que permitieron reducir las condenas de 56 personas sentenciadas por delitos sexuales y crímenes de lesa humanidad.

La acusación se estructura en tres capítulos. El primero cuestiona las rebajas otorgadas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad y plantea posibles vulneraciones a la legislación nacional y a compromisos internacionales de protección de la infancia.

El segundo aborda los beneficios concedidos a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad y cuestiona el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.

El tercer capítulo apunta a una eventual infracción al deber de probidad, por la presunta entrega de información falsa o imprecisa al Congreso.

La comisión deberá analizar los antecedentes y elaborar un informe con una recomendación para la Cámara de Diputadas y Diputados. Será la Sala la que determine si la acusación continúa su tramitación.

Por ahora, la falta de entrega completa de los decretos mantiene una interrogante sobre el alcance de las decisiones adoptadas por el Ministerio de Justicia y constituye uno de los puntos que la comisión deberá despejar antes de emitir su informe.

El Maipo

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