El proceso judicial contra un grupo de personas involucradas en el incendio en un centro de migrantes en Ciudad de Juárez, Chihuahua, con saldo de 39 muertos, comenzó ya, confirmaron hoy autoridades.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana explicó que, aunque inicialmente se habló de ocho sospechosos, el proceso judicial para determinar la responsabilidad penal de los presuntos involucrados es por ahora a cinco personas.
Anteriormente, en conferencia de prensa en el Palacio Nacional ayer en la tarde, la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, y la fiscal en derechos humanos, Sara Irene Herrerías, quien lleva el caso, declararon que el gobierno federal detectó irregularidades por parte de la empresa de seguridad privada Camsa, SA de CV, administradora del albergue incendiado.
Señalaron que sólo tenían reportados a cuatro empleados con 10 uniformes, y el contrato con el Instituto Nacional de Migración (INM) era de 503 elementos en 23 estados de la República.
En tal sentido, indicaron que a partir de este viernes cesa en esas labores y asume las labores de vigilancia y seguridad en el inmueble el Servicio de Protección Federal, un organismo dependiente de la Secretaría.
La fiscal Herrerías aclaró que la audiencia inicial de averiguación y de imputación continúa hoy contra esos cinco, aunque hay otro más identificado como presuntos responsables del delito de homicidio en contra de 39 migrantes y lesiones causadas a 28 extranjeros que se encontraban retenidos en las instalaciones del INM.
Rodríguez aseguró que no habrá impunidad, sin importar quien sea. Hasta donde toque, nosotros no estamos más que por la sanción de estos hechos lamentables, y quienes resulten responsables, de acuerdo con las investigaciones de la FGR, deberán comparecer ante la justicia.
Respecto de las personas heridas, se dio a conocer que se trata de un migrante ya dado de alta y permanecen hospitalizados cinco salvadoreños, 10 guatemaltecos, ocho hondureños y 5 venezolanos.
En cuanto a los migrantes fallecidos se ha identificado a seis hondureños, siete salvadoreños, 18 guatemaltecos, un colombiano y siete venezolanos.
Se estableció una mesa de trabajo con personal del INM y la Secretaría de Relaciones Exteriores, con representantes de El Salvador, Honduras, Guatemala y Venezuela, para apoyar en todos los trámites que se requieran para las víctimas y sus familias.
Ya se revisó todo el expediente de la empresa de seguridad privada y se tienen identificados a los socios: David Vicente Salazar Gasca y George Mcphail Trouyet, así como a representantes y apoderados legales del Grupo de Seguridad Privada CAMSA SA de CV registrada ante la Dirección General de Seguridad Privada de La Secretaría desde septiembre de 2020.
Fuente: El Maipo/PL
