Un nuevo foco de controversia se abrió en el principal terminal portuario del país, luego de que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) cuestionara la legalidad de un cobro adicional aplicado por concepto de seguridad en las operaciones de transferencia de carga.
El organismo fiscalizador decidió presentar antecedentes ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), advirtiendo que la tarifa podría vulnerar las normas que regulan el funcionamiento del mercado. Según su análisis preliminar, el cargo no estaría suficientemente respaldado en términos de justificación económica y podría traducirse en mayores costos para importadores y exportadores que utilizan el puerto como plataforma clave para el comercio exterior.
Desde la empresa concesionaria del terminal, sin embargo, rechazaron los cuestionamientos y defendieron la aplicación del cobro. Aseguran que este responde a exigencias operativas vinculadas a protocolos de seguridad, resguardo de instalaciones y control logístico, costos que —afirman— forman parte del funcionamiento regular del recinto. Asimismo, sostienen que la medida se encuentra contemplada dentro del marco contractual de la concesión y se ajusta a la normativa vigente.
El debate de fondo radica en determinar si se trata efectivamente de un servicio adicional necesario para garantizar estándares de seguridad o si el cobro constituye una práctica que podría aprovechar la posición estratégica del puerto dentro de la cadena de abastecimiento nacional.
Ahora será el TDLC el encargado de analizar los antecedentes y definir los próximos pasos del proceso. La resolución es seguida con atención por actores del sector marítimo-portuario y del comercio exterior, dado que un eventual pronunciamiento podría sentar precedente e influir en la estructura tarifaria de otros terminales del país.
El Maipo
