El 77 por ciento de chilenos rechaza hoy la forma en que las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) están devolviendo a los usuarios el dinero cobrado de más durante años en la prestación de sus servicios.
Estas empresas privadas, que fueron creadas en el año 1981 durante la dictadura cívico militar encabezada por Augusto Pinochet (1973-1990), fue parte fundacional del modelo neoliberal destinado a aligerar las obligaciones del Estado en materia de servicios públicos.
La “industria de la salud, Isapres” establecieron un sistema de tarifas basadas en lo que denominaron factores de riesgo, las cuales resultaron discriminatorias para mujeres en edad fértil, adultos mayores o pacientes con enfermedades crónicas.
Como consecuencia, por ejemplo, una mujer joven pagaba mucho más respecto a un hombre de la misma edad debido a la posibilidad de resultar embarazada, y ponían obstáculos o se negaban a inscribir a pacientes con hipertensión, diabetes o diagnóstico de cáncer.
En 2020, sin embargo, la Superintendencia de Salud ordenó fijar tarifas únicas, independientemente de la condición del afiliado, y dos años después la Corte Suprema dictaminó la devolución de todos los cobros excesivos a los usuarios.
La deuda se calcula en mil 400 millones de dólares, que los empresarios dicen no tener y presionaron para lograr facilidades con el argumento de que un eventual quiebre masivo de Isapres impactaría negativamente en el estatal Fondo Nacional de Salud (Fonasa).
Finalmente, se les autorizaron plazos amplios para devolver el dinero, pero en el primer pago, realizado recientemente, hubo montos ínfimos, incluso menores a un dólar para grupos grandes de personas.
La encuesta semanal Plaza Pública Cadem reveló que más de tres cuartas partes de los acreedores rechazaron este sistema y exigen plazos más cortos, aunque las empresas quiebren.
Según el sondeo, 80 de cada 100 afectados se inclinan por establecer un umbral mínimo de pago mensual y 66 opinan que el Gobierno, el Congreso Nacional y la Superintendencia de Salud comparten la responsabilidad por esta situación, junto a las Isapres.
El 42 por ciento de los entrevistados mostraron su voluntad de permanecer en el sistema privado en caso del quiebre de su aseguradora, mientras el 58 se inclinan por migrar al sector público, donde también hay serias dificultades.
El Maipo/PL
