Por Barinia Montoya
El mar es «un cementerio de mariscos y jaibas«, asegura Alicia Contreras, secretaria del sindicato de pescadores de Caleta Antofagasta.
La ciudad donde se ubica esta caleta, y que lleva el mismo nombre, Antofagasta, está a más de 1300 kilómetros al norte de Santiago y es considerada la capital minera de Chile, el principal país productor de cobre del mundo.
En la costa, y al sur de la zona urbana, se divisa una geometría de acero: la manga de carga de Puerto Coloso, un brazo industrial que se extiende cientos de metros hacia el mar, diseñada para verter toneladas de concentrado de cobre en barcos mercantes internacionales.
Desde la orilla de la playa, la enorme infraestructura, que pertenece a Minera Escondida, operada por la multinacional BHP, reduce los pequeños botes de madera de los pescadores a meras motas de colores que flotan sobre un mar que, bajo su superficie, acumula químicos que hoy son el centro de una disputa judicial.
Aunque la mina se encuentra a 170 kilómetros al interior, en pleno desierto de Atacama, el concentrado de cobre viaja mezclado con agua —en forma de lodo— a través de un mineroducto hasta llegar a la costa. En la planta de filtros de Puerto Coloso, el mineral es sometido a un proceso de secado para su exportación, separando el concentrado sólido del agua industrial.
A menos de tres kilómetros hacia el norte de ese puerto, se encuentra Roca Roja. Allí, la empresa mantiene piscinas de emergencia que están diseñadas para contener excedentes de agua de proceso o residuos industriales líquidos (riles), en caso de fallas en el sistema de bombeo o mantenciones no programadas. Es decir, funcionan como una «válvula de seguridad» para evitar vertimientos. Su ubicación en la pendiente del borde costero, sin embargo, las sitúa en una posición de alta vulnerabilidad ambiental.
Fue justamente ahí donde el 25 de junio de 2025 se produjo un vertimiento hacia el mar que rompió la frágil paz entre la industria minera y los pescadores artesanales de la costa de Antofagasta. Lo que comenzó como un «rebase de agua de proceso», según declaró Minera Escondida en un comunicado que envió por correo electrónico a Mongabay Latam, se transformó en un «río de escoria» café que fluyó directamente hacia el Pacífico, según contaron los pescadores.
La emergencia activó una batalla legal que ha ido creciendo a medida que avanzan los meses. Lo que comenzó con una primera acción legal interpuesta en 2025 por un grupo de pescadores, escaló rápidamente durante el primer trimestre de 2026 con la presentación de otras cinco querellas criminales en el Juzgado de Garantía de Antofagasta.
Más de 390 pescadores artesanales y la Corporación de Desarrollo y Fomento de Orilleros, Pescadores Artesanales y Algueras de Chile (Corpach), acusan a la minera por la supuesta introducción de agentes contaminantes en el mar que causan daño a los recursos hidrobiológicos y por presuntos delitos ambientales bajo la nueva Ley de Delitos Económicos y Ambientales.
Los querellantes solicitan que la Justicia determine la supuesta responsabilidad penal de los ejecutivos de la compañía y exigen que se detenga el funcionamiento de las piscinas de emergencia en Roca Roja hasta que se garantice su seguridad técnica, además de la remediación total del ecosistema marino afectado por los metales pesados.
Los residuos industriales que llegaron al mar
Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando el silencio de Roca Roja fue roto por el colapso de una piscina de emergencia. Según el expediente judicial, se produjo un rebalse masivo de residuos industriales líquidos (riles) compuestos por una mezcla de ácido sulfúrico, plomo, arsénico y otros metales pesados. Gerardo Tapia, pescador de Caleta Antofagasta, relata que el impacto fue inmediato: «Hubo un rebalse de una piscina y se deslizó toda la escoria hasta la orilla de la playa. Todo estaba ahí”, recuerda.
El abogado Ronnie Muñoz, quien lidera dos de las querellas criminales contra Minera Escondida, sostiene que posee registros visuales de un «río de escoria» café que avanzó por la arena hasta fundirse con el oleaje. Esos videos, a los que Mongabay Latam tuvo acceso, son parte de la evidencia entregada por la parte querellante.
La noticia del derrame no llegó por canales oficiales a Caleta Antofagasta, sino a través de los mismos pescadores que a esa hora entraban o salían del mar. Giovanny Farandato recuerda que compañeros pescadores le comentaron haber visto esparciéndose el material en la penumbra de la madrugada en Roca Roja.
Mongabay Latam solicitó una entrevista con Minera Escondida|BHP para profundizar en las causas del colapso y las medidas de contención y remediación. En respuesta, la compañía declinó la entrevista y envió una declaración oficial por correo electrónico: “En junio de 2025 se produjo un rebase de agua de proceso desde una piscina de emergencia, en el sector de Roca Roja, sur de Antofagasta. Ante esta situación la compañía activó —en coordinación con la Superintendencia del Medio Ambiente, la Gobernación Marítima y la Dirección de Vialidad— un plan de contención inmediata».
La empresa agregó: «Además, se realizaron acciones que incluyeron tomas de muestras, operativos de limpieza e instalación de pretiles [barreras de contención], entre otros. Los avances y cumplimiento de estas medidas fueron reportados tanto a las autoridades correspondientes como a nuestra comunidad anfitriona de Caleta Coloso, a través de instancias formales de relacionamiento».
Con la comunidad, dice la compañía, mantiene en desarrollo un programa de «monitoreos participativos». «Nuestra compañía ha colaborado y seguirá colaborando activamente con la autoridad en todas las instancias requeridas».
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) —el organismo que se encarga de fiscalizar y regular el cumplimiento de la normativa ambiental—, confirmó a Mongabay Latam que la empresa reportó el incidente a través del Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA), aunque situó el evento el 29 de junio de 2025, cuatro días después de la fecha denunciada por los pescadores.
Tras una inspección en terreno el 1° de julio, el ente regulador concluyó en su Informe de Fiscalización Ambiental (IFA) que las acciones de limpieza y toma de muestras de la minera se ajustaron a lo establecido en su permiso ambiental (RCA).
El equipo legal de los pescadores aseguró que la Justicia ya ordenó las primeras investigaciones. De hecho, según el abogado Muñoz, la investigación judicial ha avanzado al punto de tomar declaración del representante legal de la minera, Alejandro Tapia Godoy.
Fuentes de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente (BIDEMA) de la Policía de Investigaciones (PDI) ratificaron a Mongabay Latam que actualmente se encuentran levantando evidencias en terreno.
Crece el número de querellantes
La ofensiva judicial contra Minera Escondida|BHP ha crecido en volumen y complejidad. A la primera querella iniciada por un grupo de pescadores en 2025 se sumaron otras cinco y ya son más de 390 los pescadores encabezando estas acciones legales, junto con la Corpach.
Esta fragmentación no es accidental, sino que responde a “una metodología de trabajo estratégica”, explicó a Mongabay Latam el abogado Muñoz.
Además, el caso se ampara en la nueva Ley de Delitos Económicos y Ambientales. Esta normativa, vigente desde 2023, “endurece las penas para los directivos de empresas que dañen el medioambiente, permitiendo incluso penas de cárcel efectiva y responsabilidad penal para la persona jurídica”, explica el abogado.
Para Muñoz, el caso de Roca Roja es hoy la «prueba de fuego» para la institucionalidad ambiental del país.
Alicia Contreras, secretaria del sindicato de pescadores de Caleta Antofagasta, ha dedicado su vida a esta organización que está por cumplir 100 años de historia. Mientras camina entre las redes y el bullicio de los botes, explica que su sector se siente el «patito feo» de la ciudad, invisible para los planes de inversión minera.
Elías Godoy, presidente del sindicato, refuerza esa opinión. Su voz denota la autoridad de quien conoce el fondo marino. Describe un fango espeso que ha reemplazado el ecosistema vibrante de su niñez. «Desde que se instaló la Minera Escondida ahí, realmente no existió nunca más un marisco, una jaiba. Todo lo mató», dice con una amargura que no busca lástima, sino justicia.
La ofensiva de los pescadores no ocurre en un vacío de antecedentes: en julio de 2024, el Primer Tribunal Ambiental condenó a Minera Escondida por el «daño ambiental irreparable» causado en las Vegas de Tilopozo, en el Salar de Atacama, en el norte de Chile, tras acreditar el desecamiento de ecosistemas por la extracción de agua. A casi dos años de aquel veredicto, los abogados de los pescadores sostienen que el incidente en Roca Roja demostraría una persistencia en las fallas de control ambiental de la operadora, esta vez afectando el borde costero.
La huella invisible
El debate sobre si la limpieza de la empresa fue efectiva encuentra un contrapunto. Manuel Zapata, jefe de carrera de Biología Marina de la Universidad de Antofagasta y director del Laboratorio de Biotecnología Ambiental Aplicada (BIOAL), explica que los metales pesados no desaparecen simplemente con remover la capa superficial de arena.
Zapata advierte sobre la bioacumulación —el proceso por el cual sustancias químicas se acumulan en un organismo a un ritmo más rápido de lo que pueden ser eliminadas—, lo que significa que el plomo y el arsénico vertidos en Roca Roja podrían estar ya integrados en los tejidos de las especies que los pescadores extraen.
«Cuando estos contaminantes entran al medio marino, se produce una adsorción —proceso donde los átomos de un gas o líquido se adhieren a una superficie sólida— en los sedimentos del fondo», explica el académico.
Zapata enfatiza que especies como los pulpos, locos y erizos, al ser organismos bentónicos —aquellos que viven adheridos o relacionados directamente con el fondo marino—, están en contacto permanente con estos sedimentos tóxicos. Según el experto, si se realiza una limpieza puede ser meramente cosmética si no se considera la fracción biodisponible de los metales, es decir, la porción del contaminante que realmente puede ser absorbida por los seres vivos y causar daño biológico.
La preocupación científica coincide con el relato de los pescadores de Caleta Antofagasta sobre el «fango» estéril. Zapata señala que la sinergia de contaminantes —el efecto combinado de varias sustancias que es mayor a la suma de sus partes individuales— en una zona ya estresada por puertos y desaladoras genera un escenario crítico para la biodiversidad. En las querellas se solicita que se investigue el daño a la biota —el conjunto de flora y fauna de un lugar— bajo el artículo 136 de la Ley de Pesca, que sanciona la introducción de agentes contaminantes que causen daño a los recursos hidrobiológicos.
Para Zapata, el riesgo no es solo ecológico sino de salud pública debido a la transferencia de estos metales a través de la cadena trófica —la red de quién se come a quién en el ecosistema— hasta llegar al plato del consumidor final.
“No buscamos solo una cifra económica [como compensación al daño]”, dicen los pescadores del sindicato de Caleta Antofagasta. “Buscamos que el mar de Antofagasta deje de ser un sacrificio aceptable en la cuenta de resultados de la gran minería”.
*Imagen principal: riles o residuos industriales líquidos derramados en la playa, en el sector Roca Roja. Foto: utilizada en las querella interpuestas contra Minera Escondida|BHP
El Maipo/Mongabay
