(Brasilia) Brasil acoge desde hoy y hasta el viernes la 21 edición del llamado Campamento Tierra Libre (ATL), considerada la mayor movilización indígena de América Latina, bajo el lema “La Defensa de la Constitución y la vida”.
Encabezada por la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), la albergada cumple 21 años y reúne en esta capital a representantes de cinco regiones nacionales y de otros países.
La defensa del derecho a la tierra, exigencia por nuevas circunscripciones y el fin del denominado marco temporal forman parte de las principales discusiones.
Organizadores del ATL incentivaron a las aldeas a articular en sus territorios la participación en el evento.
Los pueblos originarios protestan, principalmente, contra una ley que estableció el marco temporal para la jurisdicción de sus dominios.
Por la tesis, que el poderoso sector rural logró aprobar en el Congreso Nacional, los indígenas solo tienen derecho a la circunscripción de los terrenos que estaban en su posesión el 5 de octubre de 1988, fecha de promulgación de la Constitución Federal.
Tal legislación es considerada una afrenta al texto constitucional y las comunidades aborígenes piden que la ley sea declarada ilegal y suspendida hasta el juicio definitivo en el Supremo Tribunal Federal (STF).
La coordinadora secretaria de la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña, Marciely Tupari, explicó que la expectativa es revertir el escenario actual, creado con la mesa de conciliación establecida en el Supremo para discutir el hito transitorio.
«El movimiento indígena definió que estar en ese espacio era validar lo que (ministro del STF) Gilmar Mendes estaba proponiendo, y una de las propuestas era la minería en territorios indígenas, lo cual siempre fuimos en contra», refirió.
Insistió en no tener sentido «que estuviéramos en un espacio para debatir nuestros derechos y liberar nuestro territorio para emprendimientos. Nuestros derechos no son negociables», subrayó.
Después que el marco temporal fue considerado inconstitucional por el STF, el Congreso Nacional aprobó la ley que instituyó la tesis.
Nuevamente el caso volvió al Supremo y el relator del proceso (Mendes) abrió una mesa de conciliación para tratar el tema, solución que viene siendo rechazada por el movimiento indígena.
En esta mesa, el magistrado presentó una propuesta de legislación que abre el camino para la minería en tierras demarcadas.
Posteriormente, la propuesta fue retirada, pero volverá a ser tratada en otra conciliación abierta por Mendes.
El Maipo/PL
