(Bogotá) El Gobierno de Colombia toma hoy medidas para fortalecer la seguridad en los territorios, mejorar la respuesta ante las Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo sobre situaciones violentas y proteger la vida de los firmantes de paz.
Así lo aseguró el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien presentó una estrategia para alcanzar tales objetivos durante la sesión técnica realizada en la Corte Constitucional de seguimiento a las garantías de seguridad de los desmovilizados de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias-Ejército del Pueblo.
El funcionario afirmó que bajo esta administración se desarrollaron 25 sesiones especiales para la protección de firmantes de paz y que ahora debe mejorarse la coordinación con la Defensoría del Pueblo y hacer cambios en el funcionamiento de las instancias que atienden la crisis de seguridad en los territorios y la protección de los excombatientes.
“Proponemos reducir de 20 a tres las instancias y organizar el trabajo en ocho macroregiones priorizadas, donde ocurren más asesinatos y amenazas contra firmantes y líderes sociales. Ya avanzamos con planes piloto en el norte del Cauca y el sur de Bolívar”, aseguró.
También reconoció que la protección de los firmantes de paz depende de una presencia estatal eficaz y que es necesario fortalecer las capacidades en los territorios para garantizar seguridad y responder con inmediatez.
De acuerdo con datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, solo en el transcurso de este año al menos nueve firmantes de paz han sido asesinados y también fueron víctimas de homicidios 15 líderes sociales.
Sobre este flagelo, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, informó que en los últimos 11 meses se capturaron 131 personas y se identificaron otras 78 personas declaradas objetivos estratégicos y que, según las labores de inteligencia realizadas, son señalados como presuntos responsables de estos asesinatos.
Los detenidos están señalados de participar como autores materiales de más de cien casos de ataques contra líderes comunales, indígenas, afrodescendientes y campesinos, señaló el funcionario.
El Maipo/PL
