Por Fernanda Wenzel, Karla Mendes, Lucas Berti
Durante la presidencia de Lula, la deforestación en la Amazonía cayó a su nivel más bajo en una década, pero los expertos advierten que un triunfo del senador Flávio Bolsonaro podría restablecer políticas favorables a la agroindustria y la minería. El desmantelamiento de los controles ambientales podría tener consecuencias inmediatas.
A medida que los votantes brasileños se preparan para acudir a las urnas el 4 de octubre, defensores de los bosques y analistas ambientales siguen de cerca una elección presidencial decisiva para el rumbo ecológico del país. Según diversos especialistas, la contienda plantea una disyuntiva clara: dar continuidad a las políticas de conservación vigentes o arriesgarse a un viraje radical que revierta los recientes avances frente a la deforestación en la selva amazónica y otros biomas.
Las encuestas perfilan una contienda sumamente reñida entre el presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, quien aspira a un cuarto mandato no consecutivo, y el senador Flávio Bolsonaro, primogénito del ex mandatario de ultraderecha Jair Bolsonaro (2019-2022). Este último se encuentra en prisión e inhabilitado para ejercer cargos públicos tras ser condenado por un fallido intento de golpe de Estado. De acuerdo con los sondeos, es muy probable que ambos se enfrenten en una segunda vuelta programada para el 25 de octubre.
Bajo la gestión de Lula, la deforestación en la Amazonía se redujo a su cota más baja en una década, un logro de gran trascendencia para un país que alberga el 60 % de este bioma. Sin embargo, científicos y ambientalistas advierten sobre la fragilidad de estos progresos: temen que se desplomen si Flávio Bolsonaro retoma las políticas de su padre en favor de la agroindustria y la minería, socavando los derechos territoriales y la protección de los pueblos indígenas.
En un análisis detallado de las propuestas de gobierno, el Observatorio del Clima —coalición destacada de la sociedad civil brasileña— alertó que la agenda climática y ambiental recibe mucha menos atención de la debida. La principal excepción radica en el programa de Lula, cuyo punto crítico se concentra en el sector energético, un flanco que despierta recelo ante el reciente respaldo del mandatario a la exploración petrolera frente a la costa amazónica. “Las plataformas de los demás candidatos son todas mucho más débiles en la agenda ambiental y algunas resultan absolutamente inaceptables”, señaló Suely Araujo, coordinadora de políticas públicas de la organización, en un comunicado de prensa publicado el 10 de septiembre.
Márcio Astrini, secretario ejecutivo de la coalición, advirtió que la agenda de Flávio Bolsonaro responde a intereses conservadores que amenazan con desmantelar sistemáticamente las salvaguardas ecológicas, replicando el modelo de su padre. “Incluso bajo un gobierno que muestra cierto compromiso con combatir la deforestación, la tarea ya resulta muy difícil”, comentó Astrini a Mongabay. “Y cuando hay líderes situados en el extremo opuesto, convencidos de que la ‘motosierra’ tiene la razón y que las leyes de conservación están equivocadas, la situación se vuelve casi imposible”.
El resultado electoral en Brasil cobrará aún mayor peso frente al nuevo tablero geopolítico en América del Sur. Con la llegada de mandatarios conservadores y de ultraderecha al poder en países amazónicos vecinos —como Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador— y las presiones que afronta Venezuela por la agenda intervencionista de combustibles fósiles de Estados Unidos, los analistas prevén que un triunfo de Flávio Bolsonaro consolidaría un bloque regional enfocado en la extracción antes que en la conservación. Una “alianza conservadora” de ese tipo dejaría hasta el 95 % de la Amazonía bajo gobiernos sin compromisos ambientales firmes, acercando al bioma a un punto de no retorno irreversible.
La recuperación de las tierras
En la cuenca del río Xingu, en el norteño estado de Pará, se percibe con absoluta nitidez lo que está en juego. Dentro del Territorio Indígena Apyterewa, el pueblo parakanã recupera poco a poco las tierras que habían sido ocupadas por unos 3000 invasores foráneos. Durante la gestión de Jair Bolsonaro, Apyterewa se convirtió en la tierra indígena más deforestada de Brasil: tan solo en 2022 perdió una extensión equivalente a la superficie de París.
A partir de la investidura de Lula en 2023, fuerzas federales ejecutaron un operativo de desalojo para desarticular el asentamiento ilegal de Vila Renascer, un poblado que había crecido hasta albergar bares, iglesias y gasolineras. Dicha intervención permitió que Apyterewa descendiera al duodécimo puesto en las clasificaciones de deforestación, reduciendo la tala a apenas 7.5 kilómetros cuadrados en 2025. Hoy en día, las familias regresan a sus hogares ancestrales. “Nuestro plan es cuidar de nuestra tierra, de la selva que todavía nos queda”, aseguró a Mongabay Wenatoa Parakanã, presidente de la Asociación Tato’á, que representa a este pueblo indígena.
Aun así, la seguridad sigue pendiendo de un hilo. Desde que se redujo la presencia de las fuerzas federales a finales de 2024, se han registrado al menos nueve ataques en el territorio. En diciembre de 2025, un vaquero contratado por el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA) murió en una emboscada durante las labores para retirar ganado ilegal, mientras que varios líderes indígenas sobrevivieron a tiroteos a principios de 2026. “Los invasores siempre nos dicen que solo están esperando a que termine este gobierno para poder regresar”, afirmó Wenatoa.
Una dinámica similar se experimenta en la vecina Área de Protección Ambiental Triunfo do Xingu. En 2023, la Operación Curupira, encabezada por el gobierno estatal, instaló puestos fijos de inspección que lograron frenar drásticamente la tala: la deforestación se desplomó de 421.8 kilómetros cuadrados talados en 2021 a 48.07 kilómetros cuadrados en 2025. Pese a ello, la zona continúa siendo vulnerable.
La Estación Ecológica Terra do Meio ofrece otro ejemplo de estos esfuerzos recientes de conservación. En 2022, un camino clandestino de 42.8 kilómetros se desvió de una ruta principal hacia el interior de esta reserva para abastecer una mina de oro ilegal. Dicho trazado amenazaba con partir en dos el Corredor Socioambiental de Xingu, un área protegida de 26 millones de hectáreas.
En mayo de 2023, en respuesta a las alertas de la sociedad civil, diversas entidades federales instalaron una base de control permanente en el río Iriri y clausuraron el camino. En la actualidad, las imágenes satelitales revelan que la vegetación en regeneración se ha tragado por completo la antigua vía.
Sostener estos avances exige vigilancia permanente y financiamiento continuo. Luísa Molina, antropóloga del Instituto Socioambiental (ISA), subraya que desalojar a los ocupantes requiere un despliegue militar concentrado, pero frenar delitos como la tala selectiva implica una lucha sigilosa, similar a una “guerra de guerrillas”. “Lo que hace falta es personal suficiente y un presupuesto que el Congreso no para de recortar”, apuntó Molina.
Esta ofensiva presupuestaria forma parte de una estrategia prolongada del Congreso brasileño, dominada por los intereses del agronegocio, para desmontar las salvaguardas ambientales. Desde 2022, los legisladores han aprobado notorios retrocesos normativos, entre ellos el recorte de facultades a los ministerios de Medio Ambiente y de Pueblos Indígenas en 2023. En 2025, el Congreso dio luz verde a una profunda reforma del licenciamiento ambiental —denominada por los ambientalistas como el “proyecto de la devastación”— que faculta a proyectos estratégicos de infraestructura a eludir estudios de impacto ambiental completos si los plazos de aprobación sufren demoras.
En mayo de 2026, el poder legislativo sacó adelante un proyecto de ley diseñado para prohibir herramientas clave de monitoreo satelital empleadas por las entidades ambientales para rastrear y frenar la deforestación activa. En los comicios que se avecinan, los brasileños también renovarán los escaños del Congreso.
El impulso a la infraestructura
Pese a los resultados positivos de su agenda ambiental, el gobierno de Lula también ha impulsado proyectos de infraestructura vinculados al agronegocio que han generado roces con comunidades locales y organizaciones conservacionistas. Estas obras también buscan asegurar votos y respaldo para su reelección. En concreto, la administración ha promovido la ampliación del corredor logístico Arco Norte, que contempla carreteras, líneas ferroviarias e hidrovías.
En abril de 2026, el Gobierno federal abrió licitaciones para pavimentar tramos fundamentales de la carretera BR-319, una obra largamente anhelada por los habitantes de la zona pero que, según sus detractores, empujará a la Amazonía hacia un punto de no retorno al facilitar la apertura de ramales ilegales y acelerar la deforestación.
Para sortear las exigencias de licenciamiento ambiental que antes paralizaban el proyecto, la administración aprovechó un resquicio legal abierto por las recientes reformas legislativas. Esta disposición permite ejecutar obras en trazados preexistentes sin estudios completos de impacto ambiental, una maniobra interpretada como un esfuerzo por captar apoyos electorales en la región de cara a los comicios de octubre.
Otra iniciativa controvertida es el dragado de la hidrovía del río Madeira. Si bien estas labores permiten el tránsito de barcazas cargadas de soja durante sequías extremas, amenazan el sustento de las poblaciones ribereñas. Diversos científicos advierten que los niveles de mercurio son elevados tanto en el lecho del Madeira como en peces clave para el consumo, como la pirarara o bagre de cola roja (Phractocephalus hemioliopterus), una contaminación derivada del mercurio líquido que los mineros utilizan para amalgamar el oro y luego vierten al cauce.
Las comunidades ribereñas denuncian que jamás fueron consultadas sobre la concesión de la hidrovía y expresan profunda preocupación por la seguridad tras varios choques mortales de barcazas. Pese a los recelos que despiertan las obras de infraestructura de Lula, los pobladores temen aún más el regreso de la derecha. “Los cuatro años de la familia Bolsonaro en el poder fueron muy complicados”, señaló a Mongabay Luciomar Monteiro da Costa, de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT). “Por eso, temen que las cosas vuelvan a ser como antes”.
Diplomacia congelada
Esta inquietud también se extiende al futuro del financiamiento destinado a la conservación más allá de la gestión gubernamental directa. Durante el mandato de Lula, el Fondo Amazonía cuadruplicó su financiamiento anual hasta alcanzar los 1300 millones de reales (233 millones de dólares) en el periodo 2023-2025.
El fondo, que hoy dispone de 6700 millones de reales (1200 millones de dólares), constituye un salvavidas vital para la gestión forestal comunitaria, con apoyos a iniciativas como las quebradoras de coco de babasú -un colectivo de mujeres- en Tocantins y el manejo sostenible del pez pirarucú en el estado de Amazonas.
Las organizaciones beneficiarias tienen muy presente lo ocurrido en 2019, cuando Jair Bolsonaro congeló los recursos del fondo recién asumido en el poder. “Una suspensión acarrearía un impacto mucho más grave, pues el sistema climático está sometido a un estrés mayor”, explicó a Mongabay Rayandra Araújo, especialista en políticas climáticas del centro de estudios Talanoa.
La cautela ya empieza a notarse. De acuerdo con el portal de noticias ambientales Capital Reset, al menos cinco países donantes han decidido aplazar sus aportes a la recién creada iniciativa Tropical Forest Forever Facility (TFFF) a la espera de los resultados electorales.
Un viraje político pone en peligro el cumplimiento de las metas climáticas internacionales y el protagonismo de Brasil en la diplomacia ambiental. Los retrocesos regulatorios podrían anular los esfuerzos de trazabilidad exigidos por compradores extranjeros y poner en jaque los compromisos climáticos nacionales actualizados de Brasil —que contemplan una reducción de emisiones de hasta el 67 % para 2035—, además de la promesa de erradicar la deforestación ilegal para 2030. Ambas metas, según coinciden los especialistas, dependen directamente de la continuidad en las labores de fiscalización federal.
Más allá de perjudicar la biodiversidad y la diplomacia del país, los analistas alertan que una presidencia de Flávio Bolsonaro pondría en riesgo el acceso de la agroindustria brasileña a los mercados europeos si no se logra frenar la deforestación. El Reglamento sobre Productos Libres de Deforestación de la Unión Europea (EUDR), cuya entrada en vigor está prevista para finales de 2026, exigirá a los exportadores certificar que materias primas como la soja y el ganado vacuno no proceden de tierras deforestadas con posterioridad a 2020. Brasil se posiciona actualmente como el mayor exportador mundial de soja y carne vacuna.
*Imagen principal: durante años, el territorio del pueblo indígena parakanã fue explotado por cerca de 3000 invasores. Foto: cortesía Bruno Peres/Agência Brasil
