El ministro de Seguridad aseguró que el Ejecutivo podría revisar los 240 días de duración y la interceptación de comunicaciones, pero descartó retirar la iniciativa que ha generado críticas incluso dentro del oficialismo.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, defendió este miércoles la reforma constitucional impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast, pese a los cuestionamientos que ha generado el proyecto por las facultades que contempla para el Ejecutivo.
La propuesta busca crear un nuevo estado de excepción constitucional para enfrentar situaciones graves de seguridad pública. Entre sus elementos más discutidos están la duración de la medida y las atribuciones que tendría el Gobierno para restringir determinadas garantías.
Arrau afirmó que el Ejecutivo está dispuesto a modificar algunos de los puntos más cuestionados, pero descartó retirar la reforma del Congreso.
Arrau acepta revisar los puntos más cuestionados
Uno de los principales aspectos que el Gobierno estaría dispuesto a modificar es la duración del nuevo estado de excepción.
El proyecto contempla un período que puede alcanzar los 240 días, considerando sus posibles extensiones. Arrau aseguró que esa cifra no representa una condición inamovible para el Ejecutivo.
“Eso no es una línea roja”, sostuvo el ministro, quien incluso planteó que la duración podría acercarse a la de los actuales estados de excepción.
El secretario de Estado también reconoció que la facultad para interceptar comunicaciones puede ser revisada durante la discusión parlamentaria.
Ambos puntos han concentrado parte importante de los cuestionamientos al proyecto, debido al impacto que podrían tener sobre derechos y garantías constitucionales.
Gobierno insiste en crear un estado de excepción local
Pese a las críticas, Arrau defendió la creación de una nueva herramienta para intervenir sectores específicos donde exista presencia del crimen organizado.
El ministro sostuvo que, durante conversaciones con parlamentarios de distintos sectores, habría encontrado coincidencias sobre la necesidad de contar con un mecanismo de carácter local.
La propuesta apunta a intervenir barrios o zonas determinadas, en lugar de establecer medidas sobre territorios completos.
“Necesitamos una intervención dura e intensiva, temporal y transitoria”, afirmó Arrau.
Sin embargo, el debate no se limita a la duración de la medida. La iniciativa también contempla facultades que permitirían restringir derechos y utilizar herramientas de vigilancia, lo que ha generado reparos sobre los límites que tendría el Ejecutivo.
Reforma enfrenta críticas incluso dentro del oficialismo
La propuesta ha recibido cuestionamientos desde distintos sectores políticos. Algunas voces han planteado directamente que el Gobierno debería retirar la iniciativa y concentrarse en otros proyectos de seguridad.
Arrau, en cambio, sostuvo que el Ejecutivo puede negociar modificaciones, pero que no está disponible para abandonar la reforma.
El Gobierno ya había reducido la urgencia legislativa del proyecto con el objetivo de ampliar el período de discusión y buscar acuerdos en el Congreso.
El propio Presidente José Antonio Kast también ha señalado que la propuesta puede ser modificada durante su tramitación.
El proyecto establece una nueva figura de estado de excepción vinculada a amenazas graves para la seguridad pública. La propuesta contempla restricciones a derechos como la libertad de reunión y de locomoción, además de facultades relacionadas con las comunicaciones.
Arrau busca avanzar con la agenda de seguridad
El ministro abordó la reforma después de encabezar un operativo de control migratorio en el Mercado Tirso de Molina, en Recoleta.
En ese contexto, también defendió la agenda de seguridad del Ejecutivo y señaló que existen otras iniciativas que el Gobierno considera prioritarias.
Entre ellas mencionó las reglas de uso de la fuerza, además de proyectos relacionados con las policías y la persecución del crimen organizado.
Aunque Arrau se mostró disponible a modificar los aspectos más controvertidos de la reforma, su postura mantiene abierta la discusión sobre hasta dónde pueden llegar las facultades excepcionales del Ejecutivo en nombre de la seguridad pública.
El Maipo
