(Buenos Aires) El gremio de portuarios y marítimos afiliado a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la licitación que impulsa el gobierno del presidente Javier Milei de la vía navegable troncal de los ríos Paraná y La Plata.
Ciudadanos, pobladores de las orillas e islas de esa zona pluvial, junto a especialistas en ambiente, legislación soberana, funcionarios provinciales, legisladores y productores de provincias denunciaron irregularidades y falta de transparencia en la audiencia pública y el llamado a licitación, explicó el capitán Oscar Verón a Prensa Latina.
Verón, activista sindical del gremio de trabajadores y obreros portuarios, marítimos y de las vías navegables, añadió que la ATE, que agrupa a muchas organizaciones gremiales en las instancias y empresas estatales, insistió en la falta de transparencia en la audiencia pública y advirtió que no se presentó la evaluación de impacto ambiental.
En un comunicado, la ATE expresó su profunda preocupación también porque el proceso se desarrolló sin presentar un proyecto de obra que contemple la evaluación de impacto ambiental y sin garantizar la participación real de las comunidades afectadas.
Se trata de la administración de una de las vías que facilita la salida e ingreso de mercancías al país y la región desde el océano Atlántico. El gobierno nacional vuelve a colocar el control del principal corredor fluvial del país en manos de grandes intereses privados y extranjeros.
Así, recalcó, fortalece el modelo extractivista que prioriza el negocio del comercio agroexportador sobre la soberanía, el ambiente y las economías regionales y locales.
Además, la ATE subrayó que no hubo intervención de la autoridad nacional ambiental en la audiencia pública, a pesar de la magnitud del proyecto.
“Por eso, El sindicato motorizó el reclamo el cual estuvo acompañado por 247 personas, entre ellos intendentes, legisladores, científicos, la Defensoría del Pueblo de la Nación, entidades ambientalistas, productores, trabajadores del Paraná y el Río de la Plata, y la ciudadanía en general”, manifiesta el comunicado.
La principal preocupación –señaló Verón- radica en el daño ambiental que ya se produjo con el dragado que se está realizando hace más de 30 años para sostener la vía navegable y que produce derrumbe de costas, desaparición de playas, cortes de islas, taponamiento de riachos y arroyos, que afectan la flora y fauna autóctona ictícola y silvestre. También se ven perjudicadas la pesca artesanal, el comercio y el turismo. “La licitación, prevista por un plazo en la concesión de 30 años, profundizará el daño”.
“Tampoco se consideraron alternativas de gestión pública adecuadas, ya que desvincularon y disolvieron el Ente de Control de la Vía Navegable Troncal, organismo con participación de las provincias y competencia en el tema”, advierte el comunicado.
“El Estado está entregando la administración del río sin un debate democrático sobre qué tipo de desarrollo queremos”, remarcó ATE.
Esa central sindical remarcó: “Nuestros Ríos no son una ruta comercial, es un sistema vivo. Defenderlo, es defender la soberanía y el futuro de nuestro territorio”.
El Maipo/PL
