(Buenos Aires) La justicia argentina registró 102 delitos de odio contra personas LGBT+ durante el primer semestre de este año, cifra que representa un aumento del 70 por ciento, en comparación con igual periodo de 2024.
El alarmante incremento lo aborda el diario Página12 en una entrevista a Alba Rueda, activista de Mujeres trans Argentina, en la cual se pone de evidencia que hoy este país está siendo “arrasado en el odio y la discriminación” alentado por el discurso de odio del Ejecutivo nacional.
Grave también es –señala el periódico- que las fuerzas de seguridad se sienten habilitadas para discriminar, violentar, matar por su orientación sexual o su género.
La nota reseña una evolución histórica de este problema social que muestra una tendencia en alza. En 2023 se registraron 133 casos, en 2022 la cifra fue similar, y en 2021 se habían contabilizado 129. Los datos son del último informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+.
Si la tendencia de este año se mantiene, los delitos de odio homofóbico podrían superar los 200, una marca sin precedente.
La activista Rueda reflexionó que el sujeto de estos crímenes y el aumento tiene que ver claramente con un cambio que se está dando desde el Estado no solamente en los discursos de odio y las asociaciones a la pedofilia sobre la comunidad LGBTIQ+, sino particularmente sobre el desguace de políticas públicas y la falta de promoción de los derechos.
Explicó que en países donde existe violencia física y simbólica sobre la comunidad homosexual lleva tiempo desterrarla en términos sociales y culturales.
Rueda advirtió que este gobierno nacional “no hizo nada para cambiar estas realidades, al contrario, alienta a desarmar las leyes que nos protegen y las instituciones que nos salvaguardan como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo”.
El informe del Observatorio refleja que las violaciones a los derechos de las personas de la comunidad LGTB+ son principalmente ejercidas por el Estado.
Mientras que en el 35,3 por ciento de los casos (36), los hechos fueron cometidos por particulares, en el 64,7 por ciento restante (66), el gobierno aparece como responsable directo de estas violencias, ya sea a través del accionar de fuerzas de seguridad o de otras instituciones públicas.
El Maipo/PL
