En el séptimo aniversario del 18 de octubre de 2019, el Instituto Nacional de Derechos Humanos advirtió que persisten graves falencias en la investigación de las violaciones a los derechos humanos y en la reparación de las víctimas. De más de 12 mil denuncias por violencia institucional, solo 219 terminaron en condenas, según datos de la Fiscalía.
A siete años del estallido social, el Estado chileno mantiene una deuda en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Así lo advirtió el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que cuestionó los escasos resultados judiciales frente a las denuncias por violencia institucional registradas durante las manifestaciones de octubre de 2019 y los meses posteriores.
El director del organismo, Yerko Ljubetic, sostuvo que las obligaciones del Estado frente a las violaciones a los derechos humanos requieren respuestas concretas, tanto en el esclarecimiento de los hechos como en la atención de las personas afectadas.
“Es decir, el Estado de Chile continúa con una grave deuda y con grandes pendientes en estas materias. Todavía sigue siendo bajísima la tasa de resultados para establecer las responsabilidades y, desde el punto de vista de la reparación, hay enormes insuficiencias en hacerse cargo de las secuelas que han afectado a las víctimas de violaciones de DD.HH., particularmente en la dimensión relativa a la salud de estas personas”, señaló.
El representante del INDH agregó que, en materia de garantías de no repetición, el escenario observado tampoco muestra avances suficientes.
Más de 12 mil denuncias y solo 219 condenas
Las cifras de la Fiscalía dan cuenta de la magnitud de las denuncias presentadas por hechos ocurridos durante la crisis social. Según los antecedentes difundidos, se registraron más de 12 mil denuncias por violencia institucional, pero solo 219 terminaron en una sentencia condenatoria. Otras causas fueron archivadas, sobreseídas o quedaron sin que se perseverara en la investigación.
En total, durante el período se contabilizaron más de 35 mil delitos, cerca de 22 mil imputados conocidos y más de 20 mil víctimas. La violencia institucional cometida por agentes del Estado representó el 34,1% de los ilícitos registrados, seguida por los saqueos y delitos contra la propiedad, con un 31,7%, y los desórdenes públicos, con un 22,7%.
En el caso de las víctimas de trauma ocular, los antecedentes reportan 464 personas afectadas. De ellas, 230 sufrieron algún grado de pérdida visual y dos quedaron con ceguera total bilateral.
Las cifras vuelven a poner en discusión la capacidad del sistema judicial para establecer responsabilidades individuales y garantizar reparación a quienes sufrieron lesiones y otras vulneraciones durante las manifestaciones.
Las distintas posiciones políticas ante el aniversario
En vísperas de la conmemoración del 18 de octubre, las declaraciones políticas volvieron a reflejar diferencias sobre las causas, el desarrollo y las consecuencias del estallido social.
Desde el oficialismo, el diputado de Evópoli Tomás Kast cuestionó la violencia registrada durante las protestas y afirmó que ninguna demanda social justifica hechos violentos.
“Nos quisieron hacer creer que la violencia era necesaria para conseguir cambios sociales. Ninguna demanda social, por legítima que sea, lo justifica, porque ninguna democracia puede construirse sobre el miedo y la destrucción”, sostuvo.
El parlamentario agregó que el país debe extraer lecciones de lo ocurrido para evitar que se repita una crisis de esas características.
Desde la oposición, el diputado socialista Raúl Leiva también condenó los delitos cometidos durante las movilizaciones, pero planteó que el aniversario debe servir para evaluar la respuesta institucional a las demandas sociales que dieron origen a las protestas.
El legislador llamó a examinar si el sistema político ha respondido de manera oportuna y adecuada a los problemas estructurales que continúan presentes en la sociedad chilena.
Encuesta muestra mayor percepción negativa del estallido
El aniversario también coincide con cambios en la percepción ciudadana sobre el 18-O. Una encuesta de Pulso Ciudadano citada en el reporte mostró que el 64% considera que el estallido social fue un episodio negativo para el país, siete puntos porcentuales más que en la medición de 2024.
En paralelo, un 31% estimó que lo ocurrido fue necesario, frente al 46% registrado en la medición anterior. Quienes lo consideran innecesario aumentaron del 36% al 52%.
Para el analista político Guillermo Holzmann, el estallido representó una crisis institucional que no ha sido resuelta, pese a los dos procesos constitucionales realizados posteriormente.
Las cifras de percepción ciudadana y los cuestionamientos del INDH muestran dos dimensiones distintas del debate: la evaluación social de las protestas y la deuda que persiste en la investigación y reparación de las vulneraciones a los derechos humanos.
El Maipo
