El memorándum firmado por la ministra de Ciencia y Sam Altman contempla reuniones mensuales, cláusulas de confidencialidad y la posibilidad de futuros proyectos pagados. Aunque el Gobierno asegura que no habrá acceso a datos personales ni compromisos de compra, la exministra Aisén Etcheverry cuestionó la falta de transparencia y parlamentarios solicitaron revisar la legalidad del convenio.
La firma de un acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Ciencia y OpenAI abrió un debate sobre la transparencia, la protección de datos y la autonomía tecnológica del Estado chileno. El memorándum fue suscrito por la ministra Ximena Lincolao y el director ejecutivo de la compañía, Sam Altman, con el objetivo de explorar la incorporación de inteligencia artificial en los servicios públicos, capacitar funcionarios y apoyar emprendimientos tecnológicos.
Sin embargo, los alcances del convenio comenzaron a generar cuestionamientos desde distintos sectores políticos. Una de las críticas provino de la exministra de Ciencia Aisén Etcheverry, quien puso en duda la forma en que se comunicó el acuerdo y la falta de antecedentes disponibles para conocer sus condiciones.
En conversación con Radio 13c, la exautoridad calificó el entendimiento como una «noticia preocupante» y sostuvo que es necesario conocer con quién se establecen estas colaboraciones, cuál es su contenido y qué intercambios implican.
«No prever que va a generar al menos muchas preguntas y, por lo tanto, estar listo para presentar y mostrar el contenido, si es que efectivamente ese contenido no tiene nada de malo, es a lo menos una torpeza política», afirmó.
Etcheverry también manifestó reparos sobre los procedimientos utilizados para concretar este tipo de acuerdos, especialmente respecto de la transparencia y el cumplimiento de la normativa vigente. «Parecieran estar saltándose los protocolos que permiten que esos acuerdos sean transparentes, se hagan de acuerdo a la normativa vigente, tengan los resguardos que se requieran», agregó.
Qué establece el acuerdo entre Chile y OpenAI
El memorándum establece una iniciativa denominada «OpenAI para Chile», que busca explorar aplicaciones de inteligencia artificial en la administración pública, desarrollar capacidades tecnológicas entre funcionarios y fortalecer el ecosistema nacional de innovación.
Entre sus principales disposiciones contempla la creación de un Grupo de Trabajo Conjunto, integrado por representantes del Ministerio de Ciencia y OpenAI. Esta instancia tendría reuniones mensuales durante la etapa inicial para revisar prioridades, capacitaciones, planes de trabajo, riesgos y posibles ampliaciones de la colaboración.
El documento también menciona herramientas como ChatGPT Work, Codex y ChatGPT Edu, además de programas de formación para funcionarios en materias como verificación de resultados, protección de información sensible y supervisión humana.
Uno de los puntos que ha concentrado mayor atención es la cláusula de confidencialidad. Según los antecedentes conocidos, las comunicaciones públicas y los comunicados relacionados con el convenio deben contar con aprobación previa por escrito de ambas partes, salvo cuando la divulgación sea exigida por ley. También se establece la obligación de proteger la información no pública intercambiada durante la colaboración.
El memorándum no constituye una compra pública, no establece exclusividad ni obliga al Estado a contratar servicios de la compañía. Sin embargo, deja abierta la posibilidad de desarrollar proyectos posteriores que podrían involucrar servicios pagados. Sus costos, condiciones de contratación y medidas específicas de seguridad deberán definirse por separado.
Gobierno descarta acceso a datos personales
Frente a las inquietudes sobre el tratamiento de información estatal, el Ministerio de Ciencia aseguró que el acuerdo no entrega a OpenAI acceso a sistemas ni bases de datos del Estado, tampoco a datos personales de la ciudadanía.
La cartera sostuvo que las capacitaciones de funcionarios utilizarán datos abiertos y sintéticos, sin recurrir a información personal ni a bases confidenciales de organismos públicos.
Además, indicó que cualquier iniciativa adicional deberá evaluarse individualmente y establecer sus condiciones de seguridad, privacidad y contratación antes de implementarse.
La explicación ministerial, sin embargo, no ha cerrado el debate. Los cuestionamientos apuntan también a las condiciones que podrían establecerse en futuros proyectos, la participación de la empresa en la identificación de necesidades tecnológicas del Estado y la forma en que se resguardará la información pública.
Oposición solicita intervención de Contraloría
Las dudas sobre el convenio también llegaron al ámbito parlamentario. El diputado Jaime Araya, independiente-PPD, presentó un requerimiento ante la Contraloría General de la República para que el organismo determine si el Ministerio de Ciencia tenía las facultades necesarias para suscribir el memorándum y si el procedimiento se ajustó a la normativa.
El parlamentario también pidió aclarar si existen compromisos financieros y cuáles serán los mecanismos para proteger los datos personales.
Por su parte, la diputada Gael Yeomans (Frente Amplio) ofició a Lincolao y a la subsecretaria de Ciencia, Carolina Rossi, para solicitar una copia íntegra del documento y sus anexos, además de información sobre los compromisos asumidos por el Estado.
Entre sus interrogantes se encuentran la posibilidad de que OpenAI acceda a información pública o reservada, el eventual uso de datos para entrenar modelos y los criterios utilizados para seleccionar a la compañía.
Yeomans también cuestionó que representantes de OpenAI participen en una mesa de trabajo que podrá identificar prioridades y posibles aplicaciones tecnológicas para el Estado, antes de que existan eventuales procesos de contratación.
El diputado José Montalva (PPD), en tanto, solicitó antecedentes sobre el almacenamiento de la información, la posibilidad de cambiar de proveedor y los eventuales costos que podrían surgir en el futuro.
El debate por la soberanía tecnológica
La controversia también reabrió la discusión sobre el espacio que tendrán las alternativas tecnológicas desarrolladas en Chile y Latinoamérica. Entre ellas se encuentra Latam-GPT, modelo de inteligencia artificial impulsado durante el gobierno anterior.
El acuerdo con OpenAI se produce, además, mientras el Congreso tramita cambios en los plazos de implementación de la nueva Ley de Protección de Datos Personales, cuya entrada en vigencia fue postergada hasta octubre de 2027.
En ese escenario, las preguntas sobre la protección de información, la dependencia de proveedores tecnológicos internacionales y la capacidad del Estado para desarrollar soluciones propias adquieren especial relevancia.
Por ahora, el memorándum no autoriza la transferencia de datos personales ni compromete compras públicas, según lo informado por el Ministerio de Ciencia. Sin embargo, la definición de los futuros proyectos, sus costos y sus mecanismos de protección todavía está pendiente.
La discusión, por tanto, no se limita a la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en el Estado, sino también a las condiciones bajo las cuales se establecerán estas colaboraciones y al nivel de transparencia con que se tomarán las decisiones.



