El subsecretario general de Gobierno, Gonzalo Arenas, criticó el libelo presentado por la oposición contra el ministro de Justicia y aseguró que no reúne los argumentos para prosperar en el Congreso. La acusación apunta a las rebajas de condena concedidas a condenados por delitos sexuales contra menores y crímenes de lesa humanidad.
El Gobierno salió en defensa del ministro de Justicia, Fernando Rabat, luego de que la oposición ingresara una acusación constitucional en su contra por las rebajas de condena concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad y crímenes de lesa humanidad.
El subsecretario general de Gobierno, Gonzalo Arenas, cuestionó la presentación y calificó el documento como “liviano”, “mal preparado” e “ideológicamente sesgado”, anticipando que, a juicio del Ejecutivo, no conseguirá respaldo suficiente en el Congreso.
En entrevista con 24 Horas, el representante del Gobierno sostuvo que la oposición demoró más de dos semanas en concretar la presentación y criticó el contenido del libelo.
“Por fin la presentaron, ya llevábamos más de 15 días con esta teleserie política”, señaló Arenas, quien agregó que el texto “no configura ninguna de las causales de una acusación constitucional”.
El subsecretario también manifestó confianza en la defensa que pueda presentar el titular de Justicia. “El ministro responderá, es un jurista de peso, así que estamos convencidos de que le va a ir bien en esa acusación constitucional”, afirmó.
Los argumentos de la oposición contra Rabat
Las declaraciones del Ejecutivo se producen horas después de que diez diputados de oposición ingresaran formalmente el libelo contra el ministro, compuesto por tres capítulos y sustentado en la causal de infracción a la Constitución o las leyes.
El primer apartado cuestiona las 56 rebajas de condena concedidas entre junio y septiembre a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores, decisiones que, según los parlamentarios, contravendrían las restricciones establecidas en la Ley 21.421.
El segundo capítulo aborda los beneficios otorgados a tres condenados por crímenes de lesa humanidad, mientras que el tercero acusa al ministro de entregar información incompleta o inexacta durante sus intervenciones ante el Congreso.
Desde la oposición sostienen que las decisiones ministeriales no habrían considerado adecuadamente los derechos de las víctimas y que el cambio de criterio aplicado por el Ministerio de Justicia contravendría la normativa vigente.
La acusación deberá superar la tramitación parlamentaria
Con el ingreso del documento, la controversia pasa ahora a la Cámara de Diputadas y Diputados, donde deberá revisarse el contenido del libelo y determinarse si existen fundamentos para avanzar con la acusación.
El procedimiento contempla una revisión parlamentaria y la presentación de los argumentos de la defensa del ministro. Si la Cámara aprueba la acusación, esta pasará al Senado, que deberá resolver si corresponde declarar la culpabilidad del secretario de Estado.
Mientras la oposición busca reunir los votos para que prospere la iniciativa, el Gobierno mantiene su respaldo a Rabat y anticipa que defenderá su actuación frente a los cuestionamientos parlamentarios.
Las declaraciones de Arenas reflejan la posición del Ejecutivo frente al libelo, pero no resuelven el fondo de las acusaciones, que deberán ser examinadas durante el proceso constitucional.
El Maipo
