Las bancadas opositoras acordaron avanzar con la presentación contra el ministro de Justicia, tras una reunión con abogados y expertos constitucionalistas. El escrito abordará las rebajas de condenas a sentenciados por delitos sexuales contra menores, los beneficios concedidos a condenados por crímenes de lesa humanidad y eventuales faltas a la probidad.
La oposición avanzó en la preparación de una acusación constitucional contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, y definió los tres principales capítulos que integrarán el libelo, en medio de la controversia por las rebajas de condenas concedidas durante su gestión.
La decisión fue ratificada este jueves 5 de noviembre, luego de una reunión de más de dos horas entre presidentes de partidos opositores, jefes de bancada y abogados con experiencia en materias constitucionales y de derechos humanos.
El jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, aseguró que existe fundamento para continuar con la iniciativa y sostuvo que la oposición tiene una convicción política, ética y jurídica respecto de los cuestionamientos al secretario de Estado.
Por su parte, el presidente del PPD, Raúl Soto, confirmó que el documento contemplará tres capítulos y que su presentación se realizará durante los próximos días, aunque todavía no existe una fecha definida.
Los tres capítulos de la acusación constitucional
El primer capítulo estará centrado en las rebajas de condenas concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. La oposición cuestiona la aplicación de la normativa que establece restricciones para acceder a estos beneficios, particularmente las modificaciones legales incorporadas en 2022.
El segundo apartado abordará las reducciones de penas otorgadas a condenados por crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Este antecedente amplió los cuestionamientos al Ministerio de Justicia, debido a los beneficios concedidos a personas condenadas por delitos de extrema gravedad.
El tercer capítulo apuntará a una eventual vulneración del principio de probidad, relacionada con la información que el Ministerio de Justicia habría entregado al Congreso durante las solicitudes de antecedentes realizadas por parlamentarios.
Sobre este último punto, Raúl Soto cuestionó el comportamiento del ministro y afirmó: “Tenemos un ministro que le ha mentido al país, que le ha mentido a otro poder del Estado y que ha actuado de mala fe”.
Estas acusaciones corresponden a los argumentos que prepara la oposición y deberán ser desarrollados jurídicamente en el documento que se presente ante la Cámara de Diputadas y Diputados.
Exministro Gajardo plantea un posible cuarto capítulo
En la reunión también participó el exministro de Justicia Jaime Gajardo, quien planteó la posibilidad de incorporar un cuarto capítulo relacionado con la eventual inejecución de la ley.
El exsecretario de Estado apuntó a la normativa publicada en 2022, que estableció restricciones para que personas condenadas por violación de menores de edad accedieran a rebajas de condena.
Según su interpretación, el Ministerio habría dejado de aplicar correctamente esas disposiciones, lo que podría constituir uno de los fundamentos jurídicos de la acusación.
La incorporación de este argumento todavía debe ser evaluada por los equipos que trabajan en la redacción del libelo.
Oposición espera presentar el libelo en los próximos días
La reunión contó con la participación de dirigentes políticos y profesionales como la exdefensora de la Niñez Patricia Muñoz, además de abogados y especialistas en derecho constitucional.
Aunque inicialmente algunos parlamentarios esperaban recibir los antecedentes solicitados al Ministerio de Justicia antes de avanzar, las colectividades resolvieron continuar con la preparación del documento para evitar retrasar su presentación.
La acusación constitucional todavía no tiene una fecha de ingreso confirmada. Una vez presentada, deberá iniciar su tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se resolverá si existen fundamentos para avanzar con el procedimiento.
Mientras tanto, el caso continúa generando cuestionamientos políticos y jurídicos sobre los criterios utilizados para conceder las rebajas de condenas y las responsabilidades de las autoridades que participaron en su tramitación.
El Maipo
